La oposición rechazó en bloque la represión y la violación al derecho a la protesta pacífica, ambas orquestadas desde el Gobierno. Sin embargo, ratifican que la lucha política se mantiene, incluyendo la destitución de los magistrados del TSJ que perpetraron el golpe contra la AN.

El dirigente de Copei denuncia que el presidente de la organización política sea presentado ante un tribunal militar y no civil, cuestionando además la acusación de traición a la patria.

El retroceso del Gobierno en su intento de disolver la Asamblea Nacional (AN) por vía judicial, lejos de callar la crítica mundial, ha sido la oportunidad para que esta exija el levantamiento del desacato que el TSJ mantiene sobre el Parlamento. A este coro se sumó la Organización de Estados Americanos (OEA), que en su Consejo Permanente de este lunes insistió en este punto exigido por Mercosur, ONG venezolanas y la oposición: esa que hoy llama a las calles para pedir la destitución de los magistrados responsables del golpe.

El grupo liderado por el diputado César Ramírez condena la actuación de la Sala Constitucional, pese a recular en su última sentencia contra la AN y exige a la Fiscalía la investigación pertinente.

“Las medidas sustantivas que produjeron el golpe de Estado permanecen vigentes y han profundizado la crisis de derechos humanos en el país”, advierten las organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos.

El portal del TSJ publicó este sábado las sentencias 157 y 158, que suprimen la decisión anterior sobre la inmunidad de los diputados, después de que Maduro ordenara tomar las medidas necesarias para salvaguardar el orden constitucional, y la orden que contemplaba la asunción por parte del TSJ de las funciones de la asamblea mientras se mantuviera su situación de desacato.

Gold Reserve es la compañía privada que detenta el 45% de la empresa mixta Siembra Minera, que recibió luz verde para explotar oro esta semana. Además, se transfiere la propiedad u otros derechos sobre los bienes muebles o inmuebles existentes en el área delimitada en el municipio Sifontes.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro afirma que hubo un golpe de Estado a la Constitución al violarse sus artículos, en relación a las funciones de la AN y la inmunidad parlamentaria.

Países como México, Chile y Uruguay definen su posición sobre la situación de Venezuela, sumándose al llamado que exige elecciones, respeto a la AN y liberación de presos políticos en Venezuela.

Si bien los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos de América, de Guatemala, de Honduras, de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú y de Uruguay, no están de acuerdo con la expulsión de Venezuela de la OEA, consideran urgente que el Gobierno venezolano reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional y se trace un mapa electoral como salida a la crisis política y social.

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