Lunes, 07 Diciembre 2015 00:00

El chantaje laboral del Gobierno no pudo con la dignidad de los trabajadores

 
Trabajadores asistieron a votar en libertad pese a intimidación en la fábrica Trabajadores asistieron a votar en libertad pese a intimidación en la fábrica Foto Wilmer González
     
 

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No fueron pocas las amenazas, la persecución y el seguimiento a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana.

Los obligaron a hacer listas de 1x10 del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), a participar en charlas de concientización de voto que terminaban siendo una cartilla gubernamental y hasta vigilar a compañeros para garantizar la victoria perfecta.

Pero nada de esas prácticas pudo con la decisión de los trabajadores que, en los últimos cinco años, ha asistido en primera fila al cierre paulatino de lo que, otrora, era el mayor acervo cultural e industrial de Guayana: el parque industrial.

La destrucción de su capacidad operativa, el cierre de industrias, la aniquilación del poder adquisitivo, la indolencia e impunidad ante la corrupción fueron algunas de las banderas enarboladas por la dirigencia sindical para consolidar un voto opositor dentro de la fábrica.

A diferencia de otros procesos, los trabajadores denunciaron cada uno de los abusos dentro de las fábricas. Desde videos, audios, fotografías y capturas dejaron colar en redes sociales e hicieron llegar a los medios de comunicación, al tiempo que los presidentes de las empresas básicas presionaban para contener la disidencia.

El Gobierno usó, como nunca, el chantaje laboral para amedrentar a los trabajadores sobre las consecuencias de una derrota en las elecciones parlamentarias desde este 6 de diciembre.

Se violó la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, la Ley de Procesos Electorales y la Ley Anticorrupción, sin ninguna sanción del Ejecutivo, pese a las denuncias públicas de trabajadores y sindicatos.

El trabajo, como un derecho fundamental, ha sido usado por el Ejecutivo como una concesión del proyecto personalista y no un deber de Estado contemplado en pactos internacionales como el de derechos económicos, sociales y culturales, de 1966.

La victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Bolívar obligará al Gobierno a corregir las distorsiones salariales y la improductividad en las fábricas con una limitante: el difícil panorama económico de 2016.

Modificado por última vez en Lunes, 07 Diciembre 2015 07:02

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