El dirigente de La Causa R da créditos a la presión popular y la comunidad internacional por la medida de casa por cárcel para Leopoldo López. No obstante, aclara que esto no significa el cese de la protesta de calle.

Denuncian que la arbitraria privativa de libertad contra los 11 estudiantes detenidos el 15 de junio en Alta Vista se debió a la simulación de un hecho punible por parte de la GNB, pues argumentan que el haber participado en una marcha no significa un delito sino el ejercicio de un derecho constitucional.

La asociación civil Defensa de Derechos Civiles acusó a los policías por “todos los elementos y condiciones para buscar el resultado, mediante una acción delictiva, de producir la muerte de estos jóvenes”.

El movimiento estudiantil, familiares, profesores y allegados reclamaron a las afueras del Palacio de Justicia, de Puerto Ordaz, no solo por la arbitraria medida de privativa de libertad, sino el traslado a la cárcel de El Dorado, pese a haberse acordado el Destacamento 625 de la GNB como lugar de reclusión.

Abogados y sociedad civil se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para rechazar el traslado de siete privados de libertad a la cárcel de Sifontes.

Los accesos hacia la cárcel fueron bloqueados por organismos de seguridad y simpatizantes del oficialismo. No obstante, la movilización siguió su curso de manera pacífica hasta Ramo Verde, desde donde los diputados a la Asamblea Nacional celebraron una sesión para denunciar la violación de DD HH de los presos políticos.

Nuevamente el silencio se apoderó de Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios. Tras la muerte de Wilmer José Brizuela Vera, esta no ha ofrecido declaraciones sobre el incidente, y menos aún ha especificado si el crimen está siendo investigado.

El trabajador de Ferrominera Orinoco acusado de asesinato por el hecho ocurrido en el 2011 en el portón de la empresa, conversa con Correo del Caroní sobre su caso que lleva más de dos años en juicio.

Repudian no solo la detención fuera de todo procedimiento, sino la “sentencia exprés” con la que dictaron privativa de libertad al edil del municipio Heres, a quien confinaron a la cárcel de El Dorado, “la más peligrosa de Venezuela”.

Los aprehendidos fueron presentados ante la Fiscalía del Ministerio Público entre el lunes y miércoles. Entre los delitos imputados están: hurto calificado y agravado; instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la devastación y al saqueo hasta incendio.

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