Tan solo la semana pasada un incidente en el sector Nacupay, al sur del estado Bolívar, dejó una persona fallecida, un detenido y una protesta por parte de los habitantes de El Callao.

Repudian no solo la detención fuera de todo procedimiento, sino la “sentencia exprés” con la que dictaron privativa de libertad al edil del municipio Heres, a quien confinaron a la cárcel de El Dorado, “la más peligrosa de Venezuela”.

El edil de Voluntad Popular en Ciudad Bolívar fue imputado por los saqueos ocurridos en diciembre. En el caso del dirigente Irwing Roca, tribunal dictó libertad plena. La jueza que llevó el caso, Norkis Bolívar, es la misma que dictó la sentencia que anuló la recolección del 1% de firmas en el estado Bolívar, y suspendió el proceso de recaudación del 20% de manifestaciones de voluntad para la solicitud del referendo revocatorio.

Los aprehendidos fueron presentados ante la Fiscalía del Ministerio Público entre el lunes y miércoles. Entre los delitos imputados están: hurto calificado y agravado; instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la devastación y al saqueo hasta incendio.

La detención fue en el mismo punto de control donde detuvieron al jefe de la banda, se estima que este lunes se realice la audiencia de presentación de todos.

La aprehensión fue realizada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos al punto de control de La Romana, en la salida de Upata, municipio Piar.

Domingo, 11 Septiembre 2016 00:00

Un muerto y un detenido dejó rapto de taxista

Durante el forcejeo en el carro de la víctima, el arma de fuego se accionó y uno de los delincuentes recibió un tiro en la cabeza.

El grupo expresa que los privados de libertad fueron golpeados y vejados por un comité del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, proveniente de Caracas, con motivo de una supuesta requisa.

Levantaron una cruz despejada hacia el Oriente, se arrodillaron ante ella en actitud de reverencia, bebieron el agua de la tierra y luego el suelo inculto sintió el filo de la espada.

Por vía telefónica, los internos exigieron a la ministra iris Varela que la eventual requisa, pautada para el próximo lunes, se apegue al respeto de derechos humanos.

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