El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 2.163 protestas en julio de 2018, un promedio de 72 reclamos diarios, más del doble de los casos registrados durante el primer semestre de 2018, cuyo promedio diario fue de 30.

La hiperinflación sigue debilitando el poder de compra del salario de los venezolanos. Con las proyecciones recién difundidas por el FMI, los ciudadanos están inmersos en más angustia, tomando la decisión final para migrar, aun trabajando animados por las “ganas de sobrevivir”; mientras que las empresas están llamadas a tomar decisiones rápidas y a desacoplar su política salarial de la que impone, junto con el estado de necesidad, el régimen de Nicolás Maduro.

El concejal del municipio Caroní Iván Yáñez denunció este viernes que los servicios públicos de Ciudad Guayana están al borde del colapso.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 5.315 protestas durante el primer semestre de 2018, de las cuales 464 se registraron en el estado Bolívar. Los reclamos que más imperaron en todo el país fueron los laborales, seguidos de los que atañen a los servicios básicos y el derecho a la alimentación.

Familias de las zonas más vulnerables empezaron a tomar sus previsiones ante la inminente inundación en sus viviendas. El equipo de Seguridad Ciudadana y Protección Civil ha realizado los recorridos por los sectores afectados para identificar los posibles refugios. Reiteraron que hasta ahora se han registrado afectaciones menores, sin ningún caso de damnificados. La crecida del Orinoco se ubica entre 9 y 28 centímetros diarios aproximadamente.

Una madre llora desesperanzada cuando acudió al Hospital Uyapar con su hijo enfermo y no lo aceptaron por no tener ni cama ni insumos para recibirlo. El único centro pediátrico de Ciudad Guayana permanece cerrado, lo que reduce las opciones a familias de bajos recursos. Los hospitales están colapsados, las autoridades no dan respuestas y el régimen de Nicolás Maduro, deslegitimado, se lava las manos negando la crisis del sector salud o atribuyéndola a sanciones internacionales, las cuales han sido dirigidas a funcionarios en específico. En todo caso, el problema es desde mucho antes.

Este 17 de abril los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud pública de Ciudad Guayana se sumaron a la marcha nacional por el derecho a la salud, y alertaron del incremento de la mortalidad infantil y de la mortalidad por malaria, como consecuencias del colapso de todo el sistema de salud pública. Reclamaron políticas de prevención y denunciaron la escasez crítica de insumos en los hospitales, una situación que afecta a todos los estados del país, y que en Bolívar ha dejado no pocas víctimas mortales. 

“Así como están investigando a algunos trabajadores por el vandalismo de los últimos días, debería investigarse a los gerentes que salieron y dejaron la hidrológica en un estado vergonzoso” pidió la secretaria general de la organización, Noris Cordero, para establecer responsabilidades en torno de la crisis que se ha agudizado este año y, particularmente, durante la última semana. Se trata, en suma, de otro de los descalabros que forjó el chavismo y, en particular, la gestión de Rangel Gómez, descalabro en el que se empecina Justo Noguera Pietri.  

Enfermeras, trabajadores y familiares de pacientes marcharon dentro del hospital de Guaiparo reclamando mayor dotación y medicamentos, así como la reivindicación de los salarios para evitar las renuncias masivas que aquejan a ambos centros médicos desde el año pasado.

Aula Abierta Venezuela se pronunció sobre el drama que se vive en el interior del país para poder trasladarse de un lado a otro, lo cual incide en la deserción estudiantil y renuncia de profesores.

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