Viernes, 19 Mayo 2017 00:00

Jueces de Guayana usurpan funciones del MP en audiencias contra detenidos en protestas

 
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La legislación nacional es clara al señalar que es competencia del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, es decir: aquella que busca sancionar la comisión de un delito La legislación nacional es clara al señalar que es competencia del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, es decir: aquella que busca sancionar la comisión de un delito Foto Archivo

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Palabras de la fiscal general 

El pasado 25 de abril la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció que funcionarios policiales y tribunales de la República violaron el debido proceso a algunos detenidos en las manifestaciones que se realizan a nivel nacional desde hace 47 días.

Tras exponer el caso de 38 personas apresadas el 19 de abril en Nueva Esparta y revelar que el tribunal las mantuvo detenidas hasta la presentación de fiadores pese a la solicitud de libertad plena hecha Ministerio Público, Ortega enfatizó en que “uno de los derechos que no se pueden suspender, aun en estado de excepción, es el debido proceso (...) el país necesita seguridad jurídica”.

Seguridad jurídica y debido proceso que en el caso de los arrestados durante las protestas contra el presidente Nicolás Maduro en Ciudad Guayana ha sido quebrantada por los jueces Vestalia Maestracci, del Tribunal 3° de Control;  Pablo Hernández, del Tribunal 4° de Control; y Alcira Cordero, del Tribunal 5° de Control.barra ama345

 

“El sistema de enjuiciamiento penal se ajusta casi a la perfección al régimen político imperante o si se quiere, a la ideología que funda la organización política”, destaca el abogado y profesor argentino Julio Maier en su libro Derecho Procesal Penal. Fundamentos.

Declaraciones hechas a miles de kilómetros de Venezuela, y en especial del estado Bolívar, pero que encajan a la perfección con la situación que viven hoy en día los jóvenes que son detenidos en manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Casos como el de Jonathan Pérez, William Longart, Leonardo Quintero o los 74 arrestados el 19 de abril, sólo dejan en evidencia la extralimitación de los jueces penales de Ciudad Guayana como otra forma de represión contra los disidentes del régimen.

Por ejemplo, el juez del Tribunal Cuarto de Control del estado Bolívar, Pablo Hernández, resolvió imputar al joven Jonathan Pérez, aprehendido el lunes 15 de mayo en las cercanías de su residencia, a pesar que el Ministerio Público no presentó cargos en su contra.

Los delitos imputados fueron resistencia a la autoridad, obstrucción a la vía pública e instigación al orden público. Las medidas de coerción aplicadas corresponden a presentaciones al tribunal cada ocho días, cuatro fiadores que ostenten 500 unidades tributarias de ganancia y estar atento al llamado del tribunal.

Calificar delitos que no imputó el Ministerio Público (usurpar funciones), tomar decisiones ultra petitas (donde se otorgan medidas más allá de lo que se pide) e ir contra el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el control judicial, son sólo algunas de las faltas cometidas por los jueces en cuestión.

Tales faltas acarrean sanciones que van desde la destitución -según el numeral 14 del artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)- hasta prisión de dos a seis meses, tal y como lo señala el artículo 213 del Código Penal.

Sobre el caso de Nava, el abogado y coordinador del Foro Penal Venezolano (FPV) en el estado Bolívar, Ezequiel Monsalve, informó que la Fiscalía no solicitó la presentación de fiadores, pero aun así el Tribunal Quinto de Control acordó aplicar la medida.

 

La titularidad de la acción penal -aquella ejercida en nombre del Estado y que busca sancionar la comisión de un delito- recae no en un juez, sino exclusivamente en el Ministerio Público (Fiscalía). Ningún tribunal tiene la potestad de imputar. Solo la Fiscalía.barra ama650

 

Señaló que se trata de “una constante a nivel nacional, que es ilegal e inconstitucional porque el tribunal está acordando algo que no se les ha pedido, y el Ministerio Público es el titular de la acción penal y requiere las medidas de coerción en caso de que haya procedencia para las mismas”.

Precisó que la acusación contra Nava fue hecha en función de que el acta policial, a pesar que no se señala comisión del delito propiamente, indica que hubo participación de los estudiantes en confrontación con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entendiéndose con ello la participación del joven, aunque testigos reiteran que el estudiante estaba dentro de la universidad al momento de su arresto y no participaba de ninguna actividad de alteración del orden público.

Fractura del Estado de Derecho

El debido proceso está consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y se entiende como las garantías que ofrece el Estado a toda persona detenida.

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“Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley (…)”, reza parte del numeral 4 del referido artículo constitucional violentado por jueces guayaneses.

¿Por qué violentado? A continuación algunas razones:

- La titularidad de la acción penal -aquella ejercida en nombre del Estado y que busca sancionar la comisión de un delito- recae no en un juez, sino exclusivamente en el Ministerio Público; tal y como lo establece la Carta Magna en el numeral 4 del artículo 285, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en el 11, la Ley Orgánica del Ministerio Público en el numeral 6 del artículo 16 y la LOPJ en el 77. Es aquí donde se establece que la imputación corresponde solo al Ministerio Público. Jamás a los tribunales.

- La tutela y el control judicial son figuras jurídicas establecidas para garantizar los derechos fundamentales y procesales del imputado, no para perjudicarlo. La primera se consagra en el artículo 26 de la Constitución Nacional y jurisprudencias de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); la segunda, en el 264 del COPP.

- El reconocimiento y cumplimiento de la normativa jurídica por parte de los poderes públicos es el pilar para el funcionamiento del Estado de Derecho; por ende, irrespetarlas es ir contra los principios fundamentales del mismo: sujeción a la ley, limitación del poder, supremacía de la Constitución, seguridad jurídica, motivación o prohibición de arbitrariedades y responsabilidad del Estado.

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