Miércoles, 29 Marzo 2017 00:00

Retardo procesal en juicio a José Ramón López favorece irregularidades en Alcaldía de Caroní

 
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Defensa de López interpondrá este jueves un recurso de Amparo Constitucional por los 13 diferimientos de apertura a juicio Defensa de López interpondrá este jueves un recurso de Amparo Constitucional por los 13 diferimientos de apertura a juicio FOTO JHOALYS SIVERIO
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Para este miércoles estaba convocada por treceava vez la apertura a juicio oral y público del alcalde electo en Caroní, José Ramón López, cuyo retraso procesal reclamado por la defensa del burgomaestre detenido desde 2015 ha servido también para mantener las irregularidades en la Alcaldía por las disputas internas en el PSUV, incluyendo a la Cámara Municipal.

Miguel Vincenti, uno de los representantes judiciales de López, informó que el lunes consignaron ante el Juzgado Segundo un escrito en el que exhortan al juez de la causa verificar la efectividad de la expedición y recepción de boletas de notificación, en especial las de Contraloría y la Alcaldía, por ser las dos instituciones usadas como excusa para aplazar la apertura, alegando que no recibieron las notificaciones.

“El Tribunal no puede usar esta excusa porque la causa fue diferida hace dos meses, tiempo suficiente para emitir la boleta, expedirlas y hacer la recepción de las mismas”, precisó.

Con el nuevo diferimiento, cuya audiencia fue convocada ahora para el 30 de mayo, los abogados preparan una acción de Amparo Constitucional a la Corte de Apelaciones, para que sea el Tribunal Supremo el que ordene la apertura del juicio.

Acotó que en el “caso que no estén notificadas las partes, se entiende que el Estado está representado en la persona de los fiscales del Ministerio Público (...) sin que cause perjuicio de orden judicial o procesal, pueden incorporarse una vez iniciado el debate”.

¿Cuál es el sustento judicial de Tito Oviedo?

La detención de José Ramón López trajo consigo la pugna por la ocupación de su cargo, aplicando órdenes judiciales y de contraloría para revertir el mandato del alcalde cuando frenó el nombramiento de Justo Noguera como coordinador general de la Alcaldía -que luego se materializó- al reincorporarse a su cargo antes de cumplir los 90 días de permiso por motivos de salud.

La designación de Eriberto Aguilera como alcalde encargado fue gracias a una medida cautelar de un Tribunal Contencioso que impuso que este mantuviera el cargo, pese a la destitución hecha por López, a quien Contraloría quitó sus facultades con una supuesta orden de no reincorporación hasta cumplir los 90 días de falta temporal.

El hecho es que no solo el nombramiento de Aguilera estuvo lleno de denuncias de ilegalidad, sino que el 11 de octubre del año pasado la cúpula del PSUV impuso a Tito Oviedo como el actual alcalde encargado, tras una reunión en el hangar de la gobernación, para descaradamente maquillar luego con una “sesión extraordinaria” de Cámara su designación, cuando a través de las redes sociales los diputados Héctor Rodríguez, Pedro Carreño y el presidente de Alcasa, Ángel Marcano, habían hecho el anuncio esa misma noche.

Una de las interrogantes que la defensa de López hace sobre Oviedo es sobre su sustento judicial para ocupar el cargo de alcalde encargado.

Recuerda que en el caso de Eriberto Aguilera fue por vía judicial que se le dio una medida cautelar para tal fin, por cuanto al darse su renuncia, los representantes legales de la Alcaldía debieron solicitar al tribunal revocar la medida para conceder una a favor de Oviedo. “Cosa que no sucedió, el tribunal contencioso archivó el expediente por la inactividad que por espacio de un año se dio en la presente causa”, explicó Vincenti.

Al no haberse dado este procedimiento, los abogados de López afirman que hoy sería Gregoria González quien debiera suplir la ausencia del alcalde electo, al haber sido ella nombrada como coordinadora general de la Alcaldía, antes de la detención del burgomaestre.

“El Tribunal debió haber modificado la medida cautelar. Si esa persona decidió renunciar, los abogados de la alcaldía debieron solicitar la revocatoria de la medida y una nueva a favor de Oviedo. Lo que hubo fue un abandono de interés procesal que obligó al tribunal a archivar el expediente (...) al perder efecto la medida a favor de Eriberto, se vuelve al estatus anterior”.

Alcalde

La apertura del juicio fue reprogramada para el 30 de mayo / Foto cortesía

Salario suspendido

Correo del Caroní
tuvo conocimiento sobre la suspensión desde hace tres meses del salario y cesta ticket de José Ramón López, quien firmó una comunicación a Cámara Municipal para aclarar su condición y que concejales expliquen la situación, recordando que legalmente sigue siendo alcalde electo, basado en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, pues al no haber sentencia firme del tribunal, renuncia, incapacidad o muerte, no puede ser decretada la falta absoluta.

La defensa asevera que la suspensión del salario es ilegal.

“Independientemente de que se le persiga penalmente por unos hechos que, insistimos, no cometió, ello no es óbice para que la Municipalidad le suspenda el goce de sus beneficios laborales. Es una causa que pudiera llevar el Municipio ante la Inspectoría del Trabajo e iniciar el proceso de suspensión laboral del alcalde, cosa que no sucedió ni tenemos conocimiento de que exista, lo que hace írrito y unilateral esa suspensión cuando sigue ostentando el cargo de alcalde, porque no hay sentencia firme que genere la falta absoluta”.

Por otra parte, hizo mención a la medida cautelar sustitutiva de libertad que López recibió en diciembre, con arresto domiciliario en Maturín, estado Monagas, aun cuando este no sea su lugar de residencia.

“Lo correcto es que si el Tribunal consideraba que estaban dada las condiciones, lo hiciera en su residencia de acá como establece el Código Orgánico Procesal Penal. Ninguna persona puede ser sacado de su domicilio (...) no sabemos las razones por la cual el arresto domiciliario deba ser cumplido en otro estado. Desde el punto de vista constitucional es ilegal. Han hecho las solicitudes de revocación de la medida bajo estas condiciones, sin que hayan tenido respuesta hasta ahora. Los abogados insistirán en una medida cautelar para que su juicio transcurra en libertad, en vista del retardo procesal.

  Elecciones retardan juicio

Se presume que las aspiraciones para la alcaldía de Caroní en los distintos bloques del PSUV, sin definirse todavía una candidatura, sea el principal motivo para que no avance el caso del alcalde José Ramón López.


Su libertad implicaría no solo reincorporarse a la Alcaldía, sino aspirar a una reelección u otro cargo de elección popular, y tumbar las medidas tomadas desde su aprehensión.

La falta de un liderazgo fuerte del PSUV, tanto para la alcaldía como gobernación, después de los últimos resultados electorales, sería uno de los motivos que han retardado la definición de candidaturas. Dentro del partido se ha manejado incluso que el juicio de López o su libertad, aun con medidas cautelares, sería posterior a las elecciones.

 
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