Miércoles, 16 Marzo 2016 00:00

Juicio contra el alcalde José Ramón López inicia este viernes

 
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El juicio será oficiado por el juez Hernán Bogarían El juicio será oficiado por el juez Hernán Bogarían Foto William Urdaneta / Archivo
     
 

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Para este viernes 18 de marzo a las 2:00 de la tarde está pautada la apertura del juicio contra el alcalde de Caroní, José Ramón López, detenido desde el pasado 27 de septiembre por presuntas irregularidades en su gestión gubernamental, siendo imputado por los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario público con contratista y evasión de procesos licitatorio.

El abogado defensor Alexander Andrade estima que del proceso surjan varias prórrogas, a razón de los medios de pruebas que serán presentados durante el juicio.

El juicio estará dirigido por el juez del Tribunal 2º de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede  en Puerto Ordaz, Hernán Bogarín.

Sobre el delito de peculado doloso se le atribuye por la aprobación de la cantidad de Bs. 7.087.659, para la adquisición de dos ambulancias de terapia intensiva y un camión tecno fuego para los Bomberos Municipales. Sin embargo, según alegó la defensa en comunicado, estos no fueron adquiridos por la espera de la aprobación de divisas, aseverando que el dinero sigue depositado en las cuentas bancarias de la municipalidad.

A su vez, pesa sobre el alcalde electo las denuncias que surgieron desde 2011 con la contratación de Sisvencorp, C.A., empresa encargada de prestar servicios de software y hardware, pero que recibía un porcentaje de la recaudación de tributos municipales.

El juego político 

Más allá de los presuntos hechos de corrupción por parte de López, sigue en pie la teoría de que más que una actuación de la justicia, se trata del juego político por las pugna interna en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dada las diferencias entre el alcalde y el gobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez.

La privativa de libertad terminó de cobrar fuerza como estrategia para sacarlo del juego, cuando López se rebeló e intentó frenar una maniobra que luego se materializaría, la incorporación del general Justo Noguera Pietri, aún presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), como coordinador general de la Alcaldía de Caroní. Fue justamente dos días después de su abrupta incorporación, a pesar de contar con un permiso de ausencia de hasta por 90 días por motivos de salud, cuando sale la orden de captura.

El alcalde José Ramón López se mantiene recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Tigre, estado Anzoátegui. Por el caso, hay tres nuevos imputados: Mohamed Abboud Jaber, Hassan Hussein Abboud y Rawia Ismail De Saheli, integrantes de la Asociación Cooperativa Venesur, R.L.

En total son 18 órdenes de captura, incluidas la de los tres detenidos ya mencionados, y la de Ramón Cecilio Fuentes, propietario de Supermarket A La Vista, quien huyó la tarde del 16 de marzo rumbo a Houston, Texas (Estados Unidos).

Sobre los delitos 

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley Contra  la Corrupción (LCC), pena y sanciona el peculado doloso de la siguiente manera: “cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la presente ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean 15 apropiados o distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público”.

En cuanto a la evasión de procedimiento licitatorio, el artículo 58 de la referida ley establece: “el funcionario público que, con el objeto de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que establece la ley para efectuar determinada contratación, o alegare ilegalmente razones de emergencia, será penado con prisión de seis (6) meses a tres (3) años. Con igual pena serán sancionados los funcionarios que otorgaren las autorizaciones o aprobaciones de tales contrataciones”.

Mientras que por el delito de concierto con contratista, el artículo 70 de la LCC, precisa: “el funcionario público que, al intervenir por razón de su cargo en la celebración de algún contrato u otra operación, se concierte con los interesados o intermediarios para que se produzca determinado resultado, o utilice cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, será penado con prisión de dos (2) a cinco (5) años. Si el delito tuvo por objeto obtener dinero, dádivas o ganancias indebidas que se le dieren u ofrecieren a él o a un tercero, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio dado o prometido. Con la misma pena será castigado quien se acuerde con los funcionarios, y quien diere o prometiere el dinero, ganancias o dádivas indebidas a que se refiere este artículo”.

     
 

Así transcurre el caso del hijo de Chirica

 28 de agosto de 2015: El alcalde José Ramón López solicitó a Cámara Municipal un permiso de hasta por 90 días por motivos de salud, el cual vencía el 27 de noviembre.

 31 de agosto: López es sometido a cinco intervenciones quirúrgicas por tres hernias (una umbilical y dos inguinales) y dos varicoceles.

 16 de septiembre: El alcalde suspende el permiso de salud y solicita inmediatamente un nuevo salvoconducto de hasta por 90 días, venciéndose el 15 de diciembre, dos días después de cumplirse la mitad de su período gubernamental.

 25 de septiembre: López se reincorpora a su cargo, suspendiendo el permiso de salud, luego de una protesta a las afueras del Palacio Municipal por la presunta designación del general y presidente de la CVG, Justo Noguera Pietri, como coordinador de la Alcaldía

 27 de septiembre: Tras una orden de captura en su contra, el burgomaestre se entrega ante el Sebin en Vista al Sol, San Félix.

 29 de septiembre: Luego de su audiencia de presentación, el tribunal ordenó la privativa de libertad por los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario público con contratista y evasión de proceso licitatorio. El lugar de reclusión fue el Sebin en El Tigre, estado Anzoátegui.

 9 de octubre: Eriberto Aguilera fue ratificado como alcalde encargado, tras dos semanas de silencio por parte de la Cámara Municipal.

 15 de octubre: López es trasladado hasta el Hospital Militar Dr. Manuel Siverio Castillo, en Puerto Ordaz, para chequeos médicos. Se determinó una inflamación en las heridas post-operatorios, pero igual fue llevado nuevamente hasta su sitio de reclusión.

 22 de octubre: Convocan a audiencia preliminar, que es diferida para el 17 de diciembre. Ese mismo día el presidente del Concejo Municipal, Pedro Mata, confirmó el nombramiento del general Noguera como coordinador general de la Alcaldía.

 17 de diciembre: Por segunda vez es diferida la audiencia preliminar de José Ramón López, pautada nuevamente para el 18 de enero de 2016. La Cámara Municipal ratificó a Eriberto Aguilera en la figura de alcalde encargado.

 26 de enero: Finalmente celebran la audiencia preliminar. El Tribunal Quinto de Control admitió las acusaciones de la Fiscalía del Ministerio Público (MP) y ratificó la medida de privativa de libertad y ordenó la apertura del juicio.

 
     

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