Viernes, 02 Octubre 2015 00:00

Designación de alcalde encargado en Caroní espera por decisión de cúpula del PSUV

 
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Hasta ahora no se da declarado falta absoluta del acalde José Ramón López Hasta ahora no se da declarado falta absoluta del acalde José Ramón López William Urdaneta

El caso del alcalde de Caroní, José Ramón López, da a entender que no se trata solo de la actuación de la justicia venezolana por el hecho de que es imputado de peculado doloso, concierto con contratista y evasión de proceso licitatorio, denuncias que ciertamente se han hecho en contra del hoy privado de libertad; sino de la actuación de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por pugnas con el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez.

El hecho es que el municipio enfrenta un vacío de poder ante el silencio en la Alcaldía y la Cámara Municipal, para actuar según lo establece la ley, evidenciándose irregularidades desde antes de que López fuera detenido.

Fuentes ligadas al gobierno local han mencionado de un supuesto acuerdo para que Eriberto Aguilera, como alcalde encargado, designara al general Justo Noguera Pietri, actual titular de la CVG, como coordinador general de la alcaldía. De allí, la reincorporación retadora que hizo López, rompiendo los acuerdos previos a los que habría llegado con la cúpula del PSUV.

Escenarios

Desde que el alcalde solicitó un permiso de hasta por 90 días por motivos de salud, trascendió que su ausencia obedecía a un acuerdo en el partido para su salida definitiva, negociación que había roto al conocer la "traición" que se venía gestando para un supuesto "golpe de Estado municipal".

     
 

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El 27 de septiembre, dos días después de su desafiante reincorporación, el alcalde fue detenido por presuntos hechos de corrupción durante su gestión. El 29 de septiembre el Tribunal V de Control del estado Bolívar dictó privativa de libertad contra López, quien fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, "cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”.

Este mismo artículo explica que cuando existe una falta absoluta antes de cumplirse la mitad del período de gestión (antes del 13 de diciembre de 2015 en este caso), se debe convocar a elecciones, asumiendo provisionalmente el presidente de la Cámara Municipal.

Cuando la ausencia absoluta se da posterior a los dos años de mandato, "el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para que ejerza el cargo vacante de alcalde o alcaldesa por lo que reste del período municipal".

Hasta ahora no se ha decretado falta absoluta en vista de que todavía no existe una sentencia firme por parte del tribunal, ya que estas se consideran cuando se presenta “la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato”.

Toca al Concejo Municipal pronunciarse y designar al alcalde (e), pero la realidad es que ni siquiera han sesionado. Mientras tanto, se intenta desconocer la reincorporación a su cargo que López hizo el 25 de septiembre, mediante resolución  N° 3980-2015, dejando fuera del cargo de alcalde interino a Aguilera quien, según el mismo López, también quedó fuera de la coordinación general de la alcaldía, puesto en el que deja a Gregoria González.

Basamento legal

Algunos concejales alegaron que la Cámara Municipal debía autorizar el regreso del alcalde electo, quien contaba con un permiso de hasta por 90 días, el cual vencía el 15 de diciembre.

El abogado y ex síndico procurador municipal, Luis Antonio Anaya, explicó entonces a Correo del Caroní, que "la Cámara tiene potestad para autorizar una ausencia que se va a prolongar por el lapso que establece la ley, pero nunca para decir cuándo se reincorpora o quitarle su poder", por cuánto el acto de José Ramón López tenía plena validez.

Una supuesta sentencia del Tribunal Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del estado Bolívar ratificó a Eriberto Aguilera como alcalde encargado, tras un recurso de nulidad sobre la resolución 3899-2015, de fecha 16 de septiembre de 2015, que lo limitaba en sus funciones cuando le fue concedida provisionalmente esta investidura por la ausencia temporal de José Ramón López por el permiso solicitado.

Anaya precisó que "la vía para impugnar la investidura del alcalde no es la vía del contencioso administrativo, en todo caso sería la contencioso electoral y pueden atacar los actos del alcalde, pero no su condición, solo a través de la revocatoria, pérdida de la investidura, o por la comisión de un delito".

Juego político

Por otra parte, se habla de alargar el proceso para evitar un adelanto de comicios municipales, en cuyo caso la toma posesión a quien designe el Concejo Municipal dentro de la alta directiva, quien asumiría como alcalde (e) hasta que exista una sentencia firme del tribunal, cuyo proceso podría extenderse incluso hasta que culmine el período gubernamental.

Los rumores siguen inclinándose a una designación de Noguera Pietri como coordinador general, y posteriormente como alcalde (e). La directiva del Concejo Municipal no se ha pronunciado esperando lineamientos del alto mando del PSUV, para lo cual se espera una posible reunión con el vicepresidente para la región sur, diputado Pedro Carreño, y el vicepresidente nacional del partido, Diosdado Cabello, también presidente de la Asamblea Nacional.

Este tipo de negociaciones deja en evidencia, una vez más, la falta de independencia de poderes públicos en Venezuela, que en el caso del legislativo municipal se supeditan a las órdenes de un partido político y de otra instancia de poder como la Asamblea Nacional. El ejercicio pleno de la democracia implica también el desarrollo y autonomía de sus instituciones, lo cual queda en entredicho en este conflicto de intereses partidistas.

 

 

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