Martes, 17 Febrero 2015 00:00

Cuando Alta Vista se convirtió en zona de guerra

 
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El encuentro entre manifestantes y oficialistas desató los enfrentamientos El encuentro entre manifestantes y oficialistas desató los enfrentamientos Fotos William Urdaneta / Wilmer González Archivo


Las primeras detenciones de manifestantes se registraron aquel 19F, todos asociados a la protesta que hasta entonces había sido pacífica, donde los opositores fueron acusados de detonar armas de fuego. Sin embargo, las pruebas, identificaciones y sanciones de los responsables quedaron en el limbo, aun cuando la GNB se apoderó del lugar, teniendo la oportunidad para aprehenderlos.

Una marcha por la paz terminó desatando lo que, no sin cierta razón, algunos llamaron la “batalla de Alta Vista”. Fue el 19 de febrero de 2014 cuando, tras culminar la movilización convocada por el gobernador Francisco Rangel Gómez y el alcalde José Ramón López, colectivos que participaron de la actividad del oficialismo se enfrentaron con los manifestantes que desde el 12 de febrero se mantenían en protesta pacífica en las principales avenidas del sector.

Contrario a lo que sucedió el 16F cuando, atendiendo a “órdenes superiores” para desalojar la Plaza Monumento CVG, uniformados policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arremetieron contra los manifestantes que se mantenían en vigilia como parte de su protesta contra el Gobierno, el 19F el enfrentamiento entre colectivos armados y manifestantes sirvió de excusa para una militarización en Alta Vista.

La “Marcha por la Paz” partió desde la redoma La Piña y culminó en la Plaza del Hierro, pero algunos participantes se desviaron de la ruta para encontrarse con los manifestantes que estaban en la avenida Paseo Caroní, donde iniciaron los enfrentamientos entre ambos bandos.

La GNB se dispuso en una especie de cerco para impedir que oficialistas llegaran hasta los manifestantes opositores, pero, en una mezcla confusa donde se cruzan el descuido y premeditación, otros accesos quedaron libres. Esto permitió entonces que se consumaran los actos violentos, pues ante los ataques de colectivos armados, los manifestantes respondieron a modo de defensa. Fue entonces cuando inició la “batalla de Alta Vista”.

A3Enfrentamiento2Oficialistas se desviaron de la “Marcha por la Paz”, favoreciendo los ataques entre ambos factores políticos

¿Emboscada o excusa?
Las presunciones, y en algunos casos acusaciones directas por parte de la oposición, hablaban de que tanto el gobernador como el alcalde sabían lo que sucedería, y que la llamada “Marcha por la Paz” fue una estrategia para provocar el conflicto y activar el despliegue militar y policial, a fin de que sirviera de argumento para la toma y control de Alta Vista. Por su parte, el oficialismo se escudó en denunciar el hecho como una “emboscada”.

En la avenida Las Américas, a la altura de Residencias Churún Merú, la escena era más crítica: se trataba de una especie de “tierra de nadie”, donde los ataques aparentemente provenían de ambos bandos, pero sin ser identificados. La respuesta de la GNB fue el uso de bombas lacrimógenas para dispersar los enfrentamientos y tomar las zonas residenciales, disponiendo un toque de queda en los edificios, ya que la orden era “nadie entra, nadie sale”.

Fue allí donde se registraron 11 heridos, entre ellos Ángel Castillo, trabajador de Sidor; José Gregorio Martínez, empleado del Consejo Legislativo del estado Bolívar; Jesús Gutiérrez, trabajador de Ferrominera; Víctor Sulbarán, también empleado de Sidor; Kelvin Abreu y José Lares, todos con heridas por arma de fuego. Jorge Rivera, trabajador de Venalum y Samuel Brito resultaron heridos con contusiones por objetos contundentes.

A3Heridos2Al menos 11 heridos se registraron durante el enfrentamiento

¿Y los responsables?
Las detonaciones provinieron de Residencias Churún Merú y Los Raudales, presuntamente por parte de opositores que, a la fecha, no han sido identificados. Médicos del Hospital Uyapar prestaron colaboración para atender in situ a varios de los lesionados.

Llama la atención que ante la eficiente diligencia de los organismos de seguridad del Estado para replegar una protesta que hasta entonces se había tornado pacífica, a la fecha no hay responsables por las detonaciones por armas de fuego que se dieron desde las residencias, aun cuando el gobernador del estado Bolívar aseguró que todo fue parte de una emboscada a los trabajadores, organizada por opositores.

La coordinadora del Foro Penal Venezolano en el estado Bolívar, Luz María Álvarez, afirma que “ha habido un limbo”, ya que no hay investigaciones ni detenidos por los heridos de bala, ni contra los funcionarios que violaron derechos humanos.

Lo cierto es que pese a que el sector oficial aseguró que quienes dispararon desde las residencias eran simpatizantes de la oposición, y habiendo estado sitiado los edificios por la GNB, no hubo ningún imputado por el hecho. No obstante, fue ese 19F cuando se registraron las primeras detenciones de manifestantes, 16 en total.

Los detenidos fueron Jhoan Jiménez (23); Alside Ledezma (21); Abraham Rivera (26); Keverlyng Salas Arias (22); Irica Fuentes (19); Gabriel Rivera (26); Ivmar Rizzo Ricardo (20); Tibisay Arias (47); Ivonne Gutiérrez (20); Ricardo Pérez (21); Israel Rivera (22); Carlos Daniel Guerra (30); Pablo Sebastián Pérez (40); y tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, respectivamente, todos con libertad condicional actualmente.

“En un sistema democrático existen garantías constitucionales, si aquí (Venezuela) las hubiera, todas esas personas estuvieran en libertad plena”, afirma Álvarez, alegando que todos los expedientes de los aprehendidos no cuentan con una cadena de prueba.

A partir de ese 19F la GNB tomó el control de la Plaza Monumento, instalando una base provisional. El hilo pacífico de la protesta también se rompió, ya que pese a las marchas, pancartazos, pinta de murales y otras manifestaciones de carácter pacifista, continuaron generándose enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.
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Justicia a conveniencia

Sobre el deterioro en el sistema judicial venezolano, la coordinadora regional del Foro Penal, Luz María Álvarez, recuerda cuando la noche del 28 de abril de 2014, dirigentes sindicales de la construcción tomaron la sede del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, manteniendo secuestrados a jueces, personal administrativo, Guardia Nacional, alguaciles, vigilantes y a los cinco detenidos imputados por extorsión y asociación para delinquir.

Los tribunales cedieron ante la intimidación y liberaron a los cinco trabajadores del sector construcción, sin proceder a una sanción contra quienes protagonizaron la toma y secuestro del Palacio de Justicia formando barricadas para trancar el acceso al lugar. En este acto los organismos de seguridad del Estado no procedieron de igual forma que con las manifestaciones estudiantiles.
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