Este lunes intentaron hurtar los compresores del aire acondicionado del quirófano. Las enfermeras advirtieron que todas las condiciones están dadas para que ocurra el robo: maleza, oscuridad y un hueco en la cerca posterior del centro asistencial.

Tres de los cinco activistas de Voluntad Popular detenidos por el Sebin el pasado 5 de julio relatan vivencias de la reclusión y el periplo por los tribunales.

Los cinco estudiantes detenidos la semana pasada por el Sebin, durante una reunión para volantear, regresaron este lunes a sus casas luego de consignar en tribunales los requisitos impuestos por la jueza primero de control de Puerto Ordaz para gozar de una libertad condicional, toda vez que deben presentarse cada 15 días en el juzgado hasta que se realice la audiencia preliminar del caso. El fallo criminaliza el derecho a la reunión pacífica y la libertad de asociación de los ciudadanos.

Familiares de los dirigentes juveniles de Voluntad Popular cuestionan la medida cautelar alegando arbitrariedades durante el arresto. “Quiero a mi hijo en la calle porque no ha hecho nada. Tengo mis reservas con lo que pueda pasar el lunes. El gobierno pretende seguir arremetiendo sin ningún tipo de justificación. Mi tranquilidad parcial será el lunes, pero estaré totalmente tranquilo cuando el sistema judicial cambie de verdad”, dice el padre de Oswaldo Rodríguez.

Contrario a la opinión de los fiscales del Ministerio Público, la jueza Ninoska González a cargo del Tribunal Primero de Control del estado Bolívar impuso medidas cautelares a Oswaldo Rodríguez, Peter Pérez, Sergio Morales, Carlos Briceño y Alvin Bridgewater, detenidos arbitrariamente el pasado 5 de julio. La magistrada imputó a los cinco estudiantes el delito por detentación de artefactos incendiarios aun cuando la Fiscalía sólo había precalificado a uno de ellos.

La audiencia de presentación de los cinco jóvenes de Voluntad Popular fue pospuesta para este viernes en la mañana. La defensa manifestó que se trata de un caso complejo por estar cargado de contenido político y reiteró el carácter ilícito del procedimiento de detención.

Trabajadores despedidos y jóvenes detenidos forman parte de la estrategia del gobierno para bloquear los procesos electorales mediante la coerción y el miedo.

Mediante un comunicado, el vicerrector, Rafael Estrada, defendió a los jóvenes y recordó que su apresamiento es una violación de sus derechos constitucionales.

La parlamentaria denuncia también que la ex diputada del PSUV, Nancy Ascencio, informó antes que el Sebin la supuesta posesión de material explosivo por parte de los detenidos.

Rechazan la reclusión ilegal de los estudiantes por considerarla violatoria de los derechos políticos.

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