Opinión
Héctor Lucena

Héctor Lucena

La campaña electoral como factor de distracción, vacaciones decembrinas y cierres temporales de empresas perfilan un cierre de año e inicio del próximo con baja productividad.

La debacle productiva, anímica y de desarticulación organizacional fueron solo algunos de los resultados de ese proyecto de gobierno llamado control obrero. Hoy, casi como una paradoja, ese mismo nombre sirve para ilustrar los mecanismos de presión política que el Estado ejerce ante la escasez de votos para el 6D.

La erosión del poder adquisitivo, la merma productiva nacional, y por ende, el desempleo, se traduce en una contracción de la calidad de vida del venezolano, especialmente para aquel que aún busca ganarse la vida a través de su trabajo.

Un incremento salarial sin el entendimiento de la realidad laboral venezolana, sin consulta con empresarios y trabajadores, y con medidas económicas que promueven la inflación en lugar de frenarla, termina siendo una ilusión de bienestar que se desvanece en cuestión de días.

La diferenciación salarial entre trabajadores de una misma organización es una forma de atribuir justicia a cada renglón por los requerimientos necesario para el desempeño de sus funciones. Ampliarlos demasiado sería discriminatorio, pero reducirlos es una forma de desestimular el trabajo, la preparación y el esfuerzo del trabajador.

El desarrollo y fortalecimiento de los sindicatos no pasa solo por la voluntad y la conquista de espacios dentro de la estructura sindical. También es necesaria la formación académica para cohesionar capacidad, toma de decisiones y acción.

La crisis de productividad en Venezuela ha devenido en una merma progresiva hasta llegar en algunos casos al paro generalizado del parque. Ya no son las protestas las que marcan el ritmo de la producción, sino la precariedad o no de cada fábrica, especialmente las del sector público.

En el país no se está invirtiendo en capacidad productiva para renovar el parque industrial. Los esfuerzos de mantenimiento se resienten por la misma dificultad de acceso a divisas.

Las diferencias entre los modelos económicos generan repercusiones en la vida de las fronteras, de ellas hay dos que implican grandes contingentes de personas que su cotidianidad incluye pasar de un lado al otro, por razones económicas y sociales, se trata la de los estados Táchira y Zulia por Venezuela, y Norte de Santander y Guajira por Colombia. 

Atado a las consecuencias económicas, el cierre parcial de la frontera colombo-venezolana también tiene implicaciones laborales tanto para trabajadores como para empresarios que dinamizan la economía a ambos lados de los límites territoriales.



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