Opinión

Se ha repetido hasta el cansancio que la convocatoria de elección presidencial por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente constituye uno de los fraudes más dañinos a la democracia. El tema no debe fenecer, sin embargo, y por eso un grupo de profesores de Derecho Público y de organizaciones insisten en un comunicado, divulgado por Acceso a la Justicia, la necesidad de que la sociedad venezolana se una en la petición de un proceso con cuatro elementos: ajustado al tiempo, con un CNE independiente, sin ventajismo y con el compromiso de respeto a los resultados. Son voces que hacen sensatez en medio del vendaval.

El Bloque Constitucional de Venezuela, integrado por juristas de amplia trayectoria, insiste en la necesidad de que los partidos avancen hacia la consolidación de unas elecciones transparentes y no viciadas por los caprichos de la dictadura y de su servil ANC.

Las zonas estarán bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Minería y la Empresa Nacional Aurífera, que recibieron el derecho a desarrollar las actividades primarias a través de un decreto presidencial.

“¿Dónde están los reales de nuestra pensión?”, preguntaban los pensionados y jubilados quienes trancaron la avenida Guayana, a la altura de la Torre Bell, en Puerto Ordaz, para reclamar a la gerencia de la oficina bancaria, ubicada en ese edificio, por la falta de liquidez que, según resolución de Sudeban, debe priorizarse para ellos.

La crisis social y económica arropa todo el territorio nacional. Mientras el Gobierno profundiza su tiranía, el mundo la condena y la dirigencia opositora se debate sobre sí misma, los venezolanos siguen padeciendo. Las sanciones europeas al selecto grupo chavista dieron en el blanco. El régimen pateó la mesa de negociación, ahora ante la mirada internacional como testigo. Al chavismo no le quedó otra que adelantar las elecciones. El gobierno se la juega. Los venezolanos también.

Solo Acción Democrática había adelantado que participaría en una validación de partidos. El CNE anunció que este proceso por el que pasaron el año pasado se repetirá el 27 y 28 de enero.

El oficialista recibe un municipio destartalado, que en los últimos dos años perdió toda facultad como ente administrador del municipio Caroní, e incluso permitió que otras instituciones se encargaran de sus responsabilidades, como la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Educación.

La medida de adscripción de las industrias a la Vicepresidencia de la República persigue establecer un “régimen especial para el incremento inmediato de su eficiencia”. El decreto presidencial fue reimpreso y se excluyeron a Minerven y CVG Tecmin del listado de empresas traspasadas al despacho de El Aissami.

Monseñor Helizandro Terán no anduvo con cortapisas para exigir en el Foro Guayana Sustentable la derogación del decreto del Arco Minero del Orinoco. Razones sobran: además de violar la Constitución y de generar un efecto dominó de más empobrecimiento, está el pecado ecológico: la destrucción del ambiente a cambio de dinero para aferrarse al poder político en Venezuela.

José Luis Hernández sostuvo que los pasivos laborales se acrecientan por la no homologación de los contratos desde 2010, la no aplicación del factor divisor y el incumplimiento de los ajustes salariales.



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