Opinión

Observatorio Venezolano de la Justicia (OVJ) señala que la solicitud de Luisa Ortega contra los magistrados, negada por el TSJ, forma parte del conflicto entre la Fiscalía y el Poder Judicial por el proceso constituyente.

Domingo, 11 Junio 2017 00:00

Estimado lector, sin ser abogado, ¿usted cree que el estado de derecho funciona y el ordenamiento jurídico está en manos competentes?

El coordinador del Foro Penal Venezolano en el estado Bolívar, Ezequiel Monsalve, resalta que el uso del aparataje militar contra civiles agrava la persecución política y menoscaba el derecho a la manifestación pacífica. En lo que va de 2017, la disidencia ha sido castigada con 363 personas procesadas con la justicia militar.

Son más de 250 los venezolanos que están sometidos a los juicios amañados de los tribunales militares al servicio de la dictadura. Son 250 personas sobre quienes pesa el capricho de la inconstitucionalidad por el hecho de no simpatizar con las desmesuras autoritarias del heredero de Hugo Chávez. Ante eso, ha habido reacciones: desde la Embajada de Canadá hasta la OEA, pasando por las ONG venezolanas que resisten los embates del autoritarismo, se cuela el mensaje común: el desespero lleva al régimen a perder todo atisbo de cordura y de control. Al punto de que ya ni guarda las apariencias.

El Presidente que acumula un 75% de desagrado, distribuida equitativamente en todos los estratos de la población venezolana, por sus abusos y desviaciones de poder, se lanza contra el Estado de Derecho, con un decreto teocrático en ristre, en nombre del pueblo, para convocar ilegalmente a una Constituyente.

La eterna discusión sobre los mecanismos para la salida del gobierno de Nicolás Maduro ya está zanjada: elecciones presidenciales este 2017. Esta es la respuesta institucional, desde la Asamblea Nacional y de la MUD como cabeza de la disidencia, frente a la radicalización de una dictadura que no solo ha sumido al país en la mayor crisis económica y social de su historia, sino que ha dilapidado la ya agónica institucionalidad del Estado al disolver el Parlamento, negar las elecciones y criminalizar la protesta.

Lunes, 24 Abril 2017 00:00

Rafael Marrón González explica los avances de la oposición y el pueblo de Venezuela con las movilizaciones, que aunque esperanzadores, no significan que el Gobierno esté derrotado, en cambio sí está deslegitimado por ineficiente, corrupto y dictatorial.

La diputada Mariela Magallanes informó que en la sesión de este martes también se discutirán las próximas acciones a tomar por la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

Viernes, 07 Abril 2017 00:00

La Asamblea Nacional debe aprovechar ese nuevo realineamiento de la fiscal general Luisa Ortega Díaz para invitarla a formar parte de una cruzada por el rescate de la institucionalidad y el estado de derecho, y así darle la oportunidad a esta ciudadana de respaldar sus palabras con acciones correctivas concretas.

Los grupos exponen en una carta (que reproducimos a continuación) que Tarek William Saab, luego de su defensa a la sentencia 155 de la Sala Constitucional del TSJ, la misma que despojaba a los diputados de inmunidad parlamentaria, asumió una postura a favor del poder y, en contraposición, descuidó a las víctimas de las violaciones a derechos humanos: las víctimas del hambre, de la falta de medicinas, de los programas de viviendas a la mitad. También los masacrados de la OLP, a los afectados por la impunidad y a los perseguidos por sus ideas políticas.



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