Opinión

A través de su cuenta en Twitter, el Tribunal Supremo de Justicia informó sobre el recurso de interpretación que introdujo el presidente Nicolás Maduro, más no especificó qué artículo de la Carta Magna solicita interpretar. Las especulaciones apuntan al tema de su juramentación, luego que la AN legítima desconociera el proceso electoral del pasado 20 de mayo.

Viernes, 27 Abril 2018 00:00

“Este CNE está muy lejos de ser un poder que respete y represente los intereses del pueblo venezolano, por el contrario su perversión lo ha transformado en un ente ofensivo, peligroso y amenazante”, asevera Diana Gámez en su columna de esta semana.

La ONG Acceso a la Justicia hace un análisis sobre las violaciones de una Asamblea Nacional Constituyente inconsulta y cuestionada por las irregularidades de su gestión, que pretende, además, que el ejercicio del poder provenga de ella y no del pueblo, como lo establece el artículo 5 de la Constitución Vigente.

Las academias de la Lengua, Historia, Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ciencias Económicas e Ingeniería y el Hábitat hicieron lo propio a través de un comunicado en el que no solo repudian la farsa constitucional, sino que llaman a los poderes fácticos a restituir el mandato de la Carta magna y el Estado de Derecho.

Señalan que el personal que contribuya a llevar a cabo la iniciativa inconstitucional del presidente Maduro, podría ser objeto en un futuro de las sanciones previstas en el artículo 25 de la CRBV.

128 puntos soberanos y 675 mesas están previstas para la consulta convocada por la MUD, a fin de evidenciar el rechazo mayoritario de la ciudadanía con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente.

La instancia judicial critica la “pretensión” del Ministerio Público de atacar actuaciones del Poder Electoral, y a su vez, del Poder Ejecutivo en un mismo procedimiento que conducen al conocimiento de distintas jurisdicciones y que atienden a tramitación diferente.

La ONG convoca a funcionarios del gobierno y otros voceros vinculados al proyecto bolivariano a hacer público su cuestionamiento a la actual ANC y apoyar el restablecimiento de la institucionalidad.

La ONG explica cómo las órdenes emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo contrarían el artículo 68 de la Carta Magna y el 43 de la Ley de Policía, sino que implica una amenaza latente contra la voluntad del pueblo, expresada en votos, ante posibles destituciones de alcaldes.



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