Miércoles, 22 Noviembre 2017 00:00

Observatorio de Prisiones devela que fuerzas dictatoriales actuaron con alevosía y saña en masacre de Amazonas

 
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Los parientes también fueron humillados por la fuerza pública durante y después de la masacre Los parientes también fueron humillados por la fuerza pública durante y después de la masacre Fotos cortesía

El Observatorio Venezolano de Prisiones se dedicó a conversar durante meses con los familiares de los presos asesinados por fuerzas estatales en la madrugada del 16 de agosto en el Centro de Detención Judicial de Amazonas. De ellas y de acercamientos con los mismos uniformados que actuaron nació el informe que presentó la ONG como registro de una de las violaciones humanas más atroces de la historia venezolana y un recordatorio de que el caso transita la ruta de la impunidad.

@marcosdavidv

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La primera conclusión es una cifra, ese dato que ha sonado más fuertemente: el 16 de agosto de este año, fuerzas de la dictadura madurista masacraron a 39 por ciento de los presos del Centro de Detención Judicial Preventiva de Amazonas (CDJA, en Puerto Ayacucho).

Aquella madrugada fue una agonía para los familiares. Muchos de ellos recibieron llamadas de los reos en las horas finales del 15 de agosto: estaban seguros de que los iban a matar.

En las horas que siguieron, varias familias se concentraron alrededor del centro carcelario. Escucharon los tiros y rezaron para que las balas no tocaran a sus allegados.

Pero el amanecer no trajo consigo buenas noticias. Y el resto del día confirmó lo que se temía: que hubo una masacre. Y masacre al fin, no puede quedar impune. A ello apunta el último informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP): “Ni olvido ni impunidad: masacre con premeditación y alevosía en el Centro de Detención Judicial de Amazonas”.

Allí se confirma no solo el exterminio del 39 por ciento de los presos (40, si se considera que el total era 105, según los datos de la investigación) sino que hubo premeditación y alevosía.

Los organismo que actuaron: Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios (GRIC) del Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios; y el Comando Nacional Antisecuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El informe señala además a dos responsables directos: Néstor Luis Reverol, ministro de Interior y Justicia, y Mirelys Contreras, ministra de Servicios Penitenciarios. Puestos son ellos los autores intelectuales.

Con toda la intención 

Marino Alvarado, excoordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en derechos humanos (Provea), y Humberto Prado, director del OVP, presentaron el informe. Los acompañaron parientes de los masacrados y Jhonny Reyes, obispo de Amazonas.

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Allegados de los masacrados participaron en el informe
 

“Entre los principales hallazgos destaca que los mandos militares y policiales que estuvieron al frente de la operación de toma del centro de reclusión, no agotaron los mecanismos de persuasión con la población reclusa para evitar el uso de la fuerza y las consecuencias derivadas de la toma violenta del penal. Por el contrario, los funcionarios actuantes no mostraron interés alguno en emplear mecanismos alternativos al uso de la fuerza y su actuación develó una clara intención de generar el mayor daño posible a las víctimas”, explica el OVP en el informe.

Otra irregularidad: ni la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público fueron notificados sobre el procedimiento que iba a ejecutarse desde la noche del 15 y durante la madrugada del 16 de agosto.

“Esto revela un patrón de premeditación y alevosía por parte de los agentes de la fuerza pública. No hubo ninguna voluntad de dialogar con los reclusos para que se permitiera, como mínimo, la salida de tres niños menores de cuatro años que se encontraban en el recinto, uno de ellos de seis meses, y de las diez mujeres que eran parte de la visita”, recalca. 

El eslabón ni tan perdido 

Durante la investigación, varios de los familiares de los masacrados coincidieron en un dato, además del de las llamadas previas: durante los contactos telefónicos, muchos de ellos aseguraron que se habían rendido y que, por tanto, estaban fuera de peligro pues no habría confrontación armada. Horas después. Las familias se enteraron de que estaban muertos. ¿La conclusión? Hubo una ejecución masiva.

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“Además, muchos privados de libertad fueron torturados antes de ser asesinados. Algunos reclusos fueron asesinados con más de 10 impactos de bala, muchos de ellos a la altura de la nuca y la cabeza. Buena parte de los reclusos sobrevivientes fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sumado a las golpizas que les propinaron los funcionarios militares y policiales, fueron sometidos a simulacros de ejecuciones, se les desnudó por completo y algunos de ellos fueron humillados por los funcionarios con amenazas de violación. A los reclusos sobrevivientes que pudieron observar las ejecuciones se les amenazó de muerte si informaban lo sucedido, y se les privó por más de 12 horas de agua y alimentación”, explica el documento.

Todo lo anterior es lo que convierte a esa masacre en “una de las peores registradas en las cárceles venezolanas”.

Además de lo anterior, “los agentes de la fuerza pública sometieron a los familiares de los reclusos a tormentos psicológicos al negarles información de lo sucedido de manera oportuna, y al tener que escuchar los disparos y explosiones que se realizaban contra el centro de detención, en medio de burlas, amenazas y agresiones por parte de funcionarios policiales y militares. Algunos familiares fueron agredidos físicamente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y cuatro de ellos fueron detenidos por reclamar a las autoridades información sobre si sus familiares estaban vivos o muertos”.

Lo más preocupante es la ruta de impunidad que ha tomado el caso: de manera formal, el Ministerio Público, la legítima Asamblea Nacional y la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente prometieron que investigarían el caso. Hasta donde saben en el OVP, ninguno ha comenzado. Los dolientes, mientras tanto, exigen justicia antes organismos en los que priva la sordera.

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