Jueves, 01 Junio 2017 00:00

Fiscal general repudia aniquilación de la democracia participativa en convocatoria a Constituyente

 
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“Esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos”, aseveró Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la república, sobre sentencia 378 de la Sala Constitucional “Esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos”, aseveró Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la república, sobre sentencia 378 de la Sala Constitucional FOTO WILLIAM URDANETA / ARCHIVO

En un documento entregado ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima representante del Ministerio Público pidió una serie de aclaratorias sobre la interpretación de la democracia, la soberanía y la progresividad de derechos expresada en la sentencia 378 de esa sala.

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La fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, consignó este jueves ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un documento donde exige aclaratoria sobre el retroceso en materia de derechos humanos expresado en la sentencia 378 de esa misma sala, que refiere que no es necesario consultar al pueblo para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.

La polémica sentencia de la Sala Constitucionalpublicada este miércoles 31 de mayo como ponencia conjunta, no solo anula el concepto de democracia participativa, sino que retrotrae la progresividad de las garantías constitucionales, afirmó Ortega al solicitar, por escrito y ante las puertas del máxima instancia del Poder Judicial, argumentación sobre varios puntos expuestos en el pronunciamiento.

“De la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa y protagónica que tantas luchas sociales le costó al pueblo venezolano”, manifestó la fiscal al tiempo que inquirió si acaso había cobrado vigencia, nuevamente, el modelo de  representatividad que tanto fue criticado por el gobierno de Hugo Chávez.

En su exposición de seis minutos ante los medios de comunicación y sin posibilidad de preguntas, Ortega Díaz citó palabras del ex presidente para explicar las razones por las que aseveraba que la convocatoria para la redacción de una nueva Constitución reduce al mínimo la participación popular, al amputarse de este proceso el referendo consultivo.

"Los derechos no pueden ir hacia atrás. Se pretende vulnerar la progresividad donde la participación ciudadana ha sido reducida a su mínima expresión”, expuso en réplica a la sentencia 378. Si este proceso es invocado, subrayó, “debe tener más participación de la que se tuvo en 1999 o igual participación porque de lo contrario sería un retroceso”.

Ortega, quien desde abril ha sorprendido con una serie de pronunciamientos institucionales que desdicen a voceros del Gobierno,   pidió a los magistrados ahondar en la explicación de cómo es posible que si la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, esta se transfiere a los órganos del poder popular sin un mecanismo consultivo que lo determine como se hizo en 1999.

“Si la convocatoria del pueblo es solo de un 15 por ciento de los electores, entonces la decisión  emanada de un poder está por encima del pueblo mismo. Queremos que se aclare también la convocatoria y la iniciativa de convocatoria, porque de ser así el pueblo tiene menores posibilidades que los poderes constituidos para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Las aclaratorias, indicó, son necesarias para salvaguardar la “seguridad jurídica” de la nación y la soberanía popular, cuya argumentación en la Constitución, insistió, no fue tomada en cuenta por los magistrados al “reducir a su mínima expresión” la participación popular y vulnerar los derecho de expresión del pueblo.

Luisa Ortega Díaz fue designada como Fiscal General de la República por la Asamblea Nacional en diciembre de 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez, y fue ratificada por un nuevo período de siete años en diciembre de 2014.

Su trayectoria en el Ministerio Público carga con las actuaciones y violaciones a derechos humanos denunciadas por la oposición y organizaciones no gubernamentales, con más vehemencia, a partir de las manifestaciones de 2014 donde fueron imputados y procesados cientos de jóvenes y activistas, entre ellos, el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Desde abril de 2017, Ortega Díaz ha sido casi la única figura en funciones públicas que ha invocado mecanismos institucionales para investigar violaciones a derechos humanos, proteger a los periodistas y denunciar la ruptura del orden constitucional a partir de la anulación de uno de sus poderes constituidos como la Asamblea Nacional.

Visto 3080 veces Modificado por última vez en Viernes, 03 Noviembre 2017 10:41

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