Miércoles, 15 Febrero 2017 00:00

Juicio en Corte IDH refleja continuidad del Estado venezolano en manejo de la discriminación política

 
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Corte IDH dará sentencia luego de presentado los alegatos finales por escrito Corte IDH dará sentencia luego de presentado los alegatos finales por escrito Foto ‏@CorteIDH

La audiencia por el caso de tres de las víctimas de la lista Tascón, no solo evidencia la persecución política en Venezuela, sino que sienta un precedente para el resto de las víctimas, donde el Estado ha sido cómplice por acción u omisión en la violación de derechos humanos.

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Estado venezolano enfrenta juicio en Corte IDH por casos de discriminación política

 

Aunque todavía no existe sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre casos de discriminación política en Venezuela, el hecho de que estas denuncias hayan llegado y sean visibilizadas por las instancias internacionales, sienta un precedente sobre lo que sigue ocurriendo en Venezuela como una política de Estado continuada y perfeccionada.

En los casos se incluye el de la abogada y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, despedida en el 2004 del Consejo Nacional de Fronteras, por participar en la recolección de firmas por el revocatorio al entonces presidente Hugo Chávez.

“Que haya llegado un caso sobre discriminación política a la Corte IDH es muy importante, porque es la primera vez que se ventila este tipo de problema ante el máximo tribunal de derechos humanos. Es de trascendencia porque no estamos hablando de un caso aislado, de una situación única, estamos hablando de un caso que refleja la situación que se presentó con miles de personas, no es solo la lista Tascón que se aplicó en 2004, sino que además ha seguido a lo largo del tiempo en otros eventos”, destaca Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).

De hecho, la situación se repitió el año pasado con trabajadores de empresas públicas despedidos por participar en la recolección del 1% de firmas para proceder a la solicitud de referendo revocatorio al presidente Nicolás Maduro, evidencia de la continuidad de la discriminación y persecución política, en la que el enjuiciamiento al Estado venezolano abre una nueva puerta a otras víctimas.

Política continuada

Así como San Miguel expuso en su declaración, Bolívar expone algunos eventos que han sido muestra de que la discriminación política se ha establecido como una política de Estado.

Recuerda, por ejemplo, la orden de recoger los cuadernos electorales de las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática en 2012, por lo que la MUD decidió quemarlos para evitar que la identidad de las personas que votaron estuviera en riesgo de una nueva lista Tascón.

“No tuvo consecuencias porque se dio la quema, pero sí hubo pánico cuando las autoridades ordenan la entrega de los cuadernos electorales al CNE. Luego vino la elección presidencial Capriles-Maduro, que inmediatamente después hubo una persecución masiva; posteriormente las parlamentarias del 6 de diciembre, donde no solo hubo persecución en relación al tema de quiénes participaron y eligieron, sino que se estaba castigando al que se abstuvo. La discriminación no solo llevó a castigar el tema laboral sino social; personas que no aparecieron como votantes se les comenzó a discriminar y obstaculizar el acceso a los Mercal, todavía no existían los CLAP para ese momento”, expone Bolívar.

Incluso, hace mención a las declaraciones de Nicolás Maduro, luego de los resultados de las parlamentarias del 2015, manifestando abiertamente estar evaluando la construcción de 500 mil viviendas, no por falta de recursos sino porque te pedí tu apoyo y no me lo diste, sumándose a ello la reciente persecución contra quienes firmaron para solicitar el referendo revocatorio al actual mandatario nacional.

“Podemos afirmar que estamos frente a una política de Estado que abiertamente utiliza el elemento político como discriminación, no solo en lo laboral sino en lo social, en derechos como la salud, la vivienda y la alimentación”, agrega la directora del CDH-UCAB.

Consolidación del apartheid político

Para Rocío San Miguel, la trascendencia de que su caso haya finalmente llegado hasta la Corte IDH no se centra solo en la posibilidad de que las víctimas expongan su testimonio y exijan justicia y reparación por los daños causados, sino que también “se visibiliza ante el mundo el apartheid político que se está consolidando en Venezuela”.

“La importancia del caso es que de producirse una sentencia favorable para las víctimas, quedará establecido que en Venezuela existió y continúa existiendo discriminación política, con lo cual se constituye un estándar probado que servirá a otras víctimas para adelantar sus propias denuncias”, acota la directora de Control Ciudadano.

En su condición de declarante como una de las afectadas por los despidos de la lista Tascón, San Miguel destaca lo que significó “retratar la estigmatización y los efectos que la discriminación ha tenido en nuestras vidas, la de nuestras familias, pero también un alivio al poder contar por primera vez nuestra historia ante jueces independientes e imparciales”, a la vez que advirtió sobre el perfeccionamiento de estas acciones por parte de las instituciones del Estado.

“Por supuesto, hicimos referencia a los peligros de esta política de Estado que avanza en Venezuela, relatamos la angustia que sentimos en los métodos más sofisticados en los que está avanzando el Estado para perfeccionar la discriminación política, como el carnet de la patria, un instrumento que permitirá construir estadísticas poblacionales sobre preferencias políticas en Venezuela, algo completamente monstruoso en los términos y posibilidades de distribuir los recursos del Estado, la comida, los beneficios sociales en función de las preferencias políticas. Un caso como el nuestro puede ayudar a contribuir y visibilizar todo esto tan grave que ocurre en Venezuela”, reiteró San Miguel.

Desvío de responsabilidades

Durante la exposición de alegatos de las partes, Larry Devoe, en su condición de agente de Estado y representante internacional ante el sistema de derechos humanos, intentó desviar las responsabilidades sobre el caso de discriminación política, específicamente en el manejo de la lista de firmantes hacia la organización civil Súmate, por la recolección de firmas.

Por su parte, el perito del Estado venezolano negó los elementos de discriminación política, alegando que se trató de un cese de relación laboral de un funcionario público de libre remoción.

“Es muy difícil para un Estado que se llena la boca hablando de inclusión social, admitir públicamente, y más ante un tribunal, que ha violado derechos que tienen que ver con discriminación, en este caso discriminación política.

Han intentado desviar la responsabilidad hacia otras partes; una fórmula ha sido presentarlo como un caso laboral, lo cual no es así porque como bien lo dijo un miembro de la defensa (Héctor Faúndez), no estamos ante un caso laboral sino de discriminación política que tuvo consecuencias en el ámbito laboral (...) lo que está de fondo es la discriminación política”, ratificó la directora del CDH-UCAB.

“También intentaron desviar la responsabilidad sobre el manejo de la lista Tascón diciendo que al final quien había hecho la convocatoria de las firmas fue Súmate. Es verdad, Súmate hizo la convocatoria, pero no ordenó al CNE ni a ninguna autoridad del Estado a que persiguiera ni permitiera a los firmantes trabajar en la administración pública”, agregó Bolívar, destacando que hay elementos contundentes que permiten a la corte procesar el caso.

Las partes tendrán hasta el 15 de marzo para presentar sus alegatos finales por escrito, donde se podrán incluir anexos. De haber anexos con sentido probatorio se abriría un lapso para realizar observaciones, para proceder a la sentencia de la Corte IDH.

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