Jueves, 09 Junio 2016 00:00

Tildan como cerco a la libertad de expresión prohibición sobre videos de linchamientos

 
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Los linchamientos han sido un fenómeno en aumento en 2016 Los linchamientos han sido un fenómeno en aumento en 2016 Foto captura Crónica Uno

La orden que emanó la Sala Constitucional del TSJ afecta primeramente a La Patilla y a Caraota Digital.

     
 

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó la prohibición a los medios digitales La Patilla y Caraota Digital, la difusión de videos de linchamientos, a través de sus páginas de internet, así como en sus cuentas en redes sociales, al declararse procedente una medida cautelar, la cual se extiende a todos los medios de comunicación.

Así lo dictaminó la máxima intérprete de la Carta Magna en su sentencia N° 429/2016, publicada este miércoles, que admitió la demanda para la protección de los derechos e intereses difusos interpuesta por el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández contra los dos mencionados medios digitales.

La decisión, con ponencia de la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, indica que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una información oportuna y veraz. Partiendo de allí, los comunicadores sociales tienen el derecho de expresar periodísticamente un hecho noticioso y los usuarios y usuarias tienen el derecho de recibir una información adecuada, pero estos derechos no deben crear zozobra e incertidumbre en la población, ya que el ejercicio de la comunicación social debe contribuir con el desarrollo integral del individuo y de la sociedad.

Agrega al respecto el alto juzgado que no es plausible que se socaven las bases de la convivencia social, que se fomenten acciones contrarias al orden público y denigrantes a la condición humana, lesionando implícitamente otros derechos constitucionales como el derecho a la salud pública, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al honor y a la reputación, haciéndose imperioso la adopción de medidas necesarias para salvaguardar cautelarmente los derechos constitucionales infringidos, a favor de la sociedad.

Concluyó el TSJ que se declara procedente la medida cautelar porque la transmisión reiterada de los videos de linchamientos podrían exaltar estos hechos contrarios a la esencia misma de la convivencia social a través de las instituciones del Estado, fomentando la anomia, el irrespeto a las leyes y a los derechos humanos en el sentido de concebir como lícita la justicia por propias manos por parte de la ciudadanía, sin prever la inocencia o no de la víctima y los derechos al debido proceso, la vida, y la integridad personal y en aras de promover el equilibrio democrático, la paz, la preeminencia de los derechos humanos y el imperio de la ley.

Afectada la libertad de expresión

Carlos Correa, director de Espacio Público, en entrevista para El Nacional, opinó que la medida cautelar del TSJ que prohíbe la difusión de videos sobre linchamientos a todos los medios digitales del país es una nueva restricción de la libertad de expresión.

El director ejecutivo de Espacio Público, asociación que promueve y defiende los derechos humanos, especialmente el de la libertad de expresión, consideró en entrevista exclusiva para El Nacional Web que la argumentación de la decisión de la Sala Constitucional del TSJ no está bien fundamentada para justificar una prohibición tan genérica.

Para Correa, la forma de la cobertura periodística sobre linchamientos es un tema ético de debate que no se resuelve con una prohibición a los medios digitales, ya que los videos de estas acciones  se encuentran por diversas vías.

El argumento de la medida por parte de Sala Constitucional es que los contenidos del video “causan perturbación e intranquilidad en la sociedad, toda vez que el hecho de la noticia es importante, sin embargo, es necesario ser responsable al momento de ofrecer la nota informativa, evitando lo más posible un efecto psicológico negativo en la mayoría de la población”.

Correa indicó que siguiendo ese argumento no se podría informar sobre colas por alimentos, o la falta de medicinas por ser elementos que en muchas personas tienen en la actualidad un efecto psicológico negativo. 

Insistió que la medida se centra en la visibilidad de una situación que es ocasionada por problemas estructurales. Concluyó que la decisión con su alcance de las acciones a futuro, constituye un acto de censura previa, lo cual constituye una restricción de la libertad de expresión y por lo tanto una vulneración de los derechos humanos. (Prensa TSJ / El Nacional)

Visto 1561 veces Modificado por última vez en Miércoles, 08 Noviembre 2017 13:04

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