Jueves, 11 Febrero 2016 00:00

TSJ propicia un clima de inestabilidad política al revivir decreto de emergencia económica anulado por la AN

 
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Los magistrados han actuado como trinchera del Ejecutivo Los magistrados han actuado como trinchera del Ejecutivo

La Sala Constitucional recurre a entresijos de lapsos procedimentales para favorecer, una vez más, al Poder Ejecutivo y acrecentar el choque institucional en Venezuela, cuyo único propósito es intentar obstaculizar el cambio político trazado por los venezolanos el 6 de diciembre de 2015, cuando una incuestionable mayoría decidió poner en manos de la oposición el control de la Asamblea Nacional para contrarrestar los abusos del gobierno.

     
 

Reacciones al fallo








 
     

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió, en un fallo divulgado la noche de este jueves, revivir el decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro que fue rechazado por la mayoría de la Asamblea Nacional.

El Parlamento alegó el pasado 22 de enero que el decreto reciclaba las políticas que condujeron a la grave crisis que vive el país.

Maduro aplaudió la decisión del TSJ de darle luz verde a la emergencia económica y señaló que pronto activará una serie de medidas para actuar en consecuencia.

“Pido que se acate la decisión del TSJ y yo actuaré en consecuencia, activaré un conjunto de medidas en los próximos días, siempre en beneficio del país”, señaló en un acto en Carabobo.

“Ha hablado el TSJ, santa palabra, debe ser acatado por todos los sectores nacionales y todas las instituciones. No quiero show”, agregó.

La Sala Constitucional de TSJ declaró que la emergencia económica está en vigencia desde la publicación oficial del fallo y que su validez y legitimidad permanecen intactas.

El TSJ aceptó un recurso de interpretación sobre el decreto y declaró el estado de emergencia económica en todo el país por un lapso de 60 días, que entró en vigencia desde que se declaró su legitimidad y validez.

Origen del fallo del TSJ

La sentencia del máximo tribunal provino de un recurso de interpretación constitucional respecto de los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, presentado por miembros de distintos consejos comunales, comunas y otros movimientos sociales de organización popular.

El fallo expresó que el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico constitucional de los mismos; y precisamente respecto del proceso de consideración del Decreto N° 2.184 por parte de la Asamblea Nacional, se señaló que por notoriedad comunicacional se conoció que no fue cumplido el artículo 27, párrafo primero, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, referido al lapso de consideración en sesión especial; circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016.

La ¿justificación?

El tribunal afirmó que el canal que siguió la Asamblea Nacional en enero para rechazar el decreto fue incorrecto y que por ello dictaminó que el decreto, que permite al Gobierno tomar medidas especiales durante 60 días, está legalmente vigente.

Según los magistrados, el lapso máximo para la consideración del Poder Legislativo es de ocho (8) días, pero para que la Asamblea pueda pronunciarse con posterioridad a las 48 horas indicadas en el párrafo inicial del artículo 27, debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que además solo puede tratar ese único objeto -según el artículo 59 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional- y, de ser necesario, acordar una prórroga debidamente justificada para considerar el decreto con posterioridad al aludido lapso, pero siempre dentro de los ocho (8) días, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Concluyó de ese modo la sala, que la Asamblea Nacional no cumplió oportunamente y, en fin, dentro de los límites constitucionales y legales, con el control político del referido decreto, al igual que reiteró que se realizó el control jurisdiccional del Decreto N° 2.184 dentro del lapso contemplado en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.

     
 

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Finalmente, se ordenó la publicación íntegra del fallo en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

La Asamblea Nacional, que tiene mayoría opositora, rechazó el decreto, alegando que pretendía darle potestad al Gobierno para manejar partidas del presupuesto sin control legislativo e intervenir a discreción empresas privadas.
Además, advirtió que el decreto proponía la aplicación de límites a los retiros e ingresos bancarios, lo que la oposición calificó como un corralito bancario.

Así lo ve la MUD

Las decisiones del Poder Judicial han sido duramente cuestionadas por la Mesa de la Unidad Democrática. Con respecto a los fallos de la Sala Electoral que derivó en la desincorporación de los diputados de Amazonas la coalición política ha remarcado que “la burocracia derrotada genera inestabilidad y zozobra al tratar de bloquear la salida electoral a la crisis nacional”. Asimismo ha dicho que “con más firmeza que nunca perseveraremos en el camino del cambio pacífico y democrático”. 

A juicio del secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, “el gobierno como perdió el voto popular busca la crispación y la violencia”. 

Visto 5543 veces Modificado por última vez en Miércoles, 08 Noviembre 2017 13:32

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