jueves, 28 marzo 2024
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HRW denuncia que Brasil no da suficiente protección a niños que llegan solos desde Venezuela

La organización aseguró que algunos niños terminan viviendo en las calles, “donde quedan especialmente vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas”. Sin tutor, además, no pueden entrar a la escuela ni recibir atención médica.

Madrid.- Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que las autoridades de Brasil no están dando la protección adecuada a los niños venezolanos que llegan a su territorio en solitario huyendo de la crisis en Venezuela.

Según datos de la Defensoría Pública Federal de Brasil, cuyo personal ha ido entrevistando a los niños venezolanos llegados a territorio brasileño, del 1 de mayo al 21 de noviembre, 529 menores venezolanos no acompañados cruzaron la frontera desde Venezuela y entraron en el estado brasileño de Roraima.

Casi el 90 por ciento de los menores tienen edades comprendidas entre los trece y los 17 años y viajaban solos o con un adulto que no era ni un familiar ni su tutor legal.

“Es muy probable que la cantidad total sea mayor, ya que algunos niños y niñas posiblemente no se detengan en el puesto fronterizo donde los defensores públicos realizan las entrevistas. No existe ningún sistema para dar seguimiento y asistencia a los niños y niñas no acompañados después de la entrevista de ingreso”, advirtió HRW en un comunicado.

“La emergencia humanitaria está haciendo que niños y niñas abandonen solos Venezuela, en muchos casos para conseguir comida o recibir atención médica”, explicó el investigador sénior sobre Brasil de HRW, César Muñoz.

“Si bien las autoridades brasileñas están haciendo un enorme esfuerzo para acoger a los cientos de venezolanos que cruzan hacia Brasil a diario, no brindan a estos niños y niñas que llegan solos la protección urgente que necesitan”, alertó.

A riesgo de abusos

Human Rights Watch aseguró que algunos niños terminan viviendo en las calles, “donde quedan especialmente vulnerables a sufrir abusos o a ser reclutados por pandillas delictivas brasileñas”. “Sin un tutor legal, no pueden inscribirse en la escuela ni recibir atención médica, indicaron a Human Rights Watch defensores públicos federales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)”, explicó la ONG.

En este sentido, señaló que los servicios de protección infantil de Roraima, conocidos como consejos tutelares, anteriormente asignaban algunos niños venezolanos no acompañados a albergues estatales, en los que el director actúa como tutor, lo que les permite ir a la escuela y conseguir documentos de identidad con los que pueden acceder al sistema de salud pública.

Albergues desbordados

Sin embargo, los dos albergues públicos para menores que hay en Roraima se quedaron tan desbordados que, el 13 de septiembre, un juez dictaminó que no acojan a más niños, según ha contado HRW.

Desde la decisión del juez, los consejos tutelares en Boa Vista, la capital de Roraima, y en la ciudad fronteriza de Pacaraima han procurado obtener autorización judicial para enviar a algunos niños venezolanos no acompañados a albergues para refugiados de Naciones Unidas creados para acoger a venezolanos adultos y familias con hijos.

Estos albergues se crearon como parte de la Operación Acogida (Operação Acolhida), una iniciativa del gobierno federal brasileño, con el apoyo de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, para responder a la llegada masiva de venezolanos.

 
Unidades donde duermen venezolanos en uno de los albergues de la agencia de la ONU para refugiados en Boa Vista, estado Roraima, 20 de octubre de 2019. © 2019 Tamara Taraciuk Broner
 

HRW ha señalado que representantes de la ONU le han comunicado que estos centros “no cuentan con los servicios ni la asistencia necesarios para los niños y las niñas no acompañados”. “Un administrador de un albergue que acoge a algunos de ellos dijo en octubre que los menores no acompañados que vivían allí no asistían a la escuela porque no había ningún adulto que pudiera asumir la responsabilidad de llevarlos y traerlos”, indicó.

La ONG ha recordado el caso de Jesús Alisandro Sarmerón Pérez, un adolescente venezolano de 16 años que fue hallado estrangulado cerca de un albergue de la ONU en Boa Vista. “Su cuerpo había sido introducido en una bolsa plástica y presentaba marcas de haber sufrido torturas. Había llegado solo a Brasil en junio y, tras un breve paso por un albergue estatal, vivió en las calles de Boa Vista”, relató.

Unicef planea abrir hogares transitorios

HRW ha explicado que Unicef planea abrir dos hogares transitorios para acoger cada uno a diez niños no acompañados en diciembre, así como proporcionar fondos para su funcionamiento durante los seis primeros meses. Para que este proyecto resulte sostenible, la ONG ha recalcado que las autoridades federales y estatales brasileñas “deben asumir su coordinación luego de la primera etapa y contribuir a su financiación”.

“Unicef también quisiera ubicar temporalmente a niños y niñas no acompañados con familias venezolanas y brasileñas. Para esto, las autoridades brasileñas tendrían que crear un programa de familias de acogida en Roraima y comprometerse a asignar los fondos necesarios para que sea sostenible”, subrayó.

Tras recordar que el estado brasileño de Roraima elaboró un plan para hacer mejoras en albergues y para la apertura de dos hogares transitorios de Unicef, HRW ha hecho hincapié en que “la responsabilidad por el cuidado y la protección” de los niños venezolanos no acompañados “no debería recaer únicamente” en las autoridades de este estado brasileño “y debería abarcar otros aspectos además del alojamiento”.

“El gobierno federal de Brasil debería trabajar junto con las autoridades municipales y estatales de Roraima, así como con funcionarios del sistema de justicia a nivel federal y estatal, para establecer un sistema con fondos adecuados para la identificación, el seguimiento y la asistencia de niñas y niños venezolanos no acompañados”, ha señalado.

Por último, defendió la colaboración de organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales que trabajan en Roraima. “También deberían garantizar que estos niños y niñas tengan acceso a educación, atención médica y documentos legales”, concluyó.