Jueves, 11 Mayo 2017 00:00

Gobierno incumplió promesa de investigar casos de tortura y abuso policial en protestas desde 2014

 
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La población sufre en 2017 una nueva oleada de represión que acentúa las prácticas ya identificadas y denunciadas en 2014 La población sufre en 2017 una nueva oleada de represión que acentúa las prácticas ya identificadas y denunciadas en 2014 FOTO WILLIAM URDANETA

Cuatro ONG concluyen que la impunidad que arropó los abusos del Estado durante protestas de 2014 “alimentó los abusos que se ven hoy”.

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Cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Venezuela enviaron un informe al Comité contra la Tortura (CAT), adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre las áreas donde el Estado ha debido reportar avances significativos en materia de prevención y sanción a la tortura.

Se trata del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Civilis -Derechos Humanos, y Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), las que firman el informe.

La compilación es enviada al transcurrir 18 meses desde que el CAT analizara los informes periódicos terceros y cuarto, combinados, de Venezuela. Se centra en dos áreas en las cuales el Estado Venezolano se comprometió a mostrar avances e informar en un plazo de 12 meses:

(a) llevar a cabo investigaciones sobre todas las alegaciones de tortura y malos tratos y de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden y grupos armados progubernamentales; y

(b) enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de tortura y malos tratos.

Bajo el título “De aquella impunidad vienen estas torturas”, el informe de las ONG destaca que el Estado no tomó medidas para investigar las numerosas denuncias sobre torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza formuladas durante las protestas de 2014 y que, por el contrario, desde la segunda mitad de 2016 se experimentó una nueva oleada de represión, que acentuó las prácticas ya identificadas y denunciadas en 2014.

Debido a que el informe cubrió el período hasta mediados de abril de 2017, solo registra parcialmente los casos de tortura, trato cruel y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante las recientes protestas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el análisis destaca que la impunidad en que permanecen lo casos de 2014 transmitió un mensaje a los funcionarios de seguridad: “pareciera que las violaciones a derechos humanos cometidas no tienen costo; al no haber investigación ni sanción, se transmite el mensaje de que pueden seguirse produciendo, como en efecto ha sucedido en las últimas semanas”, afirmó Ligia Bolívar, una de las autoras del informe y directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

 

El gobierno venezolano tenía hasta el 29 de noviembre de 2015 para enviar la información solicitada por el CAT, luego que este analizara los informes periódicos de años anterioresbarra ama650

 

Las ONG insisten en señalar que la tortura constituye una práctica generalizada en Venezuela; no obstante, advierten que el informe del Ministerio Público del año 2015 tiene una sección dedicada a la “Defensa del Estado ante el Comité contra la Tortura de la ONU”; donde afirma que “no representa una política de Estado el uso de la tortura”.

El plazo de un año que tenía el Estado para informar al CAT, venció el 29 de noviembre de 2015. El 15 de diciembre de 2015, el experto Jens Modvig, en su carácter de relator de seguimiento de informe de observaciones finales, envió comunicación a las autoridades de Venezuela, recordando el envío de la información solicitada. Hasta la presente fecha, no hay registro de respuesta alguna por parte del Estado.

El informe de las ONG concluye señalando que el Estado no ha tomado acciones suficientes para resolver la situación de la tortura y en algunas áreas incluso se ha agravado el problema, como es el caso de las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) y las detenciones arbitrarias con motivaciones políticas en el marco de la solicitud de activación del referéndum revocatorio.

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