Sábado, 06 Agosto 2016 00:00

“Con el Arco minero, Maduro y su banda consuman la destrucción del país”

 
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La política turbia del arco ha dado mucho de qué hablar La política turbia del arco ha dado mucho de qué hablar Foto Archivo

Expertos alertan que afectará el ambiente, a los pueblos indígenas y los recursos hídricos, hidroeléctricos y forestales. Advierten que por no contar con autorización parlamentaria, el plan es inconstitucional, nulo e írrito.

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Sobre el Arco Minero y los pueblos indígenas

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UCAB Guayana: Arco Minero atenta contra el ambiente y despojar nuestros recursos

 

Expertos en temas tan amplios aunque relacionados como la preservación ambiental, la protección de los derechos humanos y la observancia de la Constitución y las leyes, advirtieron que el Plan de Desarrollo de Inversiones del Arco Minero, por parte del gobierno de Miraflores, presentado este viernes con la suscripción de convenios de carácter nacional e internacional, incurre en perjuicios contra el ecosistema, los recursos del país y los pueblos indígenas, además de representar un acto contra la Carta Magna. 

“Lo que se está haciendo es una vulgar entrega del país en este acto nulo e írrito pues se trata de una negociación que no cuenta con la aprobación constitucional, que no ha sido legitimada por la Asamblea Nacional. Se legalizan el crimen ecológico, el etnocidio y el genocidio que henos venido denunciando”, manifestó el diputado Américo De Grazia, de la bancada mayoritaria de la Unidad Democrática, al referirse a la ceremonia que se realizó durante la fecha en la sede del Banco Central de Venezuela (BCV).

El parlamentario opositor anunció que la medida será objeto de tratamiento por parte de la comisión tripartita -Energía y Petróleo; Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y Pueblos Indígenas-, que preside.

“Seguiremos explorando la forma jurídica y legal de frenar todo ese aventurerismo mercantilista y mercenario que hoy pretende entregar nuestra soberanía y patrimonio a empresas trasnacionales, sin cumplir con la normativa constitucional”, dijo el también vocero del partido La Causa R (LCR), advirtiendo de los efectos contrarios que deparará a los intereses plegados.

“Los países y las empresas que tengan pacto con la nación al margen de la Constitución se involucran en un acto ilegal e ilegítimo. Ellos saben que, ante los cambios que vienen pronto en Venezuela, a propósito del referendo revocatorio y de la salida definitiva de este régimen, tales actos se pueden declarar írritos e inconstitucionales, y que representan obligación alguna”, aclaró el legislador, agregando que, incluso, factores que estuvieron ligados al oficialismo -por ejemplo, los exministros Ana Elisa Osorio y Héctor Navarro- han introducido demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Despedazan la patria

“Se inició el desmembramiento de Venezuela en la zona de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esas concesiones representan más del 12 por ciento del territorio nacional. Se afectan, igualmente, las reservas de agua dulce potable no contaminada más importantes ubicadas al sur del río Orinoco;  la reserva forestal de Imataca, con 3 millones 800 mil hectáreas de bosque tropical; y la del Caura, con 5 millones de hectáreas”, afirmó, revelando que la extensión susceptible abarca 111.846,70 kilómetros cuadrados.

Tan preocupantes palabras corresponden a Alexander Luzardo, quien fuera senador del extinto Congreso y redactor de las normas ambientales del vigente texto constitucional, quien calificó el Arco Minero y al Decreto 2248 que lo sustenta como “obra de la política entreguista de Nicolás Maduro y su banda minera de legitimación de la delincuencia minera, integrada por el presidente del BCV; Nelson Merentes; Roberto Mirabal, ministro de Desarrollo Minero y Ecológico; y José Khan, secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

“Perjudica, asimismo, la mayor inversión que el país ha hecho en energía hidroeléctrica -la cuenta estratégica del Caroní-, de la cual depende todo el complejo de represas (Guri, Macagua I, II y III, Caruachi), que surten más del 65 % de electricidad al país”, agregó el experto.

El declarante especificó que “se trata de una venta y reventa de concesiones mineras vinculada con las bolsas internacionales, sobre todo, las canadienses, formando en un negocio inviable económicamente. Y tampoco es que Venezuela tenga enormes reservas de oro -como China o Rusia- sino que están empeñados en construir un rentismo minero para sustituir, supuestamente, el rentismo petrolero”, objetó. 

“Junto con violentar garantías de los pueblos aborígenes consuma hasta un acto de traición a la patria, porque la soberanía puede rescatarse pero la contaminación de un curso fluvial como el Orinoco -con agentes como el mercurio y el cianuro, entre otros-, y la depredación de las cuencas estratégicas, dejando a Venezuela sin agua, no tendrá retorno: hablamos de un triple crimen, es decir, un genocidio, un etnocidio y un ecocidio”, apuntó.

Diálogo de la boca pa’ afuera…

Entretanto, para el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea (Programa Venezolano en Educación – Acción en DD HH), es muy preocupante la nueva instrumentación al omitir dos requisitos del texto constitucional.

“El primero de ellos es la realización y discusión de un estudio de impacto ambiental; y, en segundo lugar, el derecho de los pueblos indígenas, que van a ser afectados por esta actividad en su territorio, de ser consultados de manera previa libre e informada”, aseveró.

“Si no se asumen las medidas necesarias para mitigar los efectos de este tipo de actividad minera y extractiva sobre el modo de vida de las comunidades originarias -y también de las poblaciones campesinas asentadas en tales perímetros-, surgirán otras repercusiones lesivas como la garantía al ambiente sano, las consecuencias en cuanto a agua o electricidad, que pudieran agravar aún más la crisis en la prestación de servicios básicos”, comentó el también periodista independiente.

Aclaró que la organización de la cual es directivo y otras ONG no fueron  consultadas en momento alguno por las autoridades del poder central. “El gobierno habla de diálogo pero en sus propias prácticas contradice la apertura de canales democráticos para incluir en el diseño de sus políticas y en la toma de decisiones a los todos actores que sean importantes y necesarios”, reclamó.

Finalmente depositó su confianza en los esfuerzos del ente unicameral. “Creo que la Asamblea Nacional tiene un papel que cumplir porque. Aquí tenemos un vacío legal que es la ausencia de reglamento a una ley para el proceso de consulta previa, libre e informada. Pediríamos, igualmente, la detención de cualquier proyecto mientras no se cumplan con las exigencias fundamentados de la Carta Magna venezolana”, concluyó.

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