jueves, 28 marzo 2024
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Alunasa adeuda más de 1 millón de dólares a trabajadores costarricenses

Son 185 familias las que se han visto afectadas por el impago de la compañía ubicada en Puntarenas, al respecto, los obreros han enviado misivas al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, solicitando justicia en el caso, hasta ahora no ha habido respuesta.

CVG Aluminios Nacionales, S.A. (Alunasa), empresa venezolana ubicada en Esparza, Puntarenas, zona costera de Costa Rica, cerró sus operaciones en noviembre de 2021 alegando falta de liquidez debido a las sanciones estadounidenses, en este contexto, despidió a 105 trabajadores, quienes después de un año aún no han recibido el pago en concepto de liquidación; según los afectados, la firma venezolana debe más de 1 millón de dólares a su personal.

El presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en Alunasa (ANEP), José Luis Rosales, declaró en entrevista para Correo del Caroní que la compañía debe, en promedio, 15.700 dólares americanos a cada trabajador en concepto de liquidación aunado a muchos meses atrasados de sueldo que dejó de pagar luego de un cese de actividades en 2018.

Debido a esta situación, los trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) donde, con el apoyo del presidente del país, Rodrigo Chávez, tuvieron una semana de discusiones en las que llegaron a 105 conciliaciones y acuerdos de pago. ¿El compromiso? Que la empresa venezolana cancelara todos los pasivos laborales con fecha límite el 7 de noviembre de 2022.

Sin embargo, pasada la fecha, Alunasa volvió a incumplir con el acuerdo y dejó a los empleaddos sin el pago y exigiendo a la justicia costarricense poner todo el peso de la ley sobre la compañía, la cual posee una trayectoria de más de 40 años en el país.

Antecedentes de cierre: mala gestión empresarial 

La empresa cerró sus operaciones en noviembre de 2021, sin embargo, su crisis económica fue conocida por la opinión pública desde 2018, cuando alegando falta de materia prima, solicitó al MTSS la suspensión de los contratos del 90% del personal.

Según el medio de comunicación costarricense La Nación, Alunasa alegó que la solicitud respondía a la crisis de la compañía a causa de bloqueos y sanciones por parte de Estados Unidos (Venezuela permanece sancionada desde 2017). No obstante, el medio asegura que el MTSS rechazó la petición al concluir que no existía tal afectación por medidas económicas internacionales, sino una “mala gestión empresarial”.

El dirigente sindical de la empresa confirmó que la solicitud fue rechazada, lo cual impedía que se despidiera a los empleados.

En respuesta, la directiva empezó a enviar a los trabajadores a sus casas dada la paralización de sus operaciones y, según los testimonios recolectados por este medio, estuvieron más de 9 meses sin percibir sueldo. Posteriormente, cuando regresaron a la empresa en 2021, los esperaba su carta de despido oficializando el cierre de la estatal venezolana.

Se han perdido viviendas, muchos piden prestado esperando que les paguen. Como no cumplieron, ahora están endeudados y sin recursos. Hay muchos problemas intrafamiliares producto de la desesperación por no tener dinero para pagar renta”

Fueron despedidos de forma masiva durante el mismo año, cuando comenzó un fuerte litigio entre obrero y patrono, ya que Alunasa aseguró que el pago de liquidaciones se efectuaría en un período de un mes, sin embargo hasta la fecha el personal no ha recibido nada por parte de la fuente de trabajo.

Según el Código de Trabajo de Costa Rica, en su artículo 29: “si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía”.

El auxilio de cesantía es un beneficio laboral que busca proteger al desempleado luego del cese de la relación laboral y retribuirle sus años de servicio, en este sentido, es el equivalente a la liquidación en Venezuela.

La ley costarricense obliga a la empresa venezolana a responsabilizarse por el despido y entregar el pago lo antes posibles a su personal, por tanto, el impago e incumplimiento de convenios es violatorio de la normativa laboral del país.

Pasivos por más de 4 millones de dólares 

En contraste con los pasivos que posee la Corporación Venezolana de Guayana en Venezuela, donde se viven las consecuencias de la precarización salarial, Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mejor salario después de Panamá.

El salario mínimo en Costa Rica es de 330 mil colonos, equivalentes a 540 dólares, a su vez, el personal de Alunasa ganaba mucho más dinero debido a que se componía de profesionales y obreros especializados en la fabricación de aluminio, oficio que deja las mayores ganancias y ofertas de trabajo en la zona.

Según el presidente de Anep, la empresa debe, en promedio, un monto de 9.592.700 colonos por empleado, cifra que fue confirmada por los trabajadores entrevistados. Asimismo, Rosales aseveró que la deuda total es de 1.6 millones de dólares.

“La deuda total de la empresa, contando la de los trabajadores y la de la Caja Costarricense de Seguro Social es de 4 millones de dólares”, puntualizó el representante laboral de Alunasa.

Estas declaraciones hacen referencia a que, según los afectados, la compañía secuestró ilegalmente la cuota de obrero, monto descontado del salario del trabajador para aportes al seguro social, y se apropió del dinero, en consecuencia, los trabajadores tienen mora en la institución, ya que nunca se hicieron los pagos correspondientes.

Correo del Caroní intentó contactar a Pablo Emilio Turmero, venezolano y actual presidente de Alunasa, para la elaboración de esta nota, sin embargo no hubo respuesta a las solicitudes de comunicación.

También se buscó contactar al asesor jurídico de la empresa en su cierre de operaciones, Carlos Peña, quien no atendió a las llamadas ni los mensajes que fueron recibidos en su celular.

A propósito se envió solicitud de declaración a más de 6 trabajadores y, en su mayoría, todos rechazaron la entrevista y se mostraron temerosos a las represalias que pueda tomar la estatal venezolana contra ellos.

Una pesadilla llena de deudas y zozobra 

Una trabajadora que prefirió mantenerse en el anonimato sentenció,“el cierre de Alunasa fue la peor pesadilla de mi vida”.

Para la declarante, de 59 años, Alunasa fue más que un espacio de trabajo, su trayectoria de 35 años en la empresa y la estabilidad que esta le brindaba le hizo adquirir una deuda hipotecaria con un banco de su país. Para su sorpresa, en 2018 la compañía empezó a incumplir con los pagos y, entre retrasos y falta de dinero, terminó perdiendo el inmueble.

“Nosotros vivimos en una zona rural donde hay mucho desempleo, pero lo peor es que pasamos de 40 años. Ya no nos contratan pues estamos muy viejos. Yo era el aporte mayor de mi familia y la responsable de pagar mes a mes la suma de 395 dólares al banco por concepto de hipoteca. En 2018, que fue la primera vez que nos mandaron a casa por 9 meses sin cobrar nada, el banco iba a rematar mi casa por no pago. Para conservarla tenía que cancelar 4 millones de colones. ¿De dónde?”, rememoró.

 

José Luis Rosales, presidente de la seccional de ANEP, afirmó que la compañía debe, en promedio, 15.700 dólares americanos a cada trabajador en concepto de liquidación aunado a muchos meses atrasados de sueldo que dejó de pagar luego de un cese de actividades en 2018

 

La fuente lamentó que “tengo una deuda con el Banco Nacional de Costa Rica, pero no tengo dónde caer muerta. Ando rodando de casa en casa pagando alquileres”.

Un obrero con 29 años de trayectoria en la compañía aseguró que las 105 familias están angustiadas y que algunos compañeros han caído en cuadros depresivos debido a las deudas.

“Se han perdido viviendas, muchos piden prestado esperando que les paguen. Como no cumplieron, ahora están endeudados y sin recursos. Hay muchos problemas intrafamiliares producto de la desesperación por no tener dinero para pagar renta”, declaró.

Costarricenses evocan la “justicia” de Chávez 

No es la primera vez que el escándalo tiñe el nombre de la compañía. En 2007, Alunasa protagonizaba primeras planas en Costa Rica debido a un presunto cierre de operaciones ordenado por el expresidente Hugo Chávez.

En ese entonces, el mandatario de Costa Rica, Oscar Arias, criticó el rango de facultades que la Asamblea Nacional venezolana otorgó al Ejecutivo venezolano catalogándolo como “negativo para la democracia”.

En una medida autoritaria, inmediatamente Hugo Chávez inició gestiones para cerrar la compañía que es la mayor fuente de empleo en la zona de Juanimala de Esparza, Puntarenas, empleando, para ese entonces, cerca de 400 trabajadores.

Quienes dirimieron la situación fueron los empleados de la compañía, quienes viajaron para reunirse con el presidente venezolano y pedir una resolución que no pusiera el riesgo sus puestos laborales.

“Una vez intentaron trasladar la empresa a Nicaragua por una hablada que dio el presidente de mi país. Fuimos a interceder con Chávez para que él no se la llevara y él se dirigió al presidente de la empresa y le dijo: de ahora en adelante tenga bien presente que Alunasa es de los trabajadores costarricenses y el salario que ellos reciben es sagrado”, evocó una de las afectadas, quien asegura que espera que el Gobierno venezolano vuelva a actuar en favor de los trabajadores.

Asimismo, el presidente de ANEP, José Luis Rosales, entregó a Correo del Caroní copias de una misiva emitida el 29 de septiembre de 2021 a Nicolás Maduro, actual presidente venezolano.

En la carta, Rosales aboga por la buena relación que tuvo Hugo Chávez con los trabajadores de la compañía y reseña declaraciones en las que el exmandatario aseveró que, sin importar las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Venezuela, los obreros tendrían garantizados sus puestos laborales.

A su vez, Rosales confirma la información emitida por La Nación y prioriza los pormenores de la deuda, según su testimonio, la carta no obtuvo ninguna respuesta. Asimismo, la asociación sindical también envió a este medio copias de cartas enviadas a Pedro Maldonado, presidente de CVG; y al entonces ministro de Industrias, Jorge Arreaza, todas firmadas por los trabajadores de la empresa y, hasta ahora, sin respuesta oficial.