Organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos universitarios expresaron mediante un comunicado su profunda preocupación y rechazo ante la reciente decisión del Poder Judicial venezolano que nuevamente vulnera la autonomía universitaria, al pretender desconocer los resultados de las elecciones estudiantiles celebradas el 14 de noviembre en la Universidad de Carabobo.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 102 dictó una decisión sobre las elecciones estudiantiles de la UC y declaró: ”inexistentes y sin efectos jurídicos (…) los actos realizados por el ciudadano Luis Eduardo León, en el proceso electoral estudiantil de la Universidad de Carabobo celebrado en fecha 14 de noviembre de 2018, por los cuales procedió a la proclamación del ciudadano Marlon Díaz en el cargo de presidente de la Federación de Centros Universitarios ante las autoridades académicas de esa misma casa de estudios (…)”, basándose en una supuesta “(…) usurpación de las atribuciones de los integrantes de la comisión electoral legalmente constituida el 12 de noviembre de 2018”.
En este sentido, la Sala Electoral ordenó “a las autoridades de la Universidad de Carabobo realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes con el fin de garantizar la posesión efectiva del cargo y el ejercicio inmediato de las funciones de la ciudadana Jessica Bello Barreto” (candidata oficialista), desconociendo que el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, en ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109 de la Constitución Nacional y 9 de la Ley de Universidades vigente, ratificó a la comisión electoral presidida por Luis Eduardo León como la única legítima.
Debe destacarse que en el marco de las elecciones del 14 de noviembre de 2018 se registraron prácticas de hostigamiento, violencia y presuntas amenazas por parte del gobernador del estado Carabobo en detrimento de los miembros de la comisión electoral presidida por Luis Eduardo León, en caso de no favorecer al movimiento estudiantil afecto al oficialismo. Incluso, se documentaron denuncias acerca de la implantación de una comisión electoral paralela y la distribución de material electoral no autorizado por la universidad.
La referida decisión de la Sala Electoral da cuenta de una política de Estado dirigida a vulnerar la autonomía universitaria y la libertad académica en las universidades, pues desde el 2010 hasta el 2018 se han documentado al menos 50 decisiones del Poder Judicial venezolano en las cuales se vulneran los referidos
Desde Aula Abierta, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos universitarios, se rechaza el ejercicio de estas prácticas por parte del Poder Judicial que dan cuenta del uso de la justicia como mecanismo de control político y social en Venezuela. Se exige al Estado venezolano el respeto de la autonomía universitaria y en consecuencia los resultados electorales reconocidos por el Consejo Universitario como máxima autoridad de la Universidad de Carabobo. (Prensa Aula Abierta)
