Domingo, 26 Junio 2016 00:00

Reconstruir el aparato productivo, el nuevo reto del sindicalismo

 
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Los datos del Ministerio del Trabajo reportan la existencia de más de 10 mil organizaciones sindicales, pero solo 245.841 trabajadores fueron amparados por las 452 convenciones colectivas Los datos del Ministerio del Trabajo reportan la existencia de más de 10 mil organizaciones sindicales, pero solo 245.841 trabajadores fueron amparados por las 452 convenciones colectivas Foto Archivo Correo del Caroní

La Unidad de Acción Sindical y Gremial tiene como reto reagrupar a una base de sindicatos pequeños y construir una plataforma común de luchas para la recuperación del aparato productivo y la creación de empleos decentes.

Eotral inicio del siglo XXI se presenta difícil para el movimiento sindical. Empresas cerradas o casi paralizadas, disminución de los empleadores privados, un salario mínimo de menos de 24 dólares mensuales a la tasa oficial, una desalarización de los ingresos laborales, pues el bono de alimentación es mayor que el salario, y una gran dispersión organizacional. A ello se le suma una legislación que criminaliza la actividad sindical.

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Jacqueline Richter es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Doctora en sociología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y especialista en Derecho del Trabajo (UCV).
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Los datos del Ministerio del Trabajo reportan la existencia de más de 10 mil organizaciones sindicales, pero solo 245.841 trabajadores fueron amparados por las 452 convenciones colectivas celebradas en el 2014, de las cuales 417 correspondían al sector privado. Ese sector privado contaba en el 2001 con 641.182 empleadores, cifra que se reduce a 429.170 en el 2015.  En la población ocupada los empleadores pasaron de ser el 6,61% en el 2001 al 3,27% en el 2015. En otras palabras, su presencia se redujo  a la mitad. 

Esa mengua de empleadores implica no solo que se perdieron esos puestos de trabajo, sino también una merma en el ámbito de acción del sindicalismo.

El sindicalismo en el sector privado enfrenta a los sindicatos chavistas que paralizan las empresas con reivindicaciones imposibles de conseguir y además debe negociar en época de estanflación, pensando en salvar los pocos puestos de trabajo que quedan.

El sindicalismo en el sector público resiste a un patrono que se niega a negociar colectivamente y persigue al sindicalismo clasista y autónomo. De ello pueden dar testimonios los sindicalistas de la Unión Nacional de Trabajadores, afecta hasta hace poco tiempo al chavismo, cuyos cuadros sindicales han sido despedidos y sometidos a procesos penales.

La política estatal de crear sindicatos paralelos fue altamente exitosa en la administración pública, pues se trataba de desplazar al sindicalismo tradicional. Pero esos nuevos sindicatos son apéndices del patrono. Por ello, la negociación colectiva en el sector está casi paralizada.

La legislación laboral tampoco ayuda a desarrollar un sindicalismo autónomo y clasista. El Decreto Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Dlottt) impone a las organizaciones sindicales funciones estatales, desdibujando su esencia de asociación de derecho privado destinada a la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores. A ello se suma las atribuciones que se le otorgan al inspector del trabajo, quien ahora admite los pliegos de peticiones y homologa los convenios colectivos, lo que ha significado la paralización de muchas negociaciones y ha impedido que se declaren huelgas. La memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo no reporta ninguna huelga en el 2015. 

Las huelgas están en los hechos prohibidas en el país. Una serie de normas penales que imponen penas privativas de libertad a quienes realicen huelgas.  Esas normas se aplicaron al actual presidente del sindicato de Ferrominera, Rubén González.

La imposición del Consejo Nacional Electoral como autoridad electoral ha significado que muchos sindicatos no puedan realizar elecciones, cayendo en lo que se denomina mora sindical, impidiendo la negociación colectiva y  la huelga.

Frente a este panorama desolador, el sindicalismo conserva una no despreciable fuerza para iniciar un camino de transformación de esa realidad. El 20% de los asalariados están sindicalizados: son 1.560.727 trabajadores distribuidos por todo el país, pero concentrados en el sector público. Esa base sindical hoy dispersa en miles de sindicatos pequeños sin una dirección política clara es el gran reto de la Unidad de Acción Sindical y Gremial.

El desafío es construir una plataforma común de luchas que tenga como norte la recuperación del aparato productivo para la creación de empleos con protección social. Una dirección sindical que represente a esa base hoy dispersa puede proponer una mesa de diálogo social con los empleadores centrada en la recuperación de empresas productivas, requisito indispensable para que el sindicalismo cumpla su función de redistribuir la riqueza.

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