Domingo, 26 Junio 2016 00:00

Derechos Humanos para la transición

 
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El país demanda políticas consensuadas para aumentar tanto la soberanía como la seguridad alimentaria y, por consiguiente, desmilitarizar la venta de comida El país demanda políticas consensuadas para aumentar tanto la soberanía como la seguridad alimentaria y, por consiguiente, desmilitarizar la venta de comida Foto Wilmer González

Es apremiante comenzar a debatir públicamente cómo debe ser una transición que nos devuelva de nuevo a la democracia, fortaleciendo un tejido social e institucional que garantice la dignidad humana.

Acapitularctualmente, según todos los datos fácticos, se están conformando mayorías diferentes a la hegemonía política bolivariana de los últimos años. Como la resolución del actual conflicto será constitucional, pacífica y democrática, mediante los mecanismos establecidos en la Carta Magna para que sea el pueblo quien decida, es perentorio comenzar a debatir públicamente como debe ser una transición que nos devuelva de nuevo a la democracia, fortaleciendo un tejido social e institucional que garantice la dignidad humana. Ofrecemos un primer punteo, desde la perspectiva de derechos humanos, sobre los temas a nuestro juicio impostergables:

1. Derogación inmediata del estado de excepción y emergencia económica.

  Rafa

Rafael Uzcátegui es sociólogo y editor independiente. Es el actual coordinador general de Provea, cargo que ejercer desde enero de 2015. Autor de los libros Corazón de tinta y Venezuela: La revolución como espectáculo. Una crítica anarquista al gobierno bolivariano. Miembro de la Internacional de Resistentes a la Guerra y del grupo editorial del periódico El Libertario. Además realiza el podcast semanal Humano Derecho.

En Twitter: @fanzinero 
rafaeluzcategui.wordpress.com

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2. Políticas para disminuir estructuralmente la pobreza y la exclusión: uno de los temas positivos del bolivarianismo fue el haber puesto en el centro de la discusión la reducción de la pobreza. Las políticas sociales, que deben mantenerse, deberán evaluarse y mejorarse, atendiendo no sólo la dimensión asistencial que caracterizó a los últimos años, sino atacando las causas estructurales de la pobreza y la exclusión en el país, mediante emprendimientos sustentables en el tiempo y que puedan ser objeto de la contraloría social y ciudadana.

3. Reestructurar profundamente el Sistema de Administración de Justicia para que ofrezca respuestas efectivas a la ciudadanía: Asegurar que la designación de jueces y juezas cumpla con los protocolos establecidos de independencia e idoneidad, disminuyendo en un plazo perentorio la alta provisionalidad existente en el sector. Erogar el presupuesto necesario para su funcionamiento, optimizando los mecanismos de supervisión y contraloría de gastos. Promover todas las políticas necesarias para reducir el retardo procesal y el hacinamiento en el sistema carcelario. Continuar el proceso de descentralización del sistema penitenciario, eliminando el control de las cárceles por parte de los denominados líderes negativos y sancionando las violaciones de derechos humanos y los delitos cometidos por funcionarios policiales y militares.

4. Promover mecanismos de justicia transicional para sancionar violaciones de derechos humanos y delitos ocurridos en el pasado, como parte del proceso de reestructuración del sistema judicial, estimulando la vigencia del derecho a la verdad.

5. Consensuar una normativa para sancionar la discriminación por razones políticas como violación de derechos humanos para evitar nuevos episodios de exclusión en la sociedad venezolana.

6. Retirar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos para que el país vuelva a estar bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, que Venezuela cancele los aportes económicos pendientes al sistema regional de protección a los derechos humanos.

7. Derogar los denominados operativos de liberación del pueblo (OLP) y retomar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol) para el consenso de una política de seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.

8. Articular esfuerzos sociales e institucionales en la promoción del llamado derecho a la ciudad y la recuperación de los espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía.

9. Discutir y promover iniciativas para la desmilitarización de la sociedad venezolana, derogando el registro militar obligatorio e incluyendo explícitamente la posibilidad de objetar por conciencia para no realizar el servicio militar ni estar involucrado con organizaciones de inspiración castrense.

10. Acordar con todos los actores involucrados, especialmente a las organizaciones de familias sin vivienda, una política de construcción de casas cuyas características cumplan los estándares internacionales que definen a la vivienda digna.

11. Consensuar políticas para aumentar tanto la soberanía como la seguridad alimentaria, aumentando la producción de alimentos en el país y disminuyendo las cantidades que se importan.

12. Realizar los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa, libre e informada a todos los proyectos de extracción aprobados en los últimos años.

Coordinador general de Provea

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