El Gobierno creó la operación Manos de Metal para evitar la fuga de oro por las fronteras venezolanas, informó este viernes el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. El contrabando de extracción es un problema de vieja data en el país, en el que han estado relacionados –incluso- militares de alto rango.

Luis Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela, dijo que las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de asumir mediante una sentencia las funciones de la Asamblea Nacional, evidencian varias violaciones a la Constitución y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Carta Magna, lo cual representa una ruptura constitucional. Ortega Díaz llamó a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, respeto a la Constitución, y rescate de la pluralidad.

Los grupos armados vinculados a la explotación del oro colocan, nuevamente, en vilo a los habitantes de la capital del municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar. Una balacera que se escuchó en varios sectores de la población causó pánico y este sábado el comercio no abrió sus puertas debido a la intimidación de las bandas delictivas sin que mediara ninguna autoridad.

Correo del Caroní presenta su balance general tras cumplirse el primer aniversario de un hecho que conmocionó la opinión pública nacional.

Las lágrimas que llenaron de dolor al pueblo de Tumeremo hoy siguen brotando del rostro de su gente. Un año después de la masacre de 17 mineros en la mina Atenas, la capital del municipio Sifontes sigue recordando con dolor aquel acto dantesco encubierto por un Estado cómplice de la violencia y la explotación ilegal de los recursos naturales. Un Estado que trata de eludir su responsabilidad en estos hechos tratando de enterrar la memoria con su política de olvido, su silencio, su desatención a las víctimas y alimentando la impunidad que sigue reinando en un pueblo arrodillado por el pranato minero.

El activista de derechos humanos, Marino Alvarado, insiste en lo mismo que dijo hace un año: el gobernador de Bolívar debe ser investigado por los hechos ocurridos en Sifontes. Debe ser investigado por una sola razón: apostó a la impunidad. Y, por tanto, fue cómplice.

El Estado ha obviado la necesidad de las víctimas de una ayuda psicológica y social para restablecer la normalidad en el sur de Bolívar, profundizando la desarticulación ciudadana hacia un cierre definitivo.

Repasamos la cobertura de la protesta del pueblo del municipio Sifontes por la desaparición de los mineros; el silencio estatal que imperó los primeros días; el hallazgo de los cadáveres, la movilización del Gobierno hasta el sur del estado Bolívar y el sufrimiento de un doloroso entierro. Un año después, la impunidad no cesa. La alianza con los medios digitales Run Runes y El Pitazo fue determinante para mantener informado al país de un suceso que marcó un hito de la violencia en el país durante 2016.

La comisión especial de la Asamblea instó a la Fiscalía determinar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales; sin embargo, esta ignoró informe de comisión.

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, lamentó que el 2016 estuviera lleno de políticos nacionalistas que reinstauraran la retórica deshumanizadora del “nosotros contra ellos”.

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