El tercer informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género (Ovaceg), de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró en ambos meses femicidios activos y  pasivos, con un contexto país repleto de carencias. En Bolívar y en Monagas hubo, en total, 10 mujeres que fallecieron por violencia directa y por fallas en el sistema de salud. Uno de los casos resaltantes fue el de Rebeca Núñez, pareja del exdiputado oficialista Aldrin Torres: ambos fueron asesinados a principios del mes pasado y hasta ahora no hay ningún indicio de averiguaciones ni de justicia.

Eladia Guarisma no duerme bien por las noches. Ha sido un largo tiempo de desvelos, ansiedades y lágrimas a causa de la ausencia de su hijo, Nelson Omar Carpio, quien fue visto por última vez el 17 de noviembre de 2015, luego de que funcionarios de la PEB se lo llevaran a la fuerza en una patrulla del CCP Francisca Duarte. La justicia venezolana no ha respondido: en este tiempo solo ha habido una breve medida de privación de libertad para la directora de ese centro y tres imputados. Nelson Omar, quien cumple 20 años en este mes, sigue desaparecido.

Aunque la mayoría de los 185 homicidios ocurrieron entre siete de las parroquias de San Félix, Unare concentró la mayor cantidad de asesinatos, decapitaciones y desmembramientos en el periodo entre marzo y junio, analizado por el capítulo Ciudad Guayana de Monitor de Víctimas. Con 27% de los homicidios, está en el primer lugar en violencia, seguida de Chirica, con 15%, y de Simón Bolívar, con 13%. Junio es, hasta ahora, el mes más violento de 2018: 53 de estos crímenes fueron perpetrados durante ese mes.

Sábado, 18 Agosto 2018 00:00

¿Quién paga los pecados de omisión?

Cuando en la escuela, la maestra hace caso omiso a la queja de un niño porque otro -normalmente más grande, más fuerte- le está molestando, seguramente el acosador lo volverá a hacer, y el más débil paga ese pecado de omisión de la maestra. La impunidad envalentona al responsable y desmoraliza a la víctima. Paga el más débil.

“Aquí hay un ejemplo de que sí se puede condenar a los corruptos y rescatar el patrimonio que ha desaparecido de las arcas de nuestro país”, indicó uno de los magistrados. La sentencia, aunque no se cumple ahora, es uno de los caminos para garantizar que no habrá impunidad en la caída de la dictadura. 

El reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de Venezuela, recoge testimonios que documentan las arbitrariedades de régimen como respuesta a la disidencia, y en la que la impunidad por tratos crueles, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, pareciera no tener fin

De acuerdo con el conteo de Provea, solo en la gestión de Maduro se han registrado 210 fallecidos en el contexto de las manifestaciones, 143 de ellas en 2017. El Foro Penal Venezolano destaca que menos del 10% de los casos han sido investigados, cuando en su mayoría, incluyendo las lesiones y detenciones arbitrarias, fueron a manos de organismos de seguridad del Estado.

"Se ha ordenado congelar las cuentas a todas las empresas de Panamá vinculadas a las mafias representadas por el Gobierno de Varela", dijo el vicepresidente de la República, sin ofrecer detalles sobre las empresas afectadas.

La ONG Acceso a la Justicia destaca la disparidad de cifras oficiales en relación al número de fallecidos durante las manifestaciones opositoras. En la mayoría de los casos no ha habido resultados de una oportuna investigación por parte del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Recuerda, además, la mimas opacidad que mantuvo Luisa Ortega Díaz en 2014, cuando aún no se revelaba contra el régimen de Nicolás Maduro.

A Pedro Luis Coral Lizardi lo habría asesinado un funcionario de la Policía del estado Bolívar (PEB) que buscaba a los responsables del secuestro y homicidio de un familiar taxista. Sin saberlo, el uniformado mató al Pedro equivocado.

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