Clavel A. Rangel Jiménez

Desde el pasado fin de semana se rumoraban los cambios. Algunos de ellos, ya eran un hecho pero no habían sido oficializados.

Gobierno pasa por encima del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al suscribir nuevos acuerdos mineros en territorio venezolano omitiendo la previa consulta y los estudios de impacto ambiental.

En reunión de la Comisión de Contraloría del Parlamento se aprobó una investigación de los contratos suscritos entre la CVG, FMO y la empresa canadiense Triorent.

El ala sindical más cercano a Nicolás Maduro pulsea con fuerza un lugar en los nuevos nombramientos de las empresas básicas de Guayana, unos cambios que comenzaron en abril, a cuentagotas, en un intento de desplazar a los militares que llegaron en 2013.

Seis miembros del comité ejecutivo de Sutiss debatieron este miércoles cómo recuperar la legitimidad del sindicato y cuándo hacerlo: antes o después de la negociación de un nuevo contrato colectivo en Sidor.

Los extrabajadores de la industria eléctrica no tendrán homologación pero visualizan, en la firma de la convención colectiva, la mejora de “algo” de su situación laboral, que resumen como “miserable”. 

A finales de la semana que viene el Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa) espera que la empresa haya cancelado los intereses de los ahorros de los más de 4 mil empleados.

No hubo lanzamiento de “Motor Exportación” pero sí la predica de la transformación de la materia prima, una quimera que el Gobierno ha logrado a duras penas en Alcasa. 

La reunión de la dirigencia se produce a pocos días de que venza el contrato colectivo que aún no ha sido homologado.

El comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa) y afiliados salieron en caravana desde el portón de la fábrica, en Matanzas, hasta la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

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