Jueves, 30 Junio 2016 00:00

“La cárcel profesionaliza el crimen y no rehabilita al preso”

 
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A principios de junio hubo un tiroteo, otro, en el penal de Ciudad Bolívar A principios de junio hubo un tiroteo, otro, en el penal de Ciudad Bolívar

Caracas.- ¿Quién conoce mejor la situación carcelaria, una ministra aquí en Caracas o un gobernador en las regiones?

El planteamiento, expuesto por el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, en referencia a la posibilidad de descentralizar tales establecimientos judiciales, corresponde a uno de los puntos incluidos en el denominado Portafolio de Propuestas Penitenciarias para Venezuela, cuya presentación cumplió este jueves la citada ONG, en Caracas.

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“Se trata de un proyecto para resolver, entre otros, el problema del retardo procesal, el problema de salud en los reclusorios, para la descentralización -en cumplimiento del artículo 272 de la Carta Magna, el cual reza las cárceles se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales o municipales (…) pudiendo ir a una modalidad de privatización”, indicó.

“Entonces, es un mandato constitucional imperativo, no potestativo, para que los ejecutivos de las entidades federales respondan penal, civil y administrativamente de la ejecución y de la protección de las personas privadas de libertad y el mantenimiento de los recintos respectivos”, explicó el ponente a los periodistas, rememorando que el régimen centralizador prevalece desde 1937, durante la gestión presidencial de Eleazar López Contreras.

Asimismo, el activista enumeró los tópicos del estudio elaborado por especialistas en la materia -criminólogos, constitucionalistas, sociólogos, etc.- centrados en cómo se combate la corrupción, el tráfico de armas, la precaria alimentación de los presos, cómo se forma al personal que necesitan las cárceles según el perfil de los internos por el tipo de delito, grado de peligrosidad, edad y sexo, por citar los principales parámetros.

El defensor de derechos humanos hizo énfasis en las cifras que arroja actualmente el sector -una población reclusa de casi 90 mil individuos- identificando que a los cerca de 60 mil internos de las cárceles deben sumarse los que encuentran detenidos en las comisarías. “Esas son personas que duran ahí más del tiempo de las 96 horas estipuladas: lamentablemente, hay quienes permanecen en esas dependencias 3,4 y hasta 5 años, y salen enfermas”, afirmó, destacando que el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer el servicio adecuado a los confinados.

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¿Por qué muere más de un interno diario?”, se preguntó al cuestionar la labor oficial. “Por qué mueren internos por sida, tuberculosis, cirrosis, y el Estado no le provee, precisamente, el mejor tratamiento. ¿Por qué hay tantas armas en nuestras cárceles? Entonces, quiere decir que aquí no fallan las organizaciones de DD.HH sino que falla el Estado. Hay que buscar no a los que solo tienen buenas intenciones sino a los expertos para que una persona que ingresa a una prisión, cuando salga de nuevo a la sociedad, posea unos valores para la reinserción, toda vez que el Estado contribuye para que los reclusorios sean universidades del delito y centros de profesionalización en el crimen”, apuntó.

“En lo que cabe al retardo procesal, se encuentra en 70%, lo cual es grave, y la reincidencia en 60%, muy grave, porque eso quiere decir que la cárcel fracasó”, aseveró.

Prado refutó los reiterados pronunciamientos de la titular del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, negando el hacinamiento carcelario. “Tocorón (estado Aragua) fue construida para 750 personas y hay 8 mil, en la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico) hay más de 5 mil presos y fue construida para 550. Pero ellos se limitan a decir que no hay hacinamiento porque la gente no está pegada una con otra”, objetó, comentando que, además, no se cumplía con la norma de un efectivo de seguridad por cada diez confinados.  

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