Lunes, 13 Junio 2016 00:00

Universitarios se integran a la consulta pública de leyes contra la hegemonía comunicacional

 
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Estudiantes manifestaron su interés por la discusión de nuevas leyes en la Asamblea Nacional Estudiantes manifestaron su interés por la discusión de nuevas leyes en la Asamblea Nacional William Urdaneta
 

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Este lunes se realizó la consulta pública sobre el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial y Medios Públicos en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), a la cual se sumaron estudiantes de esta institución y de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), quienes plantearon sus inquietudes sobre el contenido y aplicación de ambos instrumentos legales.

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Rachid Yasbek, planteó que en el caso de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, el objetivo está en establecer lapsos claros de renovación de concesiones, "que Conatel deje de ser una oficina sancionatoria a una oficina verdaderamente regulatoria, que mantenga las normas de cómo deben operarse las concesiones o el espectro que pertenece al Estado venezolano y que se sepa hacia dónde van los recursos generados y no un hueco fiscal".

En lo que respecta a la Ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial y Medios Públicos, se trata de frenar el abuso en tal situación. "En lo que va de año van 500 horas de trasmisión simultánea de este régimen. Si bien es cierto que el espectro es del Estado venezolano, no es de uso exclusivo del gobierno y sus antojos", agregó Yasbek.

Por su parte, la diputada Olivia Lozano denunció que en 17 años se usaron todos los elementos necesarios para lograr la hegemonía comunicacional, junto con la opacidad y secretismo de las fuentes oficiales- "Si no fuesen por las ONG no tendríamos información, porque la información oficial no la tenemos, y la que tenemos dista mucha de la realidad".

Lozano detalló que la Ley de Telecomunicaciones se concentra en la recomposición de Conatel, para pasar "de ser un órgano político a un órgano técnico", devolver la certidumbre en relación con el otorgamiento de concesiones, y que lo en lo administrativo no se amenaza con multas y sanciones sin un procedimiento administrativo previo.

La Ley “Anti-Cadena” tiene como objetivo central frenar los mensajes proselitistas, donde incluso las cadenas de radio y televisión son usadas como medios propagandísticos en campaña electoral, por cuanto reitera la finalidad de que las transmisiones simultáneas “sean solo para cuestiones importantes”.

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Yasbek reiteró que legislan en beneficio de la gente y no de un gobierno

Haciendo universidad

Durante la consulta participaron tanto estudiantes de la UBA como de la UCAB; entre ellos, Adolfo Salge, cursante la carrera de Ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, quien destacó la realización de la actividad en la casa de estudios. "Esta es la manera de nosotros hacer universidad y que ustedes (diputados) estén en contacto con la sociedad civil y también para saber a lo que nos vamos a enfrentar".

Verónica Bastardo, estudiante de la UBA, planteó su inquietud sobre el destino de las emisoras comunitarias, respuesta a cargo de la diputada Lozano, quien recordó que la función de estas es informar y servir en un ámbito reducido: su comunidad. "Sin embargo, esto no está pasando, la mayoría forma parte de esa hegemonía comunicacional", por cuanto su operatividad pasará por el cumplimiento de sus funciones.

La interrogante sobre si el gobierno respetará o no la aprobación de estas leyes no faltó. Frente a ello, la respuesta de los parlamentarios se centró en que a la vez que realizan el trabajo parlamentario impulsan la activación del referendo revocatorio para garantizar el cumplimiento de las normas, así como la gestión de una comisión que estará enfocada en la anulación del nombramiento de "magistrados exprés".

Asimismo, Lozano anunció que la próxima semana serán incorporados los diputados de Amazonas, cuya salida obedeció a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que, además de hacer verdad jurídica las presuntas irregularidades durante las parlamentarias, declararon como inconstitucional todo acto emanado de la AN mientras los parlamentarios participaran.

 

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