Decenas de empleados se concentraron este lunes frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Rechazan que se les aplique el tabulador de la administración pública, que desconoce el espacio de trabajo de riesgo de las industrias de metales de Guayana.

Trabajadores de Planta Casima, así como jubilados de otras empresas, se concentraron en frente de la sede principal de la CVG para exigir el reconocimiento de la hoja de cálculo y demás beneficios laborales que -aseguran- pretenden ser eliminados o desmejorados mediante discusiones sin la representación de los sindicatos legales.

El retroceso en la principal industria siderúrgica del país es cada vez mayor. La disminuida producción de los primeros ocho meses de 2018 es 66,5% menor a la de 2017. Los trabajadores perciben que no hay voluntad para reflotar la industria, lo cual se traduce en menor fabricación de cabillas para la construcción y hojalata para envasar los alimentos. El panorama, según describe uno de ellos, es de “soledad y tristeza al observar todas las áreas paralizadas, un Sutiss arrodillado y una incertidumbre total”.

El vicepresidente se apoyará en el Comité de Régimen Especial que tendrá cinco miembros, en representación de las industrias del hierro, aluminio y acero, trabajadores y CVG, todos nombrados por el nuevo titular de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado.

El ministro de Industrias y vicepresidente del Área Económica señaló que se plantean una “rigurosa planificación centralizada” de las empresas en dos grandes áreas: sector aluminio y sector hierro y acero, un modelo que en 2009 ya había sido propuesto por el Plan Guayana Socialista

No solo las enfermeras, en su día 24 de protesta, salieron a la calle nuevamente por un salario que cubra sus necesidades básicas. Maestros estadales, profesores universitarios, quienes llevan más de un mes paralizados, así como médicos, trabajadores del sector eléctrico y de las empresas básicas, se unieron en una marcha en la que exigieron respuesta por parte del Gobierno, que insiste en desoír el clamor de sus trabajadores.

En el decreto N° 41, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.434, se desglosan las “más amplias facultades” que tendrá el ministro Tareck El Aissami en la gestión, organización y administración de las industrias del hierro, aluminio y acero. El decreto, indica el artículo 6, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y podrá ser prorrogable por un año más.

El ingeniero y consultor eléctrico José Aguilar sostiene que con una hidrología favorable como la actual era posible generar la energía necesaria para reactivar en parte las empresas básicas; “esa energía hubiera ayudado a crear volumen de recepción para la temporada de lluvias”.

En noviembre de 2017, las empresas básicas de Guayana fueron adscritas a la Vicepresidencia de la República, entonces a cargo de El Aissami, quien nunca visitó las plantas ni informó de proyectos de reimpulso. Menéndez tampoco es ajeno a las industrias, pues fue ministro de este despacho durante 25 meses.

La instalación de transforrectificadores en el Complejo I es la causa indicada por la reductora de aluminio para sacar de servicio las tres decenas de celdas. Para contrarrestar el impacto de la desincorporación, trabajadores proponen activar el laminador que llegó a la empresa a finales de 2015 como parte de los proyectos del primigenio Plan Guayana Socialista, cuyo intento de relanzamiento consideran con contrasentido.

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