La violencia retornó al portón de Ferrominera. La mañana del jueves fue apresado Abdul Hurtado, secretario de Trabajo y Reclamo, lo que fue denunciado como una persecución laboral. El miércoles se dio un enfrentamiento con dirigentes del sindicato paralelo, donde estos acusaron de agresiones a miembros de Sintraferrominera.

El pasado 13 de agosto, familiares del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, y trabajadores, denunciaron su desaparición, luego de una asamblea en el portón San Isidro en Ciudad Piar, donde reclamaban beneficios contractuales. Su vivienda fue allanada, y él y otros dirigentes no aparecieron hasta hoy cuando denuncian el paralelismo sindical.

La hija del secretario general de Sintraferrominera y demás miembros de la organización sostienen que el dirigente está desaparecido, y denuncian que su caso y la militarización de la planta en Ciudad Piar tenían como segunda intención discutir el contrato colectivo de Ferrominera Orinoco con Sinboltrafe, organización paralela e ilegítima. Dirigentes de Sidor recordaron que algo similar ocurrió en la siderúrgica: desconocimiento del sindicato e imposición de la convención. El caso FMO es una prueba más de la política antiobrera del régimen que, vaya paradojas, se autoproclama gobierno obrero.

“Hemos ido a preguntar al comando de la Guardia Nacional en Ciudad Piar y no saben nada (…) Los hacemos responsables de la vida de mi papá y mi esposo”, expresó Yarudid González, hija del dirigente sindical y miembro de la organización, Rubén González. La persecución de la Guardia Nacional comenzó el lunes, durante una protesta en la que los ferromineros exigían dotación de uniformes y de equipos de seguridad, entre otros beneficios menoscabados en la era de la Ferrominera controlada por el chavismo y, por tanto, venida a menos.

Los trabajadores desconocen si existe orden de detención en contra de los dirigentes sindicales, pero aseguran que se repite el patrón del arresto de González en 2009, cuando fue acusado de instigación a delinquir, agavillamiento, violación de la zona de seguridad y daños al patrimonio público y encarcelado durante dos años. Los militares irrumpieron en la casa del dirigente tumbando un paredón. La huelga, que comenzó la semana pasada, tenía como fin exigir dotación de uniformes y de implementos de seguridad.

Trabajadores del centro de salud en Ciudad Piar aseguran que podrían atender a los enfermos, pero deben trasladarlos a Puerto Ordaz por falta de medicamentos y equipos para hacer exámenes. La comunidad y los trabajadores de la estatal se han sumado a la protesta.

Dirigentes sindicales invitaron a un acto en apoyo a Andrés Velásquez, por realizarse el 30 de septiembre en las instalaciones de Sintraferrominera, con la presencia de sindicatos, estudiantes y sociedad civil.

Mosbase y Justicia Obrera insta al resto de los trabajadores a mantenerse en pie de lucha contra la Constituyente, a la vez que repudian la complicidad de militares en el asalto a la Asamblea Nacional.

Las paralizaciones son de cuatro horas. El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, aseguró que el conflicto llegará a feliz término cuando los llamen a negociar la nueva convención.

Esta semana se cumple el plazo para convocar a las partes a la instalación de la mesa de discusión contractual. El sindicato amenaza con acciones de protesta de no haber pronunciamiento.

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