A un mes de la regulación, establecida en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6397 del 21 de agosto de 2018, solo se consigue salsa de tomate en los estantes de establecimientos del grupo de 25 alimentos regulados. Las opciones para nutrirse se restringen cada vez más, pues solo se pueden adquirir rubros esenciales en efectivo en tarantines informales. “Uno tiene que ser mago para sobrevivir”, “sin efectivo no hay comida” y “la situación es terrible, el hambre es un hecho”, son las frases en las calles de estos días. 

Una nueva medida de escala salarial basado en el petro, la criptomoneda del chavismo, será la nueva referencia para calcular salarios de los contratos colectivos. Voces como la del abogado y director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, alertan que en esta hora son los sindicatos los llamados a defender “las tablas, no puede aceptar esta maniobra. Aunque es una operación que está en curso creo que van a poder evitar que el sindicalismo oficial salga a revirar (la medida)”. Pero el letargo impera en el movimiento mientras el régimen madurista impone, de manera inconsulta y nuevamente, una desmejora en el mundo laboral.

El vicepresidente se apoyará en el Comité de Régimen Especial que tendrá cinco miembros, en representación de las industrias del hierro, aluminio y acero, trabajadores y CVG, todos nombrados por el nuevo titular de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado.

Dirigentes de SunepCVG y SutraCVG señalan que hasta ahora no se han reunido formalmente con el nuevo titular del ente matriz, Pedro Maldonado, designado en la Gaceta Oficial N° 41.434 del 6 de julio de 2018.

Las corporaciones sectoriales habían sido creadas en 2009, arrebatando el control de las industrias de metales a la Corporación Venezolana de Guayana, que desde entonces quedó debilitada y sin el aporte económico de las industrias que le permitía sostenerse desde el punto de vista financiero.

La ONG Acceso a la Justicia denuncia que las elecciones municipales son un nuevo ataque contra los partidos políticos, ante el impedimento que hace el ente electoral para la participación de todas las organizaciones con fines políticos.

En el decreto N° 41, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.434, se desglosan las “más amplias facultades” que tendrá el ministro Tareck El Aissami en la gestión, organización y administración de las industrias del hierro, aluminio y acero. El decreto, indica el artículo 6, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y podrá ser prorrogable por un año más.

El Gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente “lícita” de recursos e ingresos.

Persiste el descontrol en las zonas auríferas. “El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la anarquía minera, respaldarla, para de allí llevar oro al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre”, sostuvo un trabajador minero del sur de Bolívar.

Se ha repetido hasta el cansancio que la convocatoria de elección presidencial por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente constituye uno de los fraudes más dañinos a la democracia. El tema no debe fenecer, sin embargo, y por eso un grupo de profesores de Derecho Público y de organizaciones insisten en un comunicado, divulgado por Acceso a la Justicia, la necesidad de que la sociedad venezolana se una en la petición de un proceso con cuatro elementos: ajustado al tiempo, con un CNE independiente, sin ventajismo y con el compromiso de respeto a los resultados. Son voces que hacen sensatez en medio del vendaval.

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