Martes, 11 Octubre 2016 00:00

ONG exigen al Gobierno paralizar concesiones del Arco Minero hasta cumplir con derechos de pueblos indígenas

 
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Las organizaciones señalan que las consultas deben hacerse desde las primeras etapas del plan de desarrollo, “no ‘asambleas express’, improvisadas y de pocas horas” Las organizaciones señalan que las consultas deben hacerse desde las primeras etapas del plan de desarrollo, “no ‘asambleas express’, improvisadas y de pocas horas” Foto @CorpMinVen
 

Exhortos claros

Las organizaciones manifiestan que el derecho a la propiedad por parte del Estado en razón del interés de soberanía nacional no está por encima de los derechos a la propiedad comunitaria, ni en la denegación de las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios, poniendo en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes.

En virtud de lo antes expuesto, exhortan al Estado venezolano a:

- Cumplir con todas sus obligaciones constitucionales en materia del Capítulo VIII de los derechos de Pueblos Indígenas y zanjar la deuda en materia de su implementación.

- Paralizar todas las concesiones a empresas trasnacionales y nacionales en la Zona AMO hasta tanto no se presenten los estudios de impacto ambiental y sociocultural, en estricto cumplimiento con los estándares internacionales para su realización, su difusión amplia a pueblos y comunidades indígenas así como a la sociedad en general.

- Realizar con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos el proceso de consulta previa libre e informada así como el consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, con todas las comunidades y pueblos indígenas en el país ante cualquier proyecto que pueda afectar su supervivencia cultural y cosmogonía de vida.

- Cumplir con las recomendaciones emanadas del Sistema Universal de Derechos Humanos ONU al Estado venezolano, con carácter de urgencia en el caso de las referidas a demarcación y reglamentación y aplicación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

 

En 2016, la creación del Arco Minero del Orinoco en tierras prístinas, habitadas mayormente por comunidades indígenas, se ha convertido en la mayor amenaza al pleno cumplimiento de los derechos humanos de los indígenas, en todos los ámbitos de su vida, desde su dinámica diaria hasta cambios trascendentales desde el punto de vista cultural y de organización social.

En ocasión de conmemorarse otro Día de los Pueblos Indígenas en Venezuela este miércoles 12 de octubre, tres organizaciones de derechos humanos insistieron en las deudas en materia de implementación de la normativa constitucional y de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en Venezuela; y en la falta de una consulta previa, libre e informada en torno a proyectos como el Arco Minero del Orinoco, que consideran lesivo.

En un comunicado, suscrito por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Laboratorio de Paz y el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI-ULA), las organizaciones señalan que tras 17 años de aprobada la Constitución el proceso de demarcación de territorios indígenas se mantiene estancado en un 12,5%, sin cumplir con la garantía de propiedades colectivas.

“No se ha realizado ningún proceso de consulta previa, libre e informada en Venezuela. La jurisdicción indígena sigue siendo una de las grandes deudas en materia de sus derechos; la militarización de los territorios, sin consulta, ha generado violaciones a la vida, integridad física y libre tránsito e inaceptables afectaciones culturales”.

Las organizaciones destacan que el progresivo abandono y merma en la asistencia en materia de salud se evidencia en los propios boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, registrando una epidemia de malaria en estados con mayoritaria presencia indígena.

En materia alimentaria, sostienen que el sistema de asistencia de alimentación del Estado es deficiente, mientras que denuncian que “la inacción y complicidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales frente a los grupos armados ilegales, bandas armadas y mafias en actividades mineras han generado un preocupante proceso de sometimiento, indefensión y cambio cultural en comunidades y pueblos indígenas”.

Las sombras del Arco Minero

La amenaza más reciente está marcada por la aprobación del Decreto 2.248, publicado en Gaceta Oficial 40.855, que -aseguran- es aún más grave para la preservación de su cosmogonía, culturas, formas de vida y el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro aprobó, el 24 de febrero de 2016, la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), entregando en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados, lo que comprende el 12,2% del territorio venezolano.

  El estancamiento del proceso de demarcación de las tierras indígenas, el abandono en materia de atención médica, las deficiencias alimentarias y la incursión de grupos armados han sido los principales problemas que han agobiado a los indígenas de Venezuela en los últimos años.  


Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del río Orinoco.

Según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al 2011, en el estado Bolívar -zona donde se ubica mayoritariamente el territorio del AMO- habitan 54.686 personas indígenas, mientras que según el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro de lo decretado como AMO habitan los pueblos indígenas Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.

AMOImagen Provea

Megaproyecto inconsulto

En diferentes oportunidades, el vicepresidente para Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza, ha manifestado que se han venido realizando consultas con las comunidades indígenas para su participación en el proyecto de megaminería Arco Minero del Orinoco.

“Hay 181 comunidades indígenas incorporadas. Estamos haciendo las consultas, comenzamos en una de las áreas del Arco Minero con ocho pueblos indígenas. La población de Mapoyo y Los Pijiguaos han realizado extraordinarios aportes que serán incorporados al plan de minería y a la zona de desarrollo estratégico”, expresó Arreaza a la Agencia Venezolana de Noticias el pasado 3 de agosto.

Sin embargo, las organizaciones señalan que el Ejecutivo nacional ha venido imponiendo este proyecto sin cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) y en pactos internacionales firmados por Venezuela en materia de derechos indígenas.

¿Cómo debe ser la consulta?

Las organizaciones recuerdan que el artículo 120 de la Constitución establece que el aprovechamiento de los recursos de los hábitats indígenas “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. Asimismo, agregan que el derecho a la consulta previa, libre e informada, se encuentra desarrollado en las normativas internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios, y cuenta con diferentes experiencias concretas en los países latinoamericanos.

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El adjetivo Informada expresa que las poblaciones a ser afectadas por la actividad extractiva deben ser instruidas sobre todas las consecuencias de la actividad a realizarse en su territorio, apuntan, lo cual complementan con en el artículo 129 de la Carta Magna, el cual obliga a realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas.

“No obstante, el Gobierno no ha cumplido su obligación de realizar el estudio de impacto ambiental, por lo que desconoce a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias al medio ambiente, territorios y pueblos y comunidades indígenas habitantes y en tránsito por la zona AMO. De buena fe implica procedimientos culturalmente adecuados a cada una de las comunidades afectadas, y no asambleas express, improvisadas y de pocas horas, sin información en idiomas indígenas y sin el tiempo necesario para que todos los miembros de la comunidad puedan emitir su opinión”.

A su vez, añaden que la consulta debe hacerse “desde las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad”.

“El Estado está obligado a que todos los miembros del pueblo o comunidad tengan conocimiento pleno y amplio de los posibles riesgos, incluidos los ambientales y de salubridad. La efectiva participación implica que el Estado tiene la obligación de consultar activamente con todas las comunidades y pueblos en la zona y aledañas susceptibles a posibles impactos, con base en sus costumbres y tradiciones, aceptar y brindar información, y promover la comunicación constante entre las partes. Un plan de desarrollo o inversión propuesto en zonas indígenas sólo es válido cuando pueblos y comunidades ancestrales tienen total conocimiento, y luego lo aprueban de forma voluntaria”.

El derecho a la consulta previa es apenas el primer paso para hacer el efectivo el derecho al consentimiento libre, previo, informado y de buena fe, siendo la consulta la condición para el consentimiento, puntualiza el comunicado.

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