Jueves, 11 Agosto 2016 00:00

Gobierno apuesta al rentismo minero y abandona la Guayana sustentable

 
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Más de 30 mil mineros informales, calcula el alcalde Carlos Chancellor, ejercen la minería solo en Las Cristinas, prometida a la transnacional Gold Reserve Más de 30 mil mineros informales, calcula el alcalde Carlos Chancellor, ejercen la minería solo en Las Cristinas, prometida a la transnacional Gold Reserve Foto Clavel Rangel

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Nicolás Maduro ha colocado su mirada al sur del país como un salvavidas de último minuto, justo cuando la economía se hunde, las deudas suben y la conflictividad social aumenta.

Es un proceso que comenzó en 2014 cuando Venezuela entró oficialmente en recesión con contracciones sostenidas del producto interno bruto (PIB).

En este contexto el Gobierno se ha ideado la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) para “impulsar la transición del rentismo petrolero con esfuerzos sostenidos y coherentes de gestión pública”, explicó el primer mandatario.

Si bien Hugo Chávez consideró el sur, el boom rentista lo distrajo de las potencialidades mineras. En su lugar, planteó el Plan Guayana Socialista 2009-2019 para rescatar aquella idea de la década de los años 60 de la alternativa no petrolera, pero ahora con un esquema personalista.

Durante la bonanza, con los mayores ingresos de divisas, Chávez ensayó al menos unos cinco planes de gestión socialista en las empresas básicas de la región que fueron desde la cogestión hasta los presidentes-trabajadores.

Los resultados a corto plazo fueron una caída de la producción y  profundización de las pérdidas. Hasta hace una década las empresas básicas representaban el 40% del producto interno bruto (PIB) no petrolero en el país, y un 10% del PIB, lo cual proyectaba a la región -junto al desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco- como el colchón de la economía.

Pero la concepción centralista y los continuos ensayos políticos en la industria del estado Bolívar aceleraron la desinstitucionalización de la región y la instauración de un Estado minero, paralelo, controlado por bandas y penetrado por la Fuerza Armada Nacional (FAN).

Desorden

El mal precedente del Ejecutivo en el cuido de otras áreas como la cuenca del Caroní o el Parque Nacional Canaima no son buenas credenciales para el Gobierno cuando habla del AMO.

Sobre todo en zonas donde la guerra por el control de los territorios por parte de grupos armados ya arrojan más de 50 muertos en 2016, 17 de ellos renombrados después de la protesta del pueblo de Tumeremo por la masacre del 4 de marzo de 2016 y la desaparición forzada denunciada por organizaciones como Cofavic.

Y aunque el planteamiento extractivista tampoco es nuevo (en 1997 el entonces presidente Rafael Caldera planteó retirar la figura de reserva forestal a la Sierra de Imataca), muchos fueron los amagues del Gobierno para llegar a la Gaceta Oficial número 40.855.

Con el ascenso de Chávez, indicó Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, muchos de los activistas indígenas y ecologistas que se habían manifestado en contra de la apertura minera en Imataca comenzaron a trabajar para el nuevo Ejecutivo.

En esa línea, ha sido progresiva la pérdida de la soberanía al restarle capacidades a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), disminuir las condiciones de la estatal Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (Minerven) e ir sustituyendo sus tareas con empresas extranjeras.

Aniquilar a Minerven parecía fundamental tratándose de la estatal que -en teoría- monopolizaría la actividad minera al sur del estado Bolívar.

En ese orden, ha sido la cuantificación y certificación de reservas mineras otro eslabón en la entrega de la soberanía al firmarse -en 2012- acuerdos con la estatal china Citic Group para el desarrollo conjunto del proyecto Las Cristinas (en el municipio Sifontes) y, este 5 de agosto, acuerdos con Afridiam, Yankuang Group, Gold Reserve y China CAMC Engineering.

Entre 2002 y 2016 ha ensayado al menos cinco planes para el control y ordenamiento de la actividad minera. Pasando por la Reconversión Minera, Plan Piar, Plan Caura hasta la Comisión presidencial para la protección, el desarrollo y promoción integral de la actividad mineral lícita en la región de Guayana, siendo los resultados similares: violencia y anarquía.

Del petrolero al minero

Ese último antecedente preocupa con el acento en una política rentista, desesperada por una crisis económica que ahoga el margen de gobernabilidad de un Ejecutivo fragmentado y flanqueado por el fantasma de Chávez.

La discusión sobre el desarrollo de esta zona prístina se remonta, sin embargo, a 1938 cuando se dio la exploración global y se ordenó el estudio de la Sierra de Imataca y la Gran Sabana. “El informe de la comisión exploradora arrojó una importantísima evaluación de los yacimientos de mineral de hierro y abrió una polémica en torno a su explotación y el aprovechamiento hidroeléctrico del Caroní, lamentablemente entibiada a causa del estallido de la II Guerra Mundial”, recuerda la publicación A las puertas de El Dorado, a propósito de los treinta años de la CVG.

De aquellos análisis de la década de los años 30 los que más resaltan son los del escritor Enrique Bernardo Núñez, quien recordó cómo los contratos particulares habían sido traspasados al extranjero bajo los afeites del desarrollo de nuestras riquezas o el progreso nacional, y concluía que el Caroní era una reserva nacional.

Lejos de convertirse en una política extractivista, el desarrollo de la industria en Guayana planteaba el desarrollo sustentable de las ventajas comparativas como el sector aluminio o ferrosiderúrgico.

No en vano el entonces presidente Rómulo Betancourt instaba a contemplar la región como el próximo Detroit, la ciudad estadounidense emblema de la industrialización. Era parte de una discusión que durante la Junta Revolucionaria (1945-1948) se daba con la creación de la Corporación Venezolana de Fomento.

El objetivo era lograr un desarrollo económico basado, principalmente, en el aprovechamiento de recursos pasando por el impulso de la electricidad y, por último, de la siderúrgica.

Para el entonces presidente “encontrarse la energía eléctrica del Caroní, la producción de acero de la siderúrgica, las enormes extensiones de tierra colonizables y el hierro que en cantidades inconmensurables está a flor de tierra, un desarrollo integral de la agricultura y la cría (permitiría) ver sin tristeza, y acaso con íntima alegría, que deje de estar saliendo el oro negro de los taladros de Oriente y Occidente”.

Esa última frase resumía los anhelos de superar una política rentista que comenzó con la nacionalización del petróleo y nos hizo dependientes en más de 70 por ciento de nuestra economía. Era lo que el periodista y político Arturo Uslar Pietri proponía al plantear la necesidad de invertir la riqueza producida con la insignia de sembrar el petróleo.

80 años después, aquel lema sigue intacto luego del desmoronamiento del proyecto chavista, únicamente sostenido por el emblema del boom petrolero. Las voces en contra, muy al contrario, no han impedido el avance de esta política.

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