Lunes, 08 Agosto 2016 00:00

Disidentes acusan a Maduro de “criminalizar, burlar y ocultar” pronunciamientos en contra del AMO

 
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El Arco Minero del Orinoco involucra el 12 por ciento del territorio nacional para la explotación minera El Arco Minero del Orinoco involucra el 12 por ciento del territorio nacional para la explotación minera Foto Clavel Rangel

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La Plataforma contra el Arco Minero reiteró el domingo, a través de un comunicado, que los nuevos acuerdos firmados por el gobierno de Nicolás Maduro con empresas transnacionales para la explotación del oro, coltán y diamante, no solo violan la Constitución sino que pasan por encima del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La plataforma, integrada por Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro, Esteban Emilio Mosonyi, Freddy Gutiérrez, Juan García, Edgardo Lander, Gustavo Márquez, César Romero y Santiago Arconada, rechaza -además- la criminalización emprendida por el Gobierno contra la disidencia.

Se trata, señala el documento, de una campaña de desprestigio y criminalización en contra de quienes condenan “la militarización y la violación de derechos constitucionales contempladas en la zona delimitada para el proyecto, en la que se le ha entregado el poder a una cúpula militar para que maneje las concesiones y acuerdos a través de la empresa Caminpeg”.

Desacato legal

Los acuerdos firmados por el ministro de Desarrollo Social del Arco Minero, Roberto Mirabal, involucran a las empresas EnerGold Mineral: SupraCal, HidroCal, Ecomine, Gold Reserve, FAOX y la empresa mixta Hiuaniamon Pinen Company.

Mirabal informó el pasado 5 de agosto, durante una transmisión desde el Banco Central de Venezuela (BCV), que gracias a los convenios se invertirán 4.500 millones de dólares en el transcurso de 2016 y 2017 para promover el crecimiento del motor minero.

Con este acto, advierten los voceros, el gobierno incurre en desacato al desconocer la admisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, del recurso de nulidad del decreto 2.2248 que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, por ilegalidad e inconstitucionalidad.

El recurso fue introducido en el Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo, y fue admitido por la Sala Político-Administrativa del mismo ente el pasado 21 de junio bajo el expediente N° 2016-0358/DA-JS.

El documento contempla como primera medida cautelar: “Que se ordene al Poder Ejecutivo la postergación de todos los actos, actividades, trabajos intelectuales o manuales o cualquier acción directa o indirecta que signifique un inicio, desarrollo o conclusión de faenas preliminares, parciales o de índole semejante, que conciernan a los espacios delimitados como Arco Minero del Orinoco”.

Lo cual implica que, los contratos y memorandos suscritos el pasado 5 de agosto por el Presidente de la República y los ministros relacionados del área, tienen un carácter de nulidad.

“Con estas acciones, el Ejecutivo omite un juicio de interés nacional, que toca temas sensibles como la soberanía, el equilibrio ecológico, la economía del país, derechos ambientales, sociales y políticos, de todos los venezolanos, por tratarse de un proyecto de gran escala y alto impacto socio-ambiental”.

La plataforma condena la manera desesperada y frenética con la que el Gobierno busca recursos que son destinados al pago de la deuda externa contraída arbitrariamente. Todo esto, subrayan, muestra “una sumisión aberrante ante los organismos mafiosos del sistema financiero internacional, el gobierno ignora y pisotea las leyes y reglamentos que rigen el país, violando la constitución que apenas un día antes decía defender y conmemorar”.

El decreto N° 2248, no es un decreto ley, este se desprende de la ley de zonas económicas especiales (decreto con rango valor y fuerza de Ley N° 1425), y al involucrar acuerdos internacionales de semejante magnitud debe pasar por el debate del poder legislativo como lo establece nuestra carta magna, explica.

“El decreto y los acuerdos suscritos, debieron ser discutidos en plenaria en la Asamblea Nacional”.

Cuestionan, por ejemplo, que Nicolás Maduro intente “blindarse de los números señalamientos honestos y comprometidos que muchas personas y organizaciones hemos hecho contra el Arco Minero”, criminalizando a la disidencia frente a la iniciativa de “profundizar el rentismo y entregar la soberanía nacional”.

“Detrás de algunos voceros que se oponen al Arco Minero, hay mucho dinero de mafias que controlan la minería. Yo le digo a esos traidores que el Arco Minero va”, dijo Maduro el pasado 5 de agosto.  

“Estos señalamientos atentan contra la libertad de expresión y la democracia participativa consagrada en la Constitución de la República Bolivariana del año 99 y concretamente, criminaliza a todos aquellos estudiantes, intelectuales, voceros indígenas, trabajadores, profesionales y dirigentes comunitarios que se han pronunciado en contra del proyecto Arco Minero del Orinoco, arriesgando al mismo tiempo nuestra seguridad jurídica y personal, atacando a la disidencia”.

Los voceros reiteran que la lucha contra el proyecto megaminero ha sido acompañada “en todo momento, de argumentos y denuncias ampliamente razonadas y sustentados” y que, en vez de socializar el debate públicamente con el pueblo venezolano, “el gobierno opta por el camino de la descalificación y retaliación política”.

Condenan, además, que el Gobierno busca blindar un discurso flaco y sumamente débil diciendo de manera cínica que al plan se han incorporado más de 180 comunidades indígenas en arduas horas de discusión que no han sido demostradas, tampoco las consultas públicas.  

“No solo criminaliza, si no que a manera de burla, oculta e ignora todos los pronunciamientos públicos de organizaciones indígenas en contra del AMO (Arco Minero del Orinoco) [3], como lo hizo anteriormente con la lucha de las comunidades Yukpa en contra de la explotación del carbón en la Sierra de Perijá”.

Quienes suscriben, participantes del otrora proyecto de Chávez, aseguran que se mantendrán la protesta en contra del AMO, el cual consideran una atrocidad que compromete el futuro de la nacional y la vida.

“Así, como hace pocos días el pueblo de Córdoba en Argentina sacó a la transnacional Monsanto, llegará el momento en que el pueblo venezolano derogue el Decreto N° 2248 y saque a cualquier transnacional minera que pretenda seguir saqueando al país”.

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