Lunes, 08 Agosto 2016 00:00

Comunidades indígenas rechazan imposición del Arco Minero del Orinoco

 
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“El Arco Minero del Orinoco es una fuente magnifica y extraordinaria que tiene Venezuela”, Nicolás Maduro, 24 de febrero al hablar de “equilibrar los ingresos” económicos del país “El Arco Minero del Orinoco es una fuente magnifica y extraordinaria que tiene Venezuela”, Nicolás Maduro, 24 de febrero al hablar de “equilibrar los ingresos” económicos del país Foto Minci
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Tras la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO), el pasado 24 de febrero, se ha generado controversia entre especialistas y la comunidad indígena, ya que en dicho documento el Ejecutivo nacional designa una extensión de tierra de 111.843 kilómetros cuadrados destinada a la explotación de minerales en el estado Bolívar, con el fin de estimular otros sectores productivos en el país, lo cual generaría un impacto socioambiental devastador para el área y sus habitantes.

Pese a las declaraciones de Jorge Arreaza, vicepresidente del Área Social, durante la segunda reunión de la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, en la que destacó la protección e inclusión de la comunidad indígena en la actividad minera, organizaciones indígenas expresaron a través de un comunicado su rechazo ante la explotación del AMO, y además ante la imposición del proyecto en sus tierras.

Consulta previa y libre 

Organizaciones indígenas del estado Amazonas, liderado por Orpia, alegan que la promoción de proyectos mineros en el sector atentan las garantías presentes en el capítulo VIII (de los derechos humanos y garantías, y de los deberes de los pueblos indígenas) de la Constitución.

Las comunidades denuncian que la invasión a sus tierras ocasionará que los “modos de vida serían afectados irreversiblemente por la actividad minera”. 

Los pueblos víctimas del proyecto en el estado Bolívar son: Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Yekwana, Sanema y Pemón; los cuales se encuentran dentro del territorio del Arco Minero. También sufrirán daño comunidades indígenas cercanas del Amazonas y Delta Amacuro.

Exhortan  a las instituciones en el cumplimiento de los estatutos planteados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce y protege la vida y existencia de los nativos. Así como también “la consulta previa, libre e informativa” con las comunidades.

Representantes indígenas refutan el intento del Gobierno nacional por ocultar el impacto ecológico y la ilegalidad tras el AMO. “La decisión de crear el AMO se realiza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas”, dicta el comunicado, refiriéndose al artículo 129 de la Constitución.

Para el abogado especialista en derecho indígena, politólogo, doctor en Estudios del Desarrollo y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar, hay una “relación directa entre el balance negativo de los derechos indígenas con la aceleración de la política extractivista del Estado.

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