Lunes, 18 Julio 2016 00:00

Profesionales reiteran amenazas ambientales irrecuperables del Arco Minero del Orinoco

 
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La veterinaria Katherine Morales alertó sobre los daños a una biodiversidad de casi mil especies en la cuenca del río Orinoco La veterinaria Katherine Morales alertó sobre los daños a una biodiversidad de casi mil especies en la cuenca del río Orinoco Foto Wilmer González

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El severo daño ambiental que supone el solo planteamiento del Arco Minero del Orinoco no deja de causar alarma en Venezuela, y la necesidad de mantener informada a la colectividad sobre la amenaza que representa la aplicación de este proyecto sigue motivando iniciativas.

El jueves pasado un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) de la maestría en Ciencias Ambientales, organizó y presentó un foro con el nombre Arco Minero del Orinoco: La lucha por el agua, la vida y el territorio, en la sede de posgrado de esta casa de estudios en la urbanización Chilemex.

El riesgo al que se expone la reserva de agua dulce de la cuenca del Orinoco que pretende explotarse es altísimo. La veterinaria Katherine Morales, ponente de este foro, explicó que en esta cuenca -la segunda más biodiversa de Latinoamérica- hay 939 especies corroboradas. En la cuenca del río Cuyuní, igualmente involucrada en el territorio del Arco Minero del Orinoco, hay 186 especies corroboradas.

  La reserva forestal de Imataca -hábitat natural del águila arpía- produce una biomasa de 500 toneladas al año por hectárea. Su aniquilación no solo representa el daño a las especies allí asentadas, sino “que reduce la capacidad de absorción de los gases efecto invernadero, acelerando así el calentamiento global”.  






Según Morales, los químicos y otras sustancias contaminantes como mercurio y cianuro afectarán, no solo el suelo, el ecosistema y las poblaciones asentadas en esta área al sur del estado Bolívar, sino que las corrientes del Orinoco podrían arrastrarlas hasta la corriente del océano Atlántico, donde desemboca el río padre.

La sierra Imataca, un Área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae) decretada por el Estado, está en riesgo con la explotación del plan minero. Aunque ya se encuentra afectada por la deforestación indiscriminada, el Arco Minero supondría una mayor devastación.

Esta importante reserva forestal, hábitat natural del águila arpía, produce una biomasa de 500 toneladas al año por hectárea. Su aniquilación no solo representa el daño a las especies allí asentadas, sino “que reduce la capacidad de absorción de los gases efecto invernadero, acelerando así el calentamiento global”, explicó Morales.

Recordó que el Estado no consultó con las comunidades indígenas sobre este plan que plantea intervenir nada menos que 12 por ciento del territorio nacional y que, a largo plazo, también representará problemas sociales como el desarraigo de las comunidades y enfrentamientos armados, como ya se vive en las zonas mineras.

Papel del Estado

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El coronel Carlos Sánchez, coordinador de la Guardería Ambiental del estado Bolívar, también formó parte de los exponentes del foro. Disertó sobre la legislación que rige este componente de la Guardia Nacional (GN) y sus alcances dentro de la entidad, destacando la importancia del apoyo de instituciones investigadoras como la UNEG y Fundación La Salle, en la protección y desarrollo sostenible de los recursos naturales.

Recordó que la GN puede realizar las detenciones que deriven en procedimientos administrativos y penales, los cuales son investigados por la Fiscalía Tercera Ambiental del estado Bolívar.

Para Zulmira Cabareda, otra de las ponentes de esta actividad académico-informativa del jueves en la UNEG, es necesario que el Estado reconozca los errores cometidos en el planteamiento de este proyecto minero, que involucra empresas de baja reputación en cuanto a los daños ambientales causados con su trabajo alrededor del mundo, entre las que citó a la canadiense Gold Reserve.

La recuperación del Ministerio del Ambiente como institución independiente y contralora de las actividades que involucren los ecosistemas resulta vital en este sentido, toda vez que el Ejecutivo implantó la cartera de Ecosocialismo y Aguas que relega el despacho de ambiente a un viceministerio. De ahí que estas autoridades debería, a juicio de la ingeniera Cabareda, derogar la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco.

Actualmente está en curso una demanda de nulidad en contra de este plan minero, introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por un grupo de adversarios a la medida estatal. Está precedido de una serie de pronunciamientos públicos adversando al Arco Minero del Orinoco por parte de diversos factores sociales, comunidades indígenas, movimientos políticos y académicos.

No hay pronunciamientos recientes sobre el presidente Maduro, el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, el TSJ o la Fiscalía General de la República sobre el tema.

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