Jueves, 14 Julio 2016 00:00

Ministerio Público instruye a funcionarios en sanciones sobre delitos ambientales y minería ilegal

 
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El director de Defensa Integral Ambiental del MP, Abigaíl Rodríguez, indicó que esta institución se pronunciará próximamente sobre legalidad del Arco Minero del Orinoco El director de Defensa Integral Ambiental del MP, Abigaíl Rodríguez, indicó que esta institución se pronunciará próximamente sobre legalidad del Arco Minero del Orinoco Archivo
 

Israel Pérez

Israel Pérez, fiscal superior del estado Bolívar: “Estamos enfocados en sensibilizar a la colectividad y los funcionarios para que lleven a cabo unos procedimientos bien ajustados a la norma para que nos permitan hacer presentaciones impecables”. Abigail

Abigaíl Rodríguez, vocero de Defensa Integral Ambiental y Delitos Ambientales del MP: “El MP ha sido un ente preocupado por el combate frontal en contra de la minería, y este año en el mes de marzo se ratificó la solicitud de medidas pre-cautelativas ambientales ante el órgano jurisdiccional, donde una vez más se prohíbe la minería ilegal en distintas zonas del estado Bolívar”.
 
     

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El Ministerio Público (MP) celebró este jueves el “II Foro regional en materia ambiental y minería en el estado Bolívar” en el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay, destinado a la capacitación de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, como la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la Policía del Estado Bolívar (PEB).

El director de Defensa Integral Ambiental y Delitos Ambientales del MP a nivel nacional, Abigaíl Rodríguez Jiménez, indicó que la finalidad del foro es “hacer del conocimiento a las autoridades militares y civiles de la región todo el trabajo que debe hacerse como política en contra de la minería ilegal y unificar criterios” a nivel nacional, para garantizar la preservación del ambiente y la salud de las personas asentadas en el sur del estado Bolívar.

La actividad se realizó de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y contó con la participación de funcionarios de los cuerpos de seguridad mencionados, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Caroní, dirección regional del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (Minea), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Rodríguez dictó la ponencia sobre “aspectos penales vinculados a la minería”. El inspector técnico regional Guayana N°1 del Ministerio para el Desarrollo de la Minería, Jhonny López; el director estadal ambiental en Bolívar del Minea, Jhonny Sucre, y el coordinador de Guardería Ambiental en la entidad, Carlos Sánchez, fueron los otros tres exponentes del foro.

Israel Pérez, fiscal superior del estado Bolívar, refirió que esta actividad se enmarca en los esfuerzos del MP por “sensibilizar a la colectividad y los funcionarios para que lleven a cabo unos procedimientos bien ajustados a la norma para que nos permitan, a la hora de hacer las presentaciones de los detenidos en tribunal, hacerlas de forma impecable”, garantizando el debido proceso y los derechos humanos.

Respecto al Arco Minero

Daños irrecuperables a la biodiversidad y a las comunidades indígenas, cuencas hidrográficas y poca confiabilidad de las empresas extractoras son, grosso modo, las grandes críticas al plan Arco Minero del Orinoco, la reciente propuesta del Estado para ordenar la minería en el sur del estado Bolívar.

Se consultó al director de Defensa Integral del Ambiental y Delitos Ambientales del MP sobre estos aspectos y su disertación dentro del foro de este jueves. Recordó que actualmente está en proceso un recurso de nulidad contra el Arco Minero en la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), interpuesto por un grupo de personas, entre ellos la exdiputada chavista Ana Elisa Osorio.

“Le corresponderá al MP, en su momento, fijar una postura en cuanto a la legalidad de este decreto del Arco Minero. Lo que sí hay que decir desde ya es que la normativa constitucional y ambiental de nuestro país exige una serie de requerimientos para que toda actividad susceptible de agraviar el ambiente esté acompañada de estudios de impacto ambiental e, inclusive, el tema de los indígenas debe estar acompañado de una consulta previa”.

El presidente Nicolás Maduro no presentó públicamente el plan de impacto ambiental de esta estrategia del estado, que empeñará los sectores mineros a compañías internacionales de cuestionada reputación. Además, tampoco se consultó a las comunidades indígenas asentadas en esta zona sobre los próximos procesos de extracción.

 

BARRA5

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De la minería ilegal actual

Rodríguez enfatizó que el MP “ha sido un ente preocupado por el combate frontal en contra de la minería, y este año en el mes de marzo se ratificó la solicitud de medidas pre-cautelativas ambientales ante el órgano jurisdiccional, donde una vez más se prohíbe la minería ilegal en distintas zonas del estado Bolívar”.

Sin embargo, la práctica sigue realizándose al margen de la ley en los distintos yacimientos de este estado. Al respecto, Pérez señaló que “los procedimientos que se nos presentan (al MP) por los distintos organismos de seguridad del Estado han sido procesados como corresponden”, en cuanto a minería ilegal y destrucción de la capa vegetal. Refirió, además, inspecciones que realizó la Unidad Técnico Científica Ambiental del MP en las últimas semanas como la mina Gato, Botanamo y Las Luisas.

Por su parte, Rodríguez reiteró “la facultad que tiene la FAN de destruir todos los campamentos mineros que, sin duda alguna, están causando impactos negativos en el ambiente”, al igual que la incautación de maquinarias terrestres y fluviales.

 

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