El general de división, Danilo Enrique Tello, estará a cargo de esta nueva instancia.

Tres organizaciones de derechos humanos señalaron, en la víspera de este 12 de octubre -Día de los Pueblos Indígenas-, que el Gobierno miente al afirmar que ha hecho “consultas” para implementar Arco Minero del Orinoco. Demandan realizar consultas a indígenas y presentar estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Acusan al encargado de la misión en Bolívar, Héctor Herrera Jiménez, de exigir para sí el 30% de las obras de cada conjunto residencial, so pena de que los terrenos sean invadidos con un “sindicato”.

Desde el pasado fin de semana se rumoraban los cambios. Algunos de ellos, ya eran un hecho pero no habían sido oficializados.

En San Félix, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar se han identificado terrenos que podrían ser ocupados por el Gobierno para desarrollar proyectos de la GMVV, lo que violaría lo estipulado en la Constitución venezolana que garantiza el derecho a la propiedad privada.

 La organización destaca las violaciones en materia de derechos humanos, con la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, tutelada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

¿Por qué no se realizaron las convocatorias públicas, con atractivas condiciones laborales, para contratar el equipo humano necesario?

La resolución que obliga a trabajadores a prestar servicios en el ramo agroalimentario es violatoria del convenio 29 de la OIT, relativa al trabajo forzoso, así como del artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 30 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial N° 40.950 del viernes 22 de julio.

Bajo el título “La precariedad de la justicia venezolana”, la organización alertó sobre las consecuencias de los argumentos de la Sala Constitucional del TSJ.

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