Miércoles, 15 Marzo 2017 00:00

Asesinato de dirigente sindical revive episodios de violencia en el sector construcción

 
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El exsecretario general Joel Alcalá fue baleado el lunes en la mañana al salir de la estatal Bauxilum El exsecretario general Joel Alcalá fue baleado el lunes en la mañana al salir de la estatal Bauxilum Foto William Urdaneta

El asesinato de Joel Alcalá, el posible restituido secretario general de Sutralúmina, retrotrae a un modo que durante 2002 a 2007 fue el método para dirimir conflictos en el ramo de la construcción; un proceder por el cual el estado Bolívar lideró la cifras de violencia al concentrar el 42,47 por ciento de los casos de sicariato sindical en todo el país.

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Más violencia,
menor productividad

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulada Violencia en el trabajo (2003) advierte del uso de grupos parapoliciales por parte de los gobiernos para controlar al movimiento sindical.

“En todo el mundo, especialmente donde no se respetan sus derechos, a menudo los sindicalistas son objeto de violencia. Parece estar propagándose la antigua práctica de algunos gobiernos y empleadores de contratar a personas para intimidar y agredir a militantes sindicales; con ello esperan eludir la responsabilidad por los actos de violencia”, destaca el documento.

Los estándares internacionales recomendados por la OIT apuntan a acuerdo entre empleadores y representantes de los trabajadores para erradicar la violencia. “Si no se dan respuestas efectivas y enérgicas al reto que supone eliminar la violencia en los lugares de trabajo, la misma continuará formando parte del entorno laboral de las futuras generaciones de trabajadores”.

¿La consecuencia?, responde, mayor ausentismo, menor productividad, deterioro de las relaciones laborales y dificultades para contratar nuevo personal.

“Además del grave problema moral, todos pagamos los efectos de la violencia en el trabajo”, pues, entre otros factores, “hace también que aumente el grado de miedo y de ansiedad de la sociedad”, analiza.

A todas las partes -empleadores, empleados y quienes toman las decisiones políticas-, sugiere el documento de la OIT, les conviene -en teoría- crear entornos laborales exentos de violencia.barra ama335

 

Dirigentes del veterano movimiento sindical de Guayana habían estado alertando desde 2011 que un asesinato como el perpetrado el lunes contra el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Alúmina, Bauxita y sus Derivados (Sutralúmina), Joel Alcalá, podía ocurrir si seguían cerrando los espacios democráticos y se continuaba promocionando la violencia en las empresas básicas como método para contener protestas y coaccionar a dirigentes.

Las amenazas, persecuciones, disparos, presencia de hombres armados dentro de las fábricas y palizas durante asambleas de trabajadores han sido signos de alarma para un sector del movimiento sindical (tanto opositor como oficialista) que públicamente ha exigido al Gobierno sancionar a los responsables y desmarcarse de estos hechos.

Por eso el asesinato del dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Alúmina, Bauxita y sus Derivados (Sutralúmina), Joel Alcalá, posible restituido secretario general según un dictamen del CNE, no sorprende a muchos.

Desde hace al menos cinco años, el clima sindical dentro de  CVG Bauxilum, la estatal refinadora de alúmina, ha estado mutando desde encontronazos en los portones de grupos afines al partido de gobierno hasta amenazas de muerte por mensajería instantánea, todo dentro de una controvertida disputa por el control de los sindicatos.

El atentado contra Alcalá, de hecho, ocurre cinco años después de que el entonces secretario general de esa organización, José Luis Morocoima, fuese herido de bala durante una protesta por mejores salarios.

Salvo ese episodio en 2011, es la primera vez que un dirigente sindical de empresas básicas es asesinado.

El hecho retrotrae a un modo que durante 2002 a 2007 fue el proceder para dirimir conflictos en el ramo de la construcción; un método por el cual el estado Bolívar lideró la cifras de violencia al concentrar 42,47 por ciento de los casos de sicariato sindical en todo el país, de acuerdo a los datos de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

Fue un desmán que el Gobierno silenció mediante un pacto con los sindicatos de la construcción, concebidos en lo que llamaron mesas de trabajo, y que consiste en la repartición geográfica de los reportes de empleo. El resultado fue una paz laboral ficticia.

Desde este extremo del país, el monopolio de la violencia se ejerció en las grandes construcciones en cuya actividad el Estado tenía participación, no solo como tenedores del capital, sino a través de cuotas en los sindicatos creados con el amparo del paralelismo sindical promovido por el Ejecutivo para debilitar al constituido movimiento de trabajadores en el país.

Caso emblemático fue la construcción del polémico e inacabado Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay, impulsado bajo el apuro de la Copa América 2007 y donde la extorsión se hizo parte del modus operandi de organizaciones que, aunque no convocaban a elecciones o lo hacían sin contrincantes, obtenían legitimidad del Ministerio del Trabajo. 

A partir de 2009, los sicariatos en los portones de las construcciones dejaron de aparecer en escena, no por una erradicación de la violencia sino una mutación: la entrega de más poder.

Los antecesores de lo que hoy se ha constituido como un pranato en el país no solo comenzaron a escalar poder económico, sino también político al enfilarse en el partido de gobierno y compitiendo en elecciones para cargos populares.

En 2011, cuando la conflictividad en el sector aluminio estaba en apogeo por la mora en la discusión de las convenciones colectivas (hasta seis años de retraso), hombres armados se infiltraron dentro del movimiento sindical para controlar los conflictos y coaccionar a la dirigencia. Fueron llamados garantes de paz.

Fue así como en mayo de 2011, en el desarrollo de una huelga, el entonces secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alúmina (Sutralúmina), José Luis Morocoima, fue tiroteado cuando protestaban por mejores salarios en el sector.

Sus agresores, vinculados a la organización de la construcción Muralla Roja, salieron en libertad a los días y con medidas de presentación. Apenas en 2016, el líder de esa organización se desmarcó del entonces presidente de Bauxilum, José China, reconociendo los favores que le hizo.

No fue el único episodio en ese mes; también en la empresa vecina, CVG Venalum, fue fotografiado el otrora presidente de la estatal, Rada Gamluch, junto a hombres armados cuando intentaba irrumpir en una protesta laboral.

Eventos similares ocurrieron en Carbonorca y en Alcasa con el amparo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Los sucesos de esa semana terminaron en el portón de Ferrominera Orinoco (FMO) con el homicidio del dirigente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Renny Rojas, cuando intentaban elegir la comisión electoral del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera).

Pese al escándalo y su vinculación con el partido de gobierno, su homicidio jamás fue esclarecido. Trabajadores responsabilizaron a otro dirigente del PSUV (hoy en libertad) del disparo, pero en su lugar fue arrestado Rodney Álvarez, un empleado de Ciudad Piar por quien organizaciones sindicales y de derechos humanos han emprendido una campaña en su defensa.

Al cierre de ese período, los denominados garantes de paz obtuvieron luz verde para migrar a las minas y controlar el negocio ilegal del oro.

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Por el oro

 

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La migración a las minas de las bandas armadas ocurrió en paralelo a la de cientos de venezolanos en busca de su sobrevivencia económica. El sur del estado Bolívar se convirtió en el refugio y en el modo de vida de las grupos delictivos del estado Bolívar y del oriente del país.

No hubo pruebas, entonces, para aseverar que fue un plan deliberado del Gobierno, pero en el 2013 el caso de Yorman Márquez, apodado Gordo Bayón, permitió establecer una correlación entre el Gobierno y estos grupos.

Gordo Bayón, asesinado en Caracas a pocas cuadras de la casa presidencial, no solo estaba en la nómina de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), pese a no ser un trabajador y tener prontuario por sicariato, sino que era movilizado por el Gobierno para monitorear la discusión del contrato colectivo de Sidor en Miraflores. 

Bayón fue capturado al menos en dos oportunidades en la acería intimidando a trabajadores, pero siempre salió en libertad. También era conocido por el control de la mina Cicapra en Guasipati y otros yacimientos auríferos.

Con el desplazamiento de los garantes de paz, el Gobierno evadió su responsabilidad tanto en la filtración de hombres armados a las empresas básicas, como en la anarquía en los municipios mineros del sur este y del oeste del estado Bolívar.

Un informe del 2016, divulgado este mes, da cuenta de algunos de esos detalles. El documento entregado por el excomisario del Sebin, José Gregorio Lezama Gómez, al entonces jefe del Servicio Bolivariano y posterior ministro de Interior y Justicia, confirma las advertencias que desde otras dependencias se hacían al Ejecutivo.

El comisario, hoy preso, responsabilizó al entonces secretario de seguridad ciudadana, Julio César Fuentes Manzulli, y al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, de amparar a este grupo de delincuentes migrados a las minas.

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Ajuste de cuentas

El Gobierno jamás reconoció el término violencia sindical. En sus intervenciones en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a propósito de una queja interpuesta por trabajadores, la vocería gubernamental aseveró que menos del cinco por ciento de los casos denunciados como sicariato sindical se corresponde con dirigentes legítimamente electos.

La exposición del gobierno quedó recopilada en el informe publicado en marzo del 2012 por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, en el cual -una vez más- el órgano de las Naciones Unidas pidió conformar una comisión tripartita, presentar los resultados de las investigaciones, el estatus de los casos y las sentencias dictadas para sancionar a los responsables.

Según el análisis oficial, el impulso en la construcción de viviendas y desarrollo de infraestructura, los beneficios de la convención colectiva que según el gobierno ampara a 1 millón 200 mil personas, el aumento del poder adquisitivo y “la cantidad de obras que existen en el país ha hecho permeable a la acción delictiva de algunos grupos”.

La conclusión se derivó de la mesa de trabajo en el sector construcción y la comisión especial para el seguimiento de los casos de violencia laboral presidida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia instalada en  noviembre del año 2011.

Aunque la comisión solicitó al Ejecutivo comunicar la totalidad de los casos de violencia, este solo cumplió con la creación de una comisión de seguimiento multidisciplinaria que, en el estado Bolívar, era también presidida por el general Julio César Fuentes Manzulli.

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