Jueves, 28 Julio 2016 00:00

La inconclusa y endeble lucha anticorrupción de Maduro

 
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Contratistas libres

Un dato curioso de la sentencia al expresidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, es el reconocimiento del delito de asociación con contratista. Empero, el único detenido involucrado en el caso fue el empresario Yamal Mustafá, quien obtuvo libertad en diciembre de 2015 por una medida de sobreseimiento.

Su sobrino, Manuel Mustafá, que al menos operaba con tres empresas en Ferrominera, jamás fue apresado aunque se libró orden de captura. En paralelo, en el caso de extorsión por el que se enjuicia al coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, otros empresarios figuran en calidad de presuntas víctimas de extorsión. 
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La noche del 30 de abril de 2015, tres de los cinco gerentes acusados de corrupción en Ferrominera Orinoco se declararon culpables. Lo hicieron en la audiencia preliminar del caso, demorada en Caracas y al menos en tres oportunidades suspendida.

Era una decisión que, sopesando las características del expediente, parecía favorecerles. El expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh y su consultor jurídico, Noel Ramírez, entonces, apostaron otra ruta y se dijeron inocentes.

El pasado 22 de julio, 15 meses después, aquella historia parece haber llegado a su fin: Sabbagh se declaró culpable de los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.

El caso es de los pocos que llega a los tribunales. Datos de la Fiscalía General de la República confirman que la impunidad en el ámbito corrupción asciende a 97%, cifra que para la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, explica la grave crisis económica que atraviesa Venezuela.

La lucha contra la corrupción planteada en Ferrominera Orinoco, cuyo alcance involucró el tráfico de mineral estratégico y extorsión, es parte de las consignas con las que Nicolás Maduro inició su gobierno en 2013 pero que, en general, para Freites, no representa un planteamiento serio.

“Todos los gobernantes levantan la bandera anticorrupción cuando son candidatos. Y los primeros días hacen algunas muecas adicionales pero, esfuerzos adicionales, no ha habido en Venezuela”, señala.

En parte porque la lucha anticorrupción, formalmente, es un tema de interés reciente. Apenas en 1997 se firmó la Convención Interamericana contra la Corrupción, su mecanismo de seguimiento en 2003 y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2004, es decir, “es una exigencia formal en el siglo XXI”.

Los mecanismos de investigación, como el Cuerpo Nacional Anticorrupción y el Sistema Popular de Defensa de la Paz y la Integridad de la Patria (creado por Maduro en 2014), son estructuras que, analiza, responden más a generar más corrupción.

Era una unidad con poderes que, para Transparencia, tenía facultades extraordinarias con características de “órgano paramilitar, parapolicial, una cosa allí que se creó como para darle mucho poder a alguien pero nosotros, hasta donde sabemos, no existe”.

A la luz del caso FMO

El caso de Ferrominera, considera, describe cómo ha sido la actuación gubernamental: somera, discrecional y opaca.

De haber querido dar una lucha seria se debió reforzar el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Fiscalía y la Contraloría. “Ahora ni de lejos tenemos la posibilidad de investigar esos casos, son instituciones quebradas, que no tienen dinero suficiente ni el equipo actualizado con los sistemas que se requiere”.

  ComillasNEGRASgrandesLos fiscales anticorrupción, por ejemplo, están atados de manos, son cada vez menos, no tienen los recursos para hacer las investigaciones, y tampoco tienen la voluntad política porque, hay que decirlo, la mitad de los casos que aparecen se quedan en la mitad, o hacen un maquillaje”.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela
 


Los fiscales anticorrupción, por ejemplo, “están atados de manos, son cada vez menos, no tienen los recursos para hacer las investigaciones, y tampoco tienen la voluntad política porque, hay que decirlo, la mitad de casos que aparecen se quedan en la mitad, o hacen un maquillaje”.

La necesidad de un Poder Judicial independiente y fuerte es indispensable, “un sistema fortalecido que impida que los poderosos se apoderen de los resultados”. “Nosotros hemos visto mes a mes que la Fiscalía se ha negado a investigar los casos más importantes, o se queda eternamente y no hay solución”.

Del 3% de los casos que llegan a Fiscalía, por ejemplo, no hay certeza de cuántos quedan con sentencia firme “porque muchos quedan sobreseídos, se cierran por falta de pruebas, el expediente estaba mal construido y no procede, etc.”.

Contrataciones

Al cabo de tres años, sin embargo, las denuncias de corrupción en Ferrominera persisten.

Recientemente, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional introdujo nuevos elementos para investigar la gestión del general Jesús Zambrano, presidente de Ferrominera Orinoco y de la Corporación del Hierro-Acero.

El diputado por el estado Bolívar, Freddy Valera, solicitó información sobre contratos entregados a las empresas SM America y Steel Groove, Model, Bands Trading, Easter, Mining Group. “Esta semana se le va a repetir la solicitud. No importa que ellos no lo entreguen (…) Si los funcionarios de Ferrominera, no lo entregan, tenemos también la vía privada, vamos a llamarlos a que presenten los recaudos de sus contrataciones”.

Las perspectivas de la comisión no son que el Gobierno colabore. “Entendemos que tienen una posición de amparar los hechos de corrupción porque estos son evidentes, pero nosotros vamos montando nuestros expedientes”.

- ¿Las denuncias procesadas por la comisión guardan relación con la corrupción durante la gestión de Sabbagh en Ferrominera?

- Los casos que nosotros tenemos son denuncias de Zambrano para acá.

- Pero ¿es el mismo proceder de antes?

- Mira, la verdad es que no te puedo decir cuál fue el proceso de los anteriores, ¿no? Lo que sí te puedo señalar es el proceso de estos. Yo no sé cómo ellos operaban antes, pero ahora son dos casos concretos: la monopolización con tres empresas amigas del presidente (Jesús Zambrano Mata) y lo que tiene que ver con la estación de transferencia.

Aunque ya hay una sentencia para los gerentes por la desviación de una partida presupuestaria (oficialmente caso en Fiscalía), los contratos para la venta de mineral de hierro y el manejo de la fábrica, en general, siguen manejándose con opacidad, confirma el dirigente del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Roger Salazar.

 “La única diferencia es que este presidente ha honrado los compromisos y las deudas con los trabajadores con un precio por tonelada inferior al que había antes”, comentó.

En la mesa

El antecedente vislumbra un panorama sombrío para la administración pública, advierte De Freitas. Que el Gobierno jamás haya oficializado a cuánto ascendió el daño patrimonial, qué funcionarios fueron inhabilitados por la Contraloría General, ni qué se hizo para revertir los esquemas de corrupción, es un escenario poco alentador.

En principio, apunta, tendría que haberse dado una auditoría de procesos para analizar y verificar qué pasó. “Después un análisis mapa de riesgo sobre cómo fluye el poder, el dinero y todo en la institución, para eso hay especialistas en toda parte del mundo”.

Pero, al contrario, el secreto persiste. No solo al sur de Venezuela en las orillas del Orinoco, también en el manejo de la industria de alimentos, medicinas y en la totalidad de la adjudicación de contratos por la existencia de dos ingredientes claves en el florecimiento de la corrupción: la opacidad, el secreto y la garantía de que nadie actuará contra ellos por un sistema de justicia sobornable.

Entre tanto, y mientras se resuelve el caso de extorsión, en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Ciudad Bolívar, el tiempo transcurre. En menos de tres años los acusados de corrupción estarán libres.

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