Jueves, 31 Marzo 2016 00:00

La violencia se enquista en una Sidor cada día menos productiva

 
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Sidor produjo en 2015 apenas un millón de toneladas de acero, apenas un 23 por ciento de su capacidad comprobada en 2007, antes de la nacionalización Sidor produjo en 2015 apenas un millón de toneladas de acero, apenas un 23 por ciento de su capacidad comprobada en 2007, antes de la nacionalización Foto Correo del Caroní / Archivo

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Exhortos a detener la violencia

3 de diciembre de 2014. Coalición Siderúrgica propone erradicar todo tipo de violencia de Sidor.

19 de marzo de 2015. El presidente de Sutiss y cinco corrientes sindicales expresaron preocupación por el rebrote de la violencia en la estatal, luego de una trifulca y persecución a trabajadores.

19 de marzo de 2015. El secretario de organización de Sutiss, José Meléndez, llamó a cesar el clima de violencia dentro de Sidor y a reducir las agresiones verbales.

17 de diciembre de 2015. El diputado electo por el estado Bolívar, Francisco Sucre, y su equipo fueron agredidos el miércoles cuando intentaron hacer una asamblea en el portón III de Sidor.

30 de marzo de 2016. La asamblea de trabajadores del miércoles, a las 6:00 de la mañana, terminó cuando un grupo de hombres irrumpió, portando armas de fuego, para impedir que la dirigencia hablara en la tarima a 22 días de la protesta por un ajuste salarial.

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Nadie del Gobierno respondió en 2014 sobre las razones por las cuales Jorman Pedro Márquez Rodríguez, conocido como Gordo Bayón, estaba en la nómina de Sidor desde mayo de 2012. 

Pese a que tenía una orden de aprehensión por el triple homicidio ocurrido el 29 de febrero de ese año en Vista Alegre (San Félix), Bayón no solo paseaba por las áreas de la siderúrgica sino que también mediaba en la discusión del contrato colectivo de los sidoristas en Miraflores.

¿Quién autorizó su incorporación a nómina? ¿Por qué estaba en Miraflores? ¿Qué oficio ejecutaba en Sidor?

Dos años después, los trabajadores de la estatal reiteran sus denuncias: hay hombres armados dentro de la planta, intimidan al personal, algunos dirigentes sindicales se hacen acompañar de ellos, se han incrementado los robos en planta, y tienen entrada libre a la acería que, al cabo de ocho años de la nacionalización, prácticamente está apagada.

En paralelo, la violencia en el portón III de Sidor nuevamente ha tocado pico esta semana. Cuando algún trabajador reclama es golpeado o amenazado. Cuando un dirigente intenta manifestar una posición contraria a la empresa, un presunto trabajador deja mostrar su arma.

Fue en 2011 cuando las discusiones en el portón III de Sidor comenzaron a subir de tono. Después de la nacionalización, el Gobierno facilitó el ingreso de miles de trabajadores sin ningún tipo de control, al tiempo que se debilitaban los mecanismos institucionales para la resolución de conflictos.

La tribuna sidorista, histórico escenario de debates y escuela del sindicalismo venezolano, se hizo noticia no por las decisiones que allí se tomaban, sino por la escalada de violencia con personal armado dentro de las instalaciones.

Las intimidaciones tocaron su nivel más alto en septiembre de 2014, cuando un mes después de la atropellada e impuesta firma del contrato colectivo en Sidor, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo a tres empleados del equipo del presidente del sindicato Sutiss que participaban activamente de las protestas.

Los detuvieron durante ocho meses y hoy tienen libertad condicional con régimen de presentación. Aquella detención aplacó cualquier viso de protesta sirviendo como castigo ejemplarizante. Desde entonces hasta este 8 de marzo, los trabajadores eran protagonistas de una paz laboral impuesta.

La respuesta a la protesta por un ajuste salarial ha sido nuevamente la persecución. Solo entre las últimas tres semanas, tres sidoristas han sido golpeados; entre ellos, el dirigente del Movimiento Revolucionario Orinoco, Mario Valor. “No queremos que Sidor se convierta en una segunda Tumeremo”, dijo el pasado 30 de marzo el secretario de reclamo de Sutiss, Leonardo Azócar, al advertirle al presidente Nicolás Maduro de las consecuencias del descontrol en planta y a pocos días de la masacre en el municipio Sifontes.

Amplio prontuario

No se trata de un método nuevo. En 2011 cuando las protestas laborales se intensificaron por la discusión de los contratos colectivos con hasta cinco y seis años en mora, el Gobierno utilizó a los llamados garantes de paz para aplacar los conflictos.

Fue así como hombres armados llegaban a los portones para intimidar, disuadir las manifestaciones e infringir respeto acompañando a los presidentes de  Bauxilum y Venalum, José China y Rada Gamluch, respectivamente. Hasta 2014, la existencia de esas figuras dentro de las empresas se asumía como una especie de rumor pero el asesinato de Yorman Márquez a la salida de Miraflores despejó las dudas.

     
  Los ‘garantes de paz’ tienen entrada directa a las áreas industriales, no responden a los organismos de seguridad patrimonial y controlan la mano de obra con intimidación a sus adversarios.  
     

De la violencia, sin embargo, se han desvinculado todos los dirigentes, incluyendo el líder de Alianza Sindical, José Meléndez, uno de los señalados por los trabajadores de Sidor de apadrinar a estos grupos.

“Yo no puedo permitir la violencia (…) El movimiento sidorista es crítico, guerrero y rechaza la violencia. Hay que desmontar el discurso agresivo desde el portón. Que yo piense diferente a una persona no conlleva a que nos veamos como enemigos y nos hagamos daño. Eso no puede ser”, dijo el 28 de octubre de 2013 en una entrevista a Correo del Caroní.

El 19 de marzo de 2015 Meléndez también negó que el portón III de Sidor se haya convertido en una batalla campal y pidió el cese de las agresiones en la estatal

Otras corrientes como la Coalición Siderúrgica, Unidad Matancera, Militante Siderúrgico, Tendencia Clasista, Despertar Sidorista, Frente Laboral Independiente, entre otras, han pedido públicamente al Gobierno que tome acciones desde 2012, sin tener hasta ahora ningún resultado.

Discurso militarista

Al contrario, el Ejecutivo ha promocionado símbolos violentos dentro de las empresas básicas afincando su proyecto militarista con las llamadas milicias obreras y estimulado la impunidad.

El evento más reciente ocurrió el 15 de marzo de 2015, cuando una decena de trabajadores fueron llamados a formarse como milicianos en los patios de concentración de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco, luego de que Estados Unidos sancionara a siete militares venezolanos.

En la transmisión en vivo del canal VTV, el presidente de la CVG, Justo Noguera y el titular de la Corporación del Hierro, Jesús Zambrano, aparecieron junto a connotados dirigentes de la Central Bolivariana de Trabajadores (Ángel Marcano, José Gil, Pedro Perales, entre otros), vestidos de milicianos y posando para las cámaras, con fusiles en mano en un ensayo de supuesta defensa de la patria.

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Cinco meses después, a pocos metros de los patios de concentración, delincuentes mataron a un trabajador de Ferrominera dentro de la planta. Cinco años después, el caso del trabajador Renny Rojas, asesinado en 2011 en el portón de la empresa, sigue impune y el caso envuelto en un velo político que ha sembrado dudas sobre la independencia de la investigación.

Grupos parapoliciales

El uso de grupos parapoliciales por parte de los gobiernos para controlar al movimiento sindical no es nuevo.

“En todo el mundo, especialmente donde no se respetan sus derechos, a menudo los sindicalistas son objeto de violencia. Parece estar propagándose la antigua práctica de algunos gobiernos y empleadores de contratar a personas para intimidar y agredir a militantes sindicales; con ello esperan eludir la responsabilidad por los actos de violencia”, contextualiza una publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulada Violencia en el trabajo (2003).

Los estándares internacionales recomendados por la OIT apuntan a que todas las medidas instauradas para prevenir la violencia en el trabajo se deben acordar entre los empleadores y los representantes de los trabajadores, además de ser respaldadas por instrumentos legales nacionales e inspecciones del trabajo.

“Si no se dan respuestas efectivas y enérgicas al reto que supone eliminar la violencia en los lugares de trabajo, la misma continuará formando parte del entorno laboral de las futuras generaciones de trabajadores”, señala el documento.

¿La consecuencia? Mayor ausentismo, menor productividad, deterioro de las relaciones laborales y dificultades para contratar nuevo personal.

“Además del grave problema moral, todos pagamos los efectos de la violencia en el trabajo”, pues, entre otros factores, “hace también que aumente el grado de miedo y de ansiedad de la sociedad”.

A todas las partes -empleadores, empleados y quienes toman las decisiones políticas-, sugiere el documento de la OIT, les conviene -en teoría- crear entornos laborales exentos de violencia.

Miliciano

Ángel Marcano, José Gil y Pedro Perales, dirigentes de la Central Bolivariana, en un acto de formación de milicias obreras / Foto cortesía

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