Al músico bolivarense, fundador del Festival Internacional de Guitarra de Angostura (FIGA) lo mataron el domingo en la noche en frente de la casa de su mamá para robarle el carro, en Ciudad Bolívar. Mientras sus colegas condenaron el hecho como un “vil asesinato”, algunos voceros gubernamentales matizaron el crimen con eufemismos. El más notorio fue el del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien lamentó la “absurda partida” del guitarrista. Es la historia de una vida de aportes que truncó la delincuencia, una pérdida de la sociedad musical que reconstruye Monitor de Víctimas.

A Víctor Manuel, de 18 años, lo encontraron decapitado. Su cabeza estaba incrustada entre las rejas de una casa de la invasión La bendición de Dios, ubicada en Ciudad Guayana, la novena urbe más violenta del mundo. Este relato es el primero del capítulo Bolívar de Monitor de Víctimas, un proyecto para sensibilizar acerca de la violencia que ha favorecido la inacción de un Estado cómplice.

La organización recordó que durante el discurso de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, solo cantó loas a la dictadura y obvió los datos que hablan sobre la impunidad.

¿Habrá justicia en la nueva masacre que estremeció el estado Bolívar durante el inicio del Carnaval? Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, no se aventura a sentenciarlo aún: opta en todo caso por el beneficio de la duda para el Estado. Lo que sí asevera es que ese mismo Estado abonó un terreno de violencia y de impunidad para que ese tipo de hechos sean ya frecuentes.

Un mes después del asesinato del médico Pablo Asuaje, su esposa y colega, Marisol Díaz, rememora el momento en el que un disparo le desmoronó la vida entera y, sobre todo, lamenta lo que perdió la sociedad guayanesa y el país por la criminalidad desatada y la impunidad.

Antes de ser proclamado y juramentado como gobernador de Bolívar, Justo Noguera ya estaba al frente de la presidencia de CVG y Sidor, de cuya gestión no hay cifras oficiales de producción, balances, deudas y contratos, que garanticen elementos mínimos de transparencia en las instituciones públicas.

Las últimas intervenciones militares se registraron el fin de semana en El Manteco (municipio Piar) y cerca de Tumeremo (municipio Sifontes), con 10 y 11 civiles fallecidos respectivamente. 47 personas han muerto a causa de estos opacos operativos castrenses que apuntan a allanar el camino para la ejecución del Arco Minero del Orinoco, promovido por el régimen de Maduro, y borrar evidencias de conexiones gubernamentales con bandas criminales.

La asociación explica en un informe publicado el 17 de agosto que el acceso a la información pública es un mecanismo que reformará la relación de los ciudadanos frente al poder del Estado.

Quien hasta hace unos meses afirmaba que “no tendría las tripas para ser fiscal general” tomó el cargo del que, ilegal e inconstitucionalmente, fue removida Luisa Ortega Díaz este sábado.

El secretario general de la OEA no descansa en su empeño para presionar al régimen de Maduro.

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