Lenín Moreno decretó el estado de excepción a raíz de las manifestaciones por las reformas económicas que plantean la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y liberalización de precios.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decretado este jueves el estado de excepción en todo el país para garantizar “el orden, la tranquilidad y la seguridad” frente al “caos” que se estaría generando por la ola de protestas desatada en contra del último paquete de reformas económicas, que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalización de precios.

Moreno ha denunciado en un discurso público los “focos de violencia” creados en el marco de las movilizaciones, que “pretenden desestabilizar el Gobierno”. “Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios”, ha advertido el mandatario, que ha considerado necesario actuar para garantizar derechos básicos de la ciudadanía.

La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, ha explicado en una comparecencia posterior ante los medios que la medida estará en vigor durante un plazo inicial de 60 días susceptible de ser ampliado y ha citado entre sus objetivos la necesidad de “despejar las vías” y garantizar el desarrollo de actividades esenciales.

Romo ha recordado que “paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal” y ha dejado abierta la posibilidad de adoptar medidas contra los responsables de altercados.

En esta misma rueda de prensa, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha subrayado la necesidad de actuar contra las actividades que “distorsionen el orden y la paz social”, de tal forma que tanto la Policía y las Fuerzas Armadas estarían capacitados para adoptar las acciones que se consideren oportunas.

El Gobierno defiende las medidas

Moreno, que ha presumido de su “valentía para tomar decisiones”, ha tendido la mano al “diálogo” para resolver posibles suspicacias, pero ha dejado claro que “no existe posibilidad de cambiar” el paquete de medidas anunciado el lunes.

En este sentido, ha tachado de “perverso” el subsidio que ahora quiere eliminar, toda vez que “distorsionaba” la economía e implicaba que “ingentes” recursos del Estado fuesen a parar “a manos de quienes no correspondían”, desde personas “pudientes” a otras que traficaban con combustible.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, también se había expresado en la misma línea, negando un posible retroceso por parte del Gobierno, que mantiene que “es lo correcto” actuar para evitar que sigan beneficiándose “las mafias que se llevan el dinero a Colombia y Perú”. 

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