Pese a que el mandatario nacional aseguró que cubriría las nóminas del sector público y privado durante tres meses, los trabajadores de la distribuidora de alimentos -expropiada hace ocho años- tienen sus cuentas vacías y carecen de beneficios como el comedor o la bolsa de alimentos. Exigen la remoción de la junta administradora actual.

“Si el viernes tiran la corrida con el tabulador de la administración pública tengan por seguro que vamos a cerrar Guayana por los cuatro costados, van a conocer quiénes somos todos los trabajadores”, sentenció el secretario general de Sutrapuval, José Hidalgo.

Decenas de empleados se concentraron este lunes frente a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Rechazan que se les aplique el tabulador de la administración pública, que desconoce el espacio de trabajo de riesgo de las industrias de metales de Guayana.

Empleados y obreros de la antigua Cerámica Carabobo se concentraron frente a la CVG. Reclaman no solo el respeto al tabulador salarial, sino también el pago de los salarios a la nómina diaria, la bonificación por útiles escolares, HCM y seguridad para la planta, tras un robo en la madrugada del jueves.

Son más de 80 días de paro por parte del gremio de enfermeras en el estado Bolívar y todo el país. El salario recibido es el mismo sueldo mínimo unificado a todos por igual, el resto de los beneficios que significó años de lucha para lograr los contratos colectivos fueron desmejorados en más de un 50%.

Una nueva medida de escala salarial basado en el petro, la criptomoneda del chavismo, será la nueva referencia para calcular salarios de los contratos colectivos. Voces como la del abogado y director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, alertan que en esta hora son los sindicatos los llamados a defender “las tablas, no puede aceptar esta maniobra. Aunque es una operación que está en curso creo que van a poder evitar que el sindicalismo oficial salga a revirar (la medida)”. Pero el letargo impera en el movimiento mientras el régimen madurista impone, de manera inconsulta y nuevamente, una desmejora en el mundo laboral.

Una gran concentración en la que participaron profesionales de Lara, Portuguesa y Yaracuy recorrió las calles de Barquisimeto. Exigieron a las autoridades de la entidad garantizar seguridad e insumos para un ejercicio realmente libre del periodismo. Diversos sectores de la sociedad civil se sumaron a la convocatoria.

Con la reconversión monetaria y el aumento del salario mínimo, el Gobierno trajo consigo la autorización en el incremento de las tarifas del transporte urbano público y privado, precios que algunas líneas ya venían aplicando desde antes del anuncio. “A mí me cobraron 100 mil (bolívares fuertes) porque soy de la tercera edad, porque a los demás les estaban cobrando 200”, dijo un ciudadano que, como todos, ha enfrentado los embates de la recién medida económica del régimen madurista.

En 2017, con 26 salarios mínimos una familia podía cubrir gastos de útiles y uniformes. El proceso de hiperinflación aceleró los precios al punto actual, que resiente el bolsillo de padres y representantes.

La cesta de alimentos para una familia de cinco miembros en promedio repuntó en junio a 378,3 millones de bolívares, el equivalente a 126 salarios mínimos, de acuerdo con las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

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