La celebración de elecciones regionales, reconocimiento de la Asamblea Nacional pero aún con trabas ante el TSJ y la posible liberación selectiva de presos políticos, entre los escenarios más probables del Estado venezolano luego de la sesión de la OEA de este martes. 

Este es la primera admisión que hace el Poder Judicial a una solicitud del Parlamento pese a considerarlo en desacato. Aún falta que la Sala Político Administrativa del tribunal decida si anula o no la intervención a la dirección de auditoría del Legislativo.

Aunque el comunicado de los 14 países descarta por ahora la suspensión de Venezuela de la OEA, el secretario general, Luis Almagro, respalda que se hayan pronunciado, elevado el tono y exigido la celebración de las elecciones postergadas en Venezuela, la liberación de los presos políticos y el respeto a la legitimidad de la Asamblea Nacional.

Si bien los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos de América, de Guatemala, de Honduras, de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú y de Uruguay, no están de acuerdo con la expulsión de Venezuela de la OEA, consideran urgente que el Gobierno venezolano reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional y se trace un mapa electoral como salida a la crisis política y social.

El diputado a la Asamblea Nacional destaca que los responsables del problema de la gasolina en el país son los mismos que han llevado a la escasez de alimentos y medicinas: el Gobierno.

“¿Quieren batalla? Vamos a darle, pues. Aceptamos el reto de la derecha fascista. A ver hasta dónde aguantan estos cobardes”, profirió el Presidente de la República luego de la sesión de este marte del Parlamento.

Ha pasado un año desde la sentencia de desacato del TSJ y desde entonces todos los actos del Parlamento no han tenido materialización en el país, y no lo tendrá mientras perdura la medida judicial que, por ahora, no se vislumbra una pronta resolución.

El diputado Simón Calzadilla afirma que el Gobierno quiere evadir su responsabilidad por la escasez de pan y por ello aplica el Plan 700, cuyo objetivo es provocar miedo y culpar a los panaderos.

Para las presidenciales figura el preso político Leopoldo López, mientras que para la Gobernación de Bolívar ratifican al diputado Francisco Sucre.

Además de la suspensión de los salarios a diputados, la Asamblea Nacional pasa por una crisis financiera al punto de vivir de colaboraciones para costear viajes y hasta el material de oficina.

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