Sábado, 13 Agosto 2016 00:00

“El bono de alimentación no puede ser considerado salario"

 
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“Un gobierno socialista, revolucionario, como el que yo presido (…) tiene que estar siempre protegiendo el empleo, su estabilidad” “Un gobierno socialista, revolucionario, como el que yo presido (…) tiene que estar siempre protegiendo el empleo, su estabilidad” Foto Minci

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¿Más dinero? Sí. ¿Más poder adquisitivo? No. El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes un aumento de salario mínimo nacional que va en sintonía con la política de igualar escalas salariales.

Es el concepto del salario social que -desde 2009- el Ejecutivo nacional ha implementado por ensayo y error y, en parte, como consecuencia de las distorsiones económicas que han llevado al país a la hiperinflación.

En esa política de avanzada, la noche de este viernes el Gobierno informó del incremento del salario mínimo en 50 por ciento y la modificación de la base de cálculo de bono de alimentación, a razón de ocho unidades tributarias por día a partir de este 1 de septiembre.

“Un gobierno socialista, revolucionario, como el que yo presido (…) tiene que estar siempre protegiendo el empleo, su estabilidad”, intentó razonar Maduro, al explicar lo que denomina el salario integral que alcanza los 65.056 bolívares, un 16 por ciento de la canasta básica alimentaria de acuerdo a datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM).

El anuncio lleva el salario a 22.576 bolívares y el bono de alimentación a 42.480 bolívares. Una sumatoria que, de acuerdo con el abogado laboral, León Arismendi, se corresponde con una etapa ya superada: la bonificación del salario.

“Lo que originó la reforma del 97 (Ley del Trabajo) consistió en recomponer el salario para suprimir las bonificaciones, porque la remuneración se había llenado de bonificaciones no salariales”, recuerda el asesor laboral. 

Las decisiones significan que casi 70 por ciento del salario integral sea una bonificación.

Este es, además, el tercer aumento de salario mínimo en lo que va de año y el séptimo desde mediados de 2015, cuando el Ejecutivo decidió aumentar la base de cálculo.

Más distorsiones

En estas circunstancias, Arismendi considera que es conveniente emplear métodos de revisión constante para evitar el deterioro del poder de compra, aunado a una política sostenida de recuperación del salario.

Si hubiese un gobierno que respetara acuerdos mínimos, la inflación que fija el Banco Central de Venezuela (BCV) sería un buen indicador, sostiene el abogado. “Pero acá no se sabe, habría que tomar varias referencias que obliguen a hacer una adecuación de las remuneraciones”.

Lo ideal, indicó en entrevista a Correo del Caroní, lo que está en el fondo de todo esto es cambiar las políticas, “porque no hay medidas antiinflacionarias. Entonces lo que están es improvisando, porque finalmente no quieren adoptar las medidas que tienen que tomar: los llamados ajustes macroeconómicos, el gobierno tiene que discutir la paridad cambiaria, el déficit fiscal, tiene que tomar medidas sobre eso, no puede seguir dándole largas al asunto. Si no se controla la inflación todo eso pasa a ser paliativos”.

El economista Jesús Cacique indicó que, con estas medidas, “el incremento salarial acentuará la depresión económica, atizará la inflación, aniquilará el poder adquisitivo de los venezolanos”.

Para ello citó el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha proyectado un escenario muy difícil para Venezuela.

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Trabajadores del movimiento sidorista Unidad Matancera advirtieron en julio que estas políticas discrecionales acentuaban el espiral de distorsión.

“El bono de alimentación no posee las características para ser considerado salario, porque el trabajador no tiene libre disponibilidad para utilizarlo en el intercambio de bienes y servicios, por lo tanto no es dinero, y no pueden utilizarlo las empresas públicas y privadas e instituciones gubernamentales como sustituto del salario de los trabajadores”, expusieron.

De hecho, el espíritu de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) era eliminar la desalarización que generaba el concepto de salario de eficacia atípica, expuso el trabajador de Sidor, José Luis Alcocer, por  excluir  del pago de las vacaciones y utilidades hasta un 20 por ciento del incremento salarial obtenido en contrato colectivo.

“El actual gobierno está utilizando un instrumento que se creó como un complemento del salario en un elemento distorsionador del ingreso laboral. Al superar hasta en más de un 100% el salario del trabajador, este salario  pasa a ser un complemento de la cestaticket, invirtiendo la ecuación y convirtiéndose en un integrante subalterno del ingreso total”.

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